En marzo de este 2024, se cumplen los 300 días hábiles que dio el Senado Mexicano para la implementación de Ley Sabina, entre lo que destaca que todas las entidades federativas deben crear e implementar su registro estatal de DEUDORES ALIMENTARIOS y de esta manera generar el registro NACIONAL de los progenitores irresponsables que no cumplen con la pensión alimenticia de sus menores.
Lo anterior es letra muerta hasta el momento porque ni la mitad del país tiene su respectivo registro local y de los escasos en funcionamiento, salvo el de Coahuila, ninguno es público; es decir, todos piden la CURP para brindar la información de los sujetos deudores alimentarios, incluyendo el de la Ciudad de los Derechos, la Ciudad de México, lo que los hace inoperantes. Esto a pesar de la obligatoriedad para abrir la información de sus registros a la población en plataformas sencillas de consulta.
La resistencia es enorme y en gran parte es debido a que hay MUCHOS diputados locales y federales que son deudores alimentarios o tienen infancias sin reconocer, políticos, funcionarios de todos los niveles hasta asesores de gobernadores y un largo etcétera. Por ende, el patriarcado cierra filas para bloquear los avances de los derechos de las mujeres. Lo dijimos desde el principio: ha sido una buena intención el anuncio de la creación del Registro Nacional, pero en tanto en lo local no avancemos con la información de los deudores, no podremos aspirar a tener un registro nacional. Toca ampararse en las entidades, pero ¿qué necesidad? Lo sabemos: las mujeres hemos conquistado así los derechos, a golpe de amparos.
Lo aprobado por la cámara alta es incorrecto porque otorga al DIF la responsabilidad de la creación del registro, mismo que en legislaturas pasadas ya se había formulado de manera similar y la institución se ha declarado incompetente una y otra vez para su elaboración, aún así, las senadoras de la “familia” insistieron, desde su ignorancia, en dejarlo así. Me refiero a las panistas que lo impulsaron. Esperemos que esa plana sea corregida y el registro nacional lo lleve a cabo la Secretaría de Gobernación, así como actualmente opera en su cancha el de agresores sexuales o el nacional testamentario. Para reforzar la propuesta que hemos planteado, es necesario comentar que desde el primer trimestre del 2023, la Secretaría de Gobernación tomó el control de los registros civiles del país, institución que ejecuta en su mayoría los registros estatales de deudores alimentarios.
Por tanto, reiteramos que los estados están incumpliendo la reforma aprobada por el Senado Mexicano; que no hay condiciones para que sea el DIF Nacional quien elabore el registro nacional y dado el contexto, es el Estado el principal deudor alimentario quien no está garantizando el derecho a la alimentación de las infancias mexicanas.
Hace dos décadas la entonces diputada federal Malú Micher propuso en San Lázaro, que fuera el ESTADO quien asumiera de inmediato el pago de pensiones alimenticias a las infancias cuando una madre reclamara el derecho ante juzgados, tal como sucede en países de Europa, siendo el propio Estado quien después le cobre al deudor alimentario. Una utopía que sería un sueño lograr materializarlo en nuestro país.
Garantizar el derecho de la niñez a llevar un nombre y los apellidos de sus progenitores, son derechos universales de todas las personas y también una deuda del Estado. La carga de la prueba sigue siendo costeada por las madres y les corresponde a ellas pagar el examen de ADN del presunto padre, cuando es el Estado, volvemos a insistir, quien tiene la obligación de garantizar el derecho de las infancias a ser reconocidos.
Nos encontramos en pleno proceso electoral y a la Ley 3 de 3 contra la violencia le faltan dientes. Van a filtrarse muchos agresores porque “no tienen sentencia”, condición que exige la reforma para impedir el paso a agresores sexuales, deudores alimentarios y violentadores familiares. Con el nivel de impunidad del 94.8% de los delitos cometidos, de acuerdo al informe presentado en 2021 por el centro de análisis México Evalúa y siendo el segundo país con mayor nivel de impunidad en el mundo, después de Filipinas; se hace más complejo que los agresores tengan sentencia.
Es necesario que en los partidos políticos se generen comisiones evaluadoras de candidaturas con perspectiva de género y propiciar así que a sujetos aún sin sentencia, que se hayan registrado para contender por espacios de representación popular, se les den plazos para que cumplan con sus obligaciones, ya sea de pago de pensiones alimenticias o de reconocimientos de paternidad, más aún, cuando se demuestre dilación del proceso y mala fe por parte de dichos aspirantes. Ampararse y volverse a amparar no es normal y ese fraude procesal es tan cotidiano como negarse a presentarse de inmediato a pruebas genéticas.
Por esa razón, ante la omisión del Estado y el cinismo de personajes políticos agresores que insisten en postularse, nos queda la organización feminista. Seguiremos exhibiendo a los padres irresponsables que militan en los partidos políticos y vaya que abundan. Tremendo trabajo el de las colectivas, y otra vez, trabajo no remunerado para nosotras, pero necesario para las que vienen.
*Activista y promotora de Ley Sabina para sancionar a deudores alimentarios.