Zedillo cambió la corte suprema porque se le pegó la gana

Al finalizar 1994, inmediatamente después de haber llegado a la presidencia de México, el 5 de diciembre de ese año, Ernesto Zedillo amaneció inspirado y en 10 minutos anunció, por sus puros tanates, que se iban a modificar 24 artículos de la Constitución.

El anuncio lo hizo, dice una nota de El Universal, en un salón de la ya inexistente residencia oficial de Los Pinos decorado con la imagen de Venustiano Carranza y la bandera nacional. Para garantizar la legitimidad de los 24 artículos constitucionales reformados, el entonces presidente Zedillo pidió que lo acompañaran en el anuncio dos eminentes metafísicos del derecho, la jurisprudencia y la ciencia moral, los doctores angelicus don Luis Téllez y don Liébano Sáenz.

Se le hincharon los aguacates a Zedillo y 17 días después, el 22 de diciembre de 1994, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó por una amplísima mayoría los cambios a la Constitución.

Desde el anuncio zedillista hasta que empezó a ser una realidad la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación pasaron dos semanas. No fue más rápido el proceso debido a que lo hicieron lento acalorados debates legislativos, que no los hubo, sino porque los trámites burocráticos así lo exigían.

Zedillo diseñó la actual Corte como se le pegó la gana y, simple y sencillamente, ordenó a las mayorías priistas operar los cambios.

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AMLO propone, los y las votantes deciden

A dos días de que el presidente López Obrador proponga su propia transformación de la SCJN subrayo que a Zedillo le bastó con ordenar las reformas y estas se hicieron en chinga — así dirían mins nietos—. No es la situación de Andrés Manuel.

AMLO para lograr los cambios constitucionales necesitará que su partido, Morena, obtenga en las urnas este 2024 una muy amplia mayoría en las votaciones para elegir integrantes del Senado y de la Cámara de Diputados y Diputadas.

Se me dirá que Zedillo y su partido lograron tal mayoría en 1994. Es verdad, pero también es falso. Hasta ese año las elecciones federales en México no habían sido democráticas. El PRI ganaba porque ganaba, y si perdía o había posibilidades de derrota, el priismo se robaba las elecciones.

Zedillo no hizo nada verdaderamente notable para llegar a la presidencia, excepto estar ahí para beneficiarse nominado por Salinas —y por nadie más— después del magnicidio de Luis Donaldo Colosio. Legisladores y legisladoras priistas que ganaron en 1994, iban a ganar sí o sí: era el sistema.

A partir de 1997 hubo elecciones afortunadamente competidas y el PRI perdió, primero las mayorías legislativas y después la presidencia de México.

Comprar votos en las cámaras

En varios periodos presidenciales, no sé si en todos, ha habido reformas a la Constitución. Todas han necesitado de mayorías que los gobernantes en turno han logrado de distintas maneras: por ejemplo negociando, por ejemplo comprando legisladores y legisladoras.

Una administración en la que se dieron grandes cambios constitucionales fue la de Enrique Peña Nieto. Su partido, el PRI, no tenía mayoría, pero la logró así:

  • El priismo acordó una alianza con el PAN basada en los intereses de las clases empresariales y en la ideología que ha dominado al priismo desde 1988, el llamado neoliberalismo.
  • El PRI salió de compras al mercado político, en el que hábiles operadores de Peña Nieto, como Luis Videgaray y Manlio Fabio Beltrones, compraron a diputados, diputadas, senadores y senadoras de izquierda, casi todas estas personas de la corriente del PRD de los chuchos.

En política no es que sea ético, sino que es normal comprar rivales. En los novelas sobre la antigua Roma que he estado leyendo los senadores todo lo compraban o todo lo vendían, inclusive a sus hijas.

Videgaray y Beltrones pudieron así presumirle a Peña Nieto que habían adquirido una amplísima mayoría al fusionarse con el PAN y la izquierda en lo que llamaron el Pacto por México.

Pero en realidad no habían comprado a la izquierda auténtica, la que importaba en términos de su influencia entre la población, la encabezada por López Obrador. Compraron la voluntad de la izquierda que necesitaban, la que llegó a los espacios legislativos gracias a las campañas electorales de AMLO.

No vieron los compradores de conciencias del PRI lo que les iba a caer poco tiempo más tarde: la consolidación del movimiento obradorista que en 2018 arrasó en las elecciones en gran medida porque la izquierda, la falsa, se vendió.

Las reformas de AMLO y la SCJN

El partido de AMLO tuvo en algún momento la mayoría en el Congreso para cambiar la Constitución, pero la perdió porque hay democracia en nuestro país.

Cuando pudo hacerlo, operó Andrés Manuel con el apoyo de su gente en las cámaras algunas reformas constitucionales, sobre todo las que necesitaba para modificar las leyes neoliberales que había propuesto Peña Nieto y, sobre todo, para crear una nueva institución policiaca, la Guardia Nacional. Nunca estuvo en los planes de Andrés Manuel, o no estaba entre sus metas prioritarias, cambiar la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Desgraciadamente, la nueva ministra presidenta de la SCJN —Norma Piña, una mujer sobresaliente como jurista, pero me parece que novata en la disputa política— cedió a la tentación del heroísmo, se dejó encuerdar por la comentocracia que detesta a AMLO y se lanzó al rescate de una oposición destruida por los excesos de corrupción y autoritarismo de los gobiernos del PRI y del PAN.

Hubo una temporada en la que la corte suprema ligó, una tras otra tras otra con periodicidad casi semanal, sentencias contrarias a la 4T. ¿Era necesario? Pienso que hay en la SCJN personas de enorme relevancia, por su sapiencia, por su verticalidad y por su amor al derecho:

  • Juan Luis Alcántara Carrancá es un erudito que ha vivido entregado a la ética. Ojalá escriba sus memorias, que motivarán a los y las estudiantes de derecho de todos los niveles.
  • Margarita Ríos Farjat destaca por su humanismo, por su honestidad y por su sensibilidad. Además de experta en leyes es poeta.
  • Alberto Pérez Dayán ha demostrado independencia en momentos muy complejos como el del desafuero de López Obrador cuando votó como magistrado a favor del entonces jefe de gobierno del Distrito Federal. Ojalá no se crea la ficción que le están construyendo en los medios de derecha: que es el nuevo Pípila para detener a la horrible 4T.
  • Loretta Ortiz Ahlf tiene una trayectoria digna de aplauso como docente e investigadora en algunas de las mejores escuelas de leyes de nuestro país.
  • Javier Lainez Potisek posee conocimientos profundos sobre temas fiscales y su mente me parece mucho muy ordenada.
  • Jorge Mario Pardo Rebolledo ha estado a la altura en casos fundamentales en la historia reciente de México, como el proceso judicial que se originó a partir del magnicidio de Colosio.
  • Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena cuenta con una preparación académica de primer orden. No llegó a la presidencia de la corte suprema porque AMLO lo vetó, todavía no se entiende por qué.
  • Lenia Batres, tan injustamente atacada por la comentocracia, posee la virtud importantísima en el actual momento histórico de haber vivido para defender una causa en la que cree, la de los pobres. Digan lo que digan es una mujer culta.

He listado 8 integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que me parecen admirables por las razones que he expuesto y por muchas otras. Hay dos personas de las que no puedo hablar bien por distintos motivos:

  • Yasmín Esquivel, por haber plagiado dos tesis universitarias, la de licenciatura y la de doctorado.
  • Luis María Aguilar Morales, por haber cometido un crimen espantoso e imperdonable: haber ordenado que se suspendiera la distribución de los únicos libros que pueden llegar a las casas de los niños de las familias pobres de dos entidades federativas.

He dejado al último mi opinión sobre la presidenta de la SCJN, la ya mencionada Norma Lucía Piña Hernández. Ampliaré lo que dije de ella.

Creo que la ministra Piña es una gran jurista, así la veo desde mi posición de comentarista mediático. Me impresiona su capacidad para expresarse: aprendo cuando la escucho en los debates jurídicos y lamento que no escriba con más frecuencia en el periódico Excélsior. Pero creo que cometió un error que no es pequeño y que, si ella hubiese querido, habría superado con facilidad.

Ese error de Norma Piña fue el de dejarse enredar por intelectuales y columnistas inconformes con el gobierno de López Obrador –con excepciones honrosas, su inconformidad y hasta su odio se origina en que han perdido, con la 4T, importantes cantidades de dinero que les entregaban los gobiernos del PRI y del PAN–.

Con respeto le digo a Norma Piña que, en mi opinión, ella falló al dejarse seducir por la fantasía de heroísmo que le fabricaron, y entonces se excedió al enfrentarse al presidente de México.

Ha habido gran cantidad de amparos y controversias constitucionales contra proyectos de AMLO. Me dicen que la Corte estaba obligada a debatirlos todos. Es el argumento con el que se justifica lo que hace no mucho tiempo vimos: un tsunami de sentencias en contra de Andrés Manuel, quien guste o no, representa a una mayoría de mexicanos y mexicanas que pusieron sus esperanzas de una mejor vida en el gobierno obradorista.

Creo que la presidenta de la corte suprema debió hecho lo único prudente en situaciones de gran conflicto: evitarlo. Dos asuntos en particular no tuvieron que haber sido discutidos al finalizar el sexenio de Andrés Manuel, sino que debieron haberse pospuesto para después de las elecciones, de tal manera de no enrarecer el ambiente político: el de la Guardia Nacional y el del sector eléctrico.

La constitucionalidad puede quedar en el cajón de pendientes si afecta la estabilidad. la Constitución dice que la Guardia Nacional deba estar adscrita a la Secretaría de Seguridad. Pero la realidad administrativa y las necesidades políticas de todo un gobierno exigían que la institución fuera controlada por la Secretaría de la Defensa. Al final, digo, la GN iba a ser parte del mismo gobierno, el de AMLO. Por eso creo que eso ni siquiera se debió haber debatido, sino hablado con representantes de los partidos políticos para en un periodo menos polarizado modificar palabras —solo palabras— en el texto constitucional y evitar un problema enorme.

La ley eléctrica es más ideológica. No tenía el menor sentido debatirla esta semana cuando la agenda nacional es electoral y hay una embestida contra el presidente desde el extranjero.

Norma Piña debería mandar imprimir esta frase de Bertrand Russell, enmarcarla y colgarla en su despacho: “La historia del mundo es la suma de aquello que hubiera sido evitable”.

AMLO no tenía en sus planes cambiar la SCJN. Lo intentará y, si tiene mayoría en las elecciones de 2024, en septiembre de 2025 habrá una nueva corte suprema, ya no dividida en salas, sino que todos los asuntos los verá el pleno; habrá cambio total de ministros y ministras —serán nueve, en vez de once—, y se les elegirá mediante voto directo, lo que considero inconveniente.

Si el proyecto de AMLO triunfa —dependerá de que las ventajas de Claudia Sheinbaum en las encuestas sean las de las candidaturas de Morena al Congreso—, entonces tendremos una SCJN distinta, muy probablemente con integrantes de menor nivel. Esto lo digo por las experiencias de las elecciones legislativas: la mayoría de quienes llegan a las cámaras son bastante ignorantes.

Una pena, pero así están las cosas. Se pudo haber evitado con más prudencia, la necesaria para haber pospuesto sentencias que, por constitucionales que sean, dividieron a México.