El juez, como parte central del sistema de impartición de justicia tiene la responsabilidad fundamental de dar una salida institucional e imparcial, expedita y gratuita a los conflictos, observando además que sus resoluciones tienen implicaciones no solo para los afectados, sino para la sociedad en su conjunto.
Pero ¿qué pasa cuando la función del juez se aleja de la ética, deja de brindar certeza y seguridad jurídica, o de plano, atropella los derechos de las personas? Esto no es sumarse al golpeteo político actual a los impartidores de justicia, esto es un caso que debe ser denunciado.
La correcta impartición de justicia
Recientemente se dieron a conocer dos casos que involucran a la Juez Primero de lo Familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México, la licenciada Erika Magali Correa Riofrio, cuya actuación sin apego irrestricto a la ley afectó gravemente la vida de un joven que sufre discapacidad en el primero de los casos y en el segundo de estos, operó junto con un perito tercero en discordia y las legatarias de una sucesión para que un bien inmueble que tenía que ser valuado una sola ocasión y vendido, fuera valuado en varias ocasiones, en cantidades fuera de los precios del mercado.
Este último, se trata del juicio de sucesión testamentaria de Arthur Cohen Lebovice, donde, de acuerdo con los abogados de la parte afectada, la jueza incurrió en actos que, al no apegarse a la correcta impartición de la justicia, han resultado en que, desde hace más de 6 años, no se pueda proceder con la venta del inmueble mencionado.
El caso es de llamar la atención, porque es la consecuencia de una diligencia mal ejecutada, al parecer, por órdenes de la juez Correa Riofrio.
El 12 de julio de 2023 el albacea de la sucesión testamentaria, por orden de la juez primero de lo familiar, permitió la entrada al inmueble ubicado en la colonia Polanco a la actuaria adscrita a dicho juzgado, Martha Ilse Marcos Abonce y al perito tercero en discordia Marco Antonio Ortiz Ángeles, esto a pesar de que los abogados del albacea habían acreditado que este perito estaba impedido para la diligencia, ya que había tenido negocios o relaciones de trabajo con los abogados que representan los intereses del albacea.
Sin embargo, la juez dio luz verde a que fuera encargado de realizar el avalúo del inmueble, apercibiendo injustificadamente a la albacea de un arresto hasta de 36 horas en caso de no permitir el acceso, así como de hacer uso de la fuerza pública para romper cerraduras y allanar el domicilio de una persona adulta mayor de más de 70 años.
Así se llevó al cabo la diligencia, con un grupo de fuerza especial a las afueras del inmueble, un exceso, ya que se trataba solo de una diligencia para realizar un avalúo.
La orden judicial se completó sin contratiempos y fue videograbada por los abogados de la albacea, pero, cuando la actuaria, en cumplimiento de lo que señala la ley elaboraba el acta donde se asentaban los hechos, fue interrumpida por una llamada telefónica de la juez Magali Correa quien le ordenó suspender la elaboración del acta y limitarse a “pronunciarse sobre lo que estuvieron viendo”, dejando de lado las manifestaciones de las partes involucradas en la diligencia judicial y violando lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial, respecto a que los actuarios deben dar fe de lo que perciben en este tipo de diligencias, al final la actuaria omitió en el acta, entre otras cosas, la presencia del grupo de reacción inmediata a las afueras del inmueble y ni siquiera quedó asentado quiénes estuvieron presentes durante la ejecución de la diligencia.
Un caso muy delicado
Dentro del procedimiento del joven que sufre discapacidad, el afectado Den Vedra Muñoz fue presentado en una audiencia fijada por el juzgado, donde fue abandonado por la persona que lo presentó a la audiencia y posteriormente trasladado por la titular del Juzgado Primero, la juez Magali Correa a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX porque “no es capaz de cuidarse solo”, esto ocurrió, según el personal del propio juzgado, porque la juez ya lo había pactado de esa forma con la parte demandante, a fin de que se pudieran apropiar del inmueble donde habita Den Vendra Muñoz.
Los abogados de la albacea de la sucesión testamentaria, por su parte presentaron ya dos denuncias por la incursión de la juez en hechos que la ley señala como delitos y en respuesta, el pasado 28 de septiembre la juez Magali Correa Riofrio sin mayor justificación, se excusó de seguir conociendo del caso. Pero el daño ya estaba hecho.
No es la primera vez
La juez Magali Correa ya ha sido señalada en reiteradas ocasiones por incurrir en actos donde abusa de su cargo, en febrero pasado trabajadores del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, se manifestaron en el Juzgado Primero de lo Familiar para exigir que la jueza Magali Correa respete sus derechos humanos y laborales y ponga un alto a los abusos y atropellos que violentan las leyes generales de trabajo vigente y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, asegurando que la juez Correa es una de las “peores al violentar impunemente la ley”.
Basta ya de funcionarios que olvidan que su responsabilidad es servir y salvaguardar los derechos de los ciudadanos para la obtención de una justicia digna y que por el contrario, se sirven de ella para pasar por encima de las personas aprovechando las ventajas que les otorga su cargo público.