Dulce Gabriela salió de su casa en Cuautla desde el 22 de julio. Lo hizo, como todos los días, entre los esfuerzos por hacerse de ingresos y las visitas reglamentarias a juzgados y Fiscalías. Llevaba un año buscando justicia después de que en 2022, el padre de sus hijos decidiera arrebatarlos durante unas vacaciones de verano, trasladando a Fernando de 8 años y Santiago de 12 años hacia Guanajuato. Aunque su domicilio familiar se ubicaba en el estado de Morelos, la sustracción de los hijos de Dulce pasó de noche: la jueza Laura Galván Salgado tenía el caso en sus manos, la misma jueza que se hizo famosa por el caso de las “niñas de Israel” en el que tuvo que intervenir, en su momento, el canciller Marcelo Ebrard después de un video desgarrador en que dos niñas lloran gritando aterradas en un juzgado que las obligó a viajar con su padre fuera de México para vivir con él, mientras un arrogante despiadado gritaba exigiendo que le dieran a sus hijas porque “ya había pagado millones de pesos por ellas”, como si fueran objetos comprables en una ventanilla judicial.
La jueza Laura Galván Salgado fue quien mató a Dulce Gabriela Flores por primera vez, cuando en aquella temporada de verano, ella intentó hacer “lo correcto”: presentar una disputa de guarda y custodia para obtener una sentencia formal que le brindara la facultad de acudir ante el Ministerio Público a denunciar la sustracción, aquel delito imperfecto que se esconde en todos los Códigos Penales y que nunca advierte su exclusivo funcionamiento solo en casos en que el sustractor no sea el padre pues aún mediando violencia machista o riesgo de feminicidio, los padres varones pueden disponer hasta de la vida de sus hijos en total impunidad.
La segunda muerte de Dulce Gabriela ocurrió en aquel verano de 2022, cuando la violencia vicaria y machista de la que era víctima escaló de grado y se profundizó bajo la vista de todos. “Sepárate, mujer, no toleres la violencia”, dicen incansablemente los anuncios que ofrecen la ayuda que no existe en Cuautla. Dulce terminó una relación violenta en 2015, tras su separación, vivió amenazas y ofensas por parte de José “N” y sus familiares. Pero Dulce no quería ser esa mujer a la que estigmatizan como “madre despechada que impide a sus hijos ver a su padre”. Ella quería hacerlo bien, que Fernando y Santiago supieran lo que era tener un padre, que ella no tuviese que cargar también con la falta de figura paterna, que la historia no fuera más dura de lo que ya era… pero José no tenía los mismos planes. Aquel verano de 2022 se llevó a los menores, supuestamente, a unas vacaciones. Dulce Gabriela nunca los volvió a ver. Entre la indiferencia de Estado de Guanajuato y la corrupción judicial del Estado de Morelos, la muerte en vida de Dulce Gabriela se consumió durante un año de luchar por ver a sus hijos, intentar recuperarlos, tratar de activar la protección del aparato de Estado que cada 25 de noviembre se viste de naranja prometiendo luchar contra la violencia machista. La Fiscalía General de Guanajuato le negó la atención un 28 de julio del 2022 cuando fue a recogerlos. Aquel día, Dulce recibió amenazas por parte de su ex pareja de que no volvería a ver a sus hijos. Ella nunca se imaginó que lo iba a poder cumplir ni la manera en que lo haría.
Su tercera muerte fue, tal vez, la más dura: Un día antes del Día de las Madres, Dulce Flores se enteró de que un pedacito de ella ya no existía más. Se trataba de la muerte de su hijo de ocho años de edad. Fernando era un pequeño introvertido que necesitaba mucho a mamá. Perdió la vida en un contexto sombrío y sospechoso: bajo los cuidados de un padre violento que lo sustrajo, al amparo de la omisión del Poder Judicial, cercano a familiares igual de violentos que el padre, quienes ya habían amenazado a Dulce por tratar de recuperar a sus hijos y en la sombra del maltrato infantil, ese gigante que ronda los hogares mexicanos. La noticia de su muerte llegó a Dulce de la manera más fría: una maestra preocupada por la vida de Fernando decidió llamarle en secreto. Le dio el pésame, durante la llamada, no pudo soportar aquello que se mira pero se calla cuando se trata de violencia vicaria: la injusticia. Ya no era un “pleito de parejas” como algunos que tratan de minimizar el problema aseguran, se trataba de un niño de casi 9 años sin vida. Dulce Gabriela viajó en camión con su madre de la tercera edad, la señora Yolanda, desde Morelos hasta Guanajuato. Ahí su mundo se vino abajo: logró investigar el lugar donde velaban a su hijo, corrió para encontrarlo y no podía entender cómo es que ninguna autoridad estaba investigando la misteriosa muerte de un niño, cómo podía existir en el mundo tanta maldad, indolencia e indiferencia pero al llegar a la casa funeraria, la entrada le fue negada.
Una supuesta “orden de restricción” pesaba en sus espaldas. El padre del menor denunció falsamente a la mujer que le dio dos hijos acusándola de ser “violenta”, aunque paradójicamente, el niño Fernando murió después de que su padre y la nueva pareja de él lo golpearan hasta matarlo. El niño fue encontrado en el baño de la casa donde vivía con su padre con la cabeza dentro de una cubeta con agua; la historia que el progenitor presentó a las autoridades fue que el niño se suicidó. Su cuerpecito fue trasladado al hospital por sus agresores y la versión les permitió quedar en libertad, velarlo como si nada hasta que él y su pareja fueron detenidos en prisión preventiva por su probable responsabilidad en la muerte del menor. Una investigación sobre un cuerpecito ya velado.
Santiago de 12 años se había quedado al resguardo del DIF de Guanajuato, pero la corrupción de Celaya lo devolvió al hogar donde el ruido se castiga con aniquilación: el de la familia paterna.
La cuarta muerte de Dulce Gabriela es la peor y también, la definitiva. Dulce Gabriela fue reportada como desaparecida tras salir de su hogar en Cuautla desde el 22 de julio. Sus hermanas y primas la buscaron incansablemente. Compartieron publicaciones, fotografías, desesperación y desvelo hasta que la noticia llegó.
El 27 de julio la encontraron en un hotel de Los Reyes la Paz, Nezahualcóyotl, en el Estado de México. El dictamen de necropsia de ley realizado por la Fiscalía General de ese Estado revela que la causa de muerte fue estrangulamiento mecánico, ocasionado por el antebrazo de su agresor. Tenía tan sólo 33 años. No es que tuviera una vida por delante, es que tenía una vida que poco a poco comenzaron a quitarle hasta terminar con su vida misma. No lo hizo un agresor en soledad, lo hizo un hombre promedio sin mayor privilegio que el de haber nacido hombre en un país de machos. Un hombre apoyado por dos Fiscalías tan infanticidas y tan feminicida como él, la de Guanajuato y la de Morelos. Un hombre apoyado por un sistema judicial corrupto y misógino, ante la vista de todos: familiares, escuela, sociedad, padres de familia, autoridades… cada parte de la cadena que pudo romper la lógica de la violencia vicaria y que no lo hizo. Una jueza infanticida y feminicida que en su pluma carga dos condenas de muerte radicada en Morelos que no fue cesada la primera vez que vendió una guarda y custodia; autoridades omisas que no protegieron a los menores Fernando y Santiago; un contexto revictimizante de personas que acusaban a Dulce Gabriela por no permitir que su empareja “rehiciera tranquilamente su vida en Celaya” al intentar recuperar a sus menores en Cuautla, Morelos y una Fiscalía que se agrega a la lista de responsables: ahora la del Estado de México que investiga el feminicidio de Dulce.
Hace pocos meses fue aprobada la reforma que reconoce la violencia vicaria como una violencia machista. Este tipo de violencia se genera cuando a las mujeres se les hace daño a través de sus hijas e hijos. La violencia vicaria es una violencia realizada por interpósita persona o por tercera persona, en este caso, los violentadores pueden ser también las instituciones, el poder judicial, las autoridades escolares y cualquier persona que sea cómplice de actos como amenazas, retención de menores, sustracción de menores, ocultamiento y por supuesto, la violencia vicaria es una forma de maltrato infantil que tiene en su ápice más grave el infanticidio. La violencia vicaria es compleja porque envuelve un manojo de violencias estructurales, sistémicas, económicas, patriarcales… todas provocadas en el sentido de la muerte simbólica o real de las madres. Simbólica cuando las desaparecen de las vidas de sus hijos. Material y real cuando, como en el caso de Dulce, las madres son asesinadas u orilladas al suicidio.
En el caso de nuestra compañera Dulce Gabriela Flores González y su hijo Fernando, víctimas mortales de la violencia vicaria, el Gobierno de Morelos y el de Guanajuato han guardado silencio. La Unión de Madres Protectoras y particularmente, mi amiga Gabriela Pablos, sobreviviente en su propia historia, luchan contra la indiferencia mientras litigan sus propios asuntos. Se nombra a Dulce Gabriela, se exige justicia, se pide por la ubicación del niño Santiago que corre riesgo, se alza la voz por la imposibilidad material, económica y física que le queda a la madre de Dulce, la señora Yolanda, de seguir litigando ahora en cuatro entidades: Ciudad de México, donde el agresor obtuvo por primera vez en 2016 una guarda y custodia provisional; Estado de México, donde fue encontrado el cadáver de su hija víctima de feminicidio; Guanajuato, donde fue asesinado su nieto menor y donde presuntamente mantienen oculto al mayor y Morelos, donde todo inició, donde todos vivían, donde todo pasó pero nada sucedió.