Por el Pordiosero
A partir de este miércoles 1o de diciembre, el ISSSTE contará con un mes para decidir la forma en que pudiera comprar uniformes para sus trabajadores administrativos: por invitación restringida o asignación directa. De no hacerlo, incumpliría con esa obligación contractual, debido a que el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria le prohibe hacerlo después del 2021.
El pasado 4 de noviembre fue declarada desierta la licitación pública nacional electrónica número LA-051GYN006-E8-2021 para “Adquisición de vestuario y uniformes de personal administrativo”, por irregularidades graves en la documentación de las empresas Soluciones Médicas Vitalcorp, S.A. de C.V. en participación conjunta con Comercializadora de calzado El Maratón, S.A. de C.V., Brik Solutions, S.A. de C.V. y AM Cenit, S.A. de C.V.
Tiempo para convocar a una licitación pública abierta no tiene la Dirección Normativa de Administración y Finanzas a cargo del general Jens Pedro Lohman Iturburu, salvo que en una interpretación retorcida de la ley establezcan tiempos de entrega más allá del próximo 31 de diciembre.
En el ISSSTE todo es posible tratándose de machincuepas legaloides: el pasado 19 de octubre, la Subdirección de Personal de la que es titular la señora Judith Rojas Velasco, a través de su Jefatura de Servicios de Informática, al responder a una solicitud de información pública que pidió los nombres de todos y cada uno de los militares contratados en ese instituto, a través del oficio número 2530, señaló:
“... derivado de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en la base de datos de los trabajadores del Instituto en cumplimiento al principio de máxima publicidad, el único servidor público contratado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que ostenta un grado militar, es el Director Normativo de Administración y Finanzas, el General Jens Pedro Lohman Iturburu, quien ingreso (sic) el día 23 de septiembre de 2020″.
Esa respuesta es una clara mentira y representa una violación flagrante a la ley de transparencia que los funcionarios juraron cumplir y hacer cumplir al asumir sus cargos. En el ISSSTE, hasta marzo pasado habían otros 16 militares dentro de la dirección que encabeza el general Lohman, incluido el teniente coronel Alejandro Hinojosa Lavin, quien ocupa una subcoordinación y es además el enlace de transparencia en el área.
Trabajadores de la delegación del instituto en San Luis Potosí, señalaron que el subdelegado de administración, general Ramiro Cárdenas -quien es, además, ginecólogo- impuesto por el general Lohman, permite el acoso en las áreas médica y de prestaciones.
El general Cárdenas, según denunciaron, permite que el subdelegado de prestaciones, Juan Manuel Martín del Campo Esparza -herencia de la pasada administración-, amenace y hostigue a personal operativo de base y confianza, sin importar que viole las condiciones laborales pactadas, así como diversas normas y procedimientos. El Órgano Interno de Control (OIC), pese a tener conocimiento de lo que ocurre, ha sido omiso en aplicar sanciones.
En Jalisco, otro funcionario de origen militar, es el también subdelegado de administración, capitán Fernando Díaz Cendejas.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dentro de su llamada política de austeridad, desapareció la figura de delegados en el ISSSTE, por lo que los subdirectores de administración realizan esas funciones.
Ahora bien, en caso que la dirección normativa a cargo del general Lohman, para cumplir con la obligación laboral contractual de entregar dos uniformes de trabajo al año, decidiera durante diciembre ejercer el presupuesto y lanzar una invitación restringida a un número reducido de proveedores, o hacer una asignación directa, ¿qué empresas serían las elegidas?
En las tres licitaciones públicas nacionales electrónicas que la DNAyF realizó en octubre -una cuarta para adquisición de vestuario para personal administrativo fue declarada desierta-, las empresas ganadoras forman parte del consorcio de Luis Francisco Molleda Cámara, o con las que este tiene intereses.
Molleda Cámara fue, durante los gobiernos de los presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, el proveedor predilecto de uniformes y ropa de trabajo y hospitalaria en el ISSSTE.
En 2017, el último año en que se compraron uniformes para los trabajadores -se incluyó también 2018-, los contratos se les entregaron a empresas de Molleda Cámara: TechTex, S.A. de C.V., Siquer Internacional, S.A. de C.V., Grupo Romay, S.A. de C.V., Universo M&C, S.A. de C.V. y SUMMIT AM, S. de R.L. de C.V., a las que en conjunto les hicieron compras por 412 millones 303 mil 204.12 pesos.
Pese a la simulación de competencia, la gestión de Luis Antonio Ramírez Pineda no emprendió acciones para combatir la corrupción.
En la licitación para vestuario y uniformes de personal administrativo declarada desierta por omisiones graves en la documentación de las empresas que se inscribieron, participaron dos firmas del consorcio de Molleda Cámara: Brik Solutions, S.A. de C.V. y AM Cenit, S.A. de CV. La segunda hizo una oferta global por 103 millones 870 mil 340.50 pesos para 11 de las 14 partidas convocadas, incluida la venta de poco más de 103 mil pares de zapatos para dama y caballero.
El articulo 65 fracción III del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece que para contraer compromisos de presupuesto con gasto corriente se deberá observar la no implicación de obligaciones anteriores a la fecha en que se suscriban.
Es decir, los 392 millones 91 mil 673 pesos que el ISSSTE tiene de presupuesto para comprar ropa hospitalaria y uniformes para sus trabajadores este año deberá ejercerlo antes que concluya 2021, pues de lo contrario deberá ser a la Tesorería Fiscal de la Federación . Por tanto, sólo tiene diciembre para ejercerlo.
Ese instituto no entregó uniformes a sus trabajadores en 2019 y 2020, pese a ser una obligación pactada en las condiciones laborales firmadas con el Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE) que debió exigirlas a través de un juicio ordinario ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
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