La marcha que tuvo lugar este domingo 13 de noviembre en varias ciudades del país, pero especialmente en la CDMX, fue manifestación palmaria de respaldo a la democracia por parte los asistentes a las mismas, también de civilidad y respeto hacia las autoridades y, contundentemente, de apoyo al INE como órgano que simboliza los esfuerzos realizados, a través de las últimas décadas, encaminados a resolver la lucha por el poder mediante elecciones confiables y de una competencia política justa.
Sin embargo, el recurso de las reformas electorales y de manera específica las practicadas al ente encargado de organizar las elecciones, ha sido recurrente, basta señalar que su denominación inició como Comisión Federal de Vigilancia Electoral en 1946, más tarde Comisión federal Electoral, Instituto Federal Electoral e Instituto Nacional Electoral, todas ellas modificaciones de identidad que significaron importantes cambios en su instancia de gobierno, estructura, atribuciones y naturaleza, hasta alcanzar la condición actual de órgano constitucional autónomo.
Lo anterior quiere decir, que el INE no está ni estará exento de la necesidad de ser sometido a actualizaciones, pues como institución es perfectible, al tiempo que el juicio y el análisis sobre su desempeño siempre aportará elementos en la dirección de introducir mejoras. En esa perspectiva cabe la pregunta de ¿Cuál fue la motivación de las marchas que se llevaron a cabo el pasado domingo? ¿Por qué la reacción de una buena parte de la sociedad y de un importante número de analistas y editorialistas en el sentido de condenar una posible reforma al INE?
Son varias las respuestas a tales cuestionamientos, la primera tiene que ver con la ruptura de una práctica que se ha codificado respecto de que las reformas electorales, debido a su naturaleza, deben contar con un amplio consenso previo a su formulación, en donde la oposición juegue un papel relevante. Es evidente que esta propuesta de reforma por parte del gobierno no observa dicho criterio y que, incluso, lo contradice.
Otra respuesta se refiere a que la secuencia de las reformas electorales ha sido realizada dentro de una clara narrativa que las vincula, unas con otras, como parte de un esfuerzo continuado en donde se ubican problemas específicos que se han enfrentado, así como los nuevos acuerdos para superarlos a través de las modificaciones legislativas.
En esa dirección se advierte con claridad, por ejemplo, que la reforma de 1977 que introdujo el sistema electoral mixto con diputados de mayoría y de representación proporcional fue una clara respuesta a la situación que planteara las elecciones presidenciales de 1976, en donde sólo hubiera participado un candidato, dando cuenta que el sistema de partidos estaba en crisis y que se requería de mejores medidas para incentivarlo. También se pude leer la profundidad de las reformas electorales respecto de los dilemas que plantearon las crisis político- electorales más importantes.
El riesgo de fractura que representó los comicios presidenciales de 1988 detonó e influyó decisivamente en las reformas de 1989 (cuando se creó el Instituto Federal Electoral en sustitución de la Comisión Federal Electoral), así como las de 1993, 1994 y 1996; a su vez la crisis de 2006 condujo a la reforma de 2007; la última generación de reformas electorales llevó a la transformación del Instituto Federal Electoral en Instituto Nacional Electoral, así como a la Ley General de Partidos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, entre otras modificaciones a la legislación.
Otra vez, la reforma que se ha plantado por parte del gobierno carece de una visión de problemas compartido por otras fuerzas políticas, al tiempo que sus referentes más inmediatos, que son las elecciones de 2018 y 2021, registraron un desarrollo satisfactorio, de modo que colocan al INE como una institución sólida y confiable, eso sí, fuera de la órbita del gobierno, excepto en la propuesta de su presupuesto, toda vez que el Ejecutivo lo integra en el proyecto anual que presenta a la Cámara de Diputados y en el cual ha marcado ajustes importantes respecto de los requerimientos planteados por el propio INE.
En síntesis, el gobierno irrumpe con su propuesta de reforma político electoral a contrapelo de la visión que tienen las distintas fuerzas políticas, de la narrativa que han construido en las últimas décadas y de las consideraciones de buena parte de la opinión pública; además lo hace en las inmediaciones de las elecciones de 2024 y con signos muy evidentes de pretender, mediante las reformas propuestas, dar solución a la problemática que emana, exclusivamente, del gobierno, aunque ésta no se corresponda con la percepción de los partidos opositores.
Se completa así un cuadro que vuelve inviable que los planteamientos del gobierno sean aprobados y en donde en la contraparte se plantea la necesidad de su rechazo, pues, en caso contrario, sería la primera reforma, dentro de la etapa plural, que obsequiaría la visión e intereses del gobierno respecto de cómo se deben organizar y regular las elecciones, contraviniendo un largo trayecto que se inscribió en un proceso de amplios consensos y que condujeron exitosamente a la transición mexicana.