La reciente aprobación del Presupuesto de Egresos 2025, que incluye un recorte de 12 mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE), ha encendido un debate crucial sobre las prioridades políticas y la preservación de las instituciones democráticas en México. Si bien Morena ha argumentado que esta reasignación responde a necesidades sociales apremiantes, como educación, cultura y caminos rurales, es fundamental reflexionar sobre los riesgos que esta decisión representa para la autonomía y funcionamiento del INE.
El INE no es un simple organismo administrativo; es el pilar que sostiene la democracia en México. Su labor garantiza elecciones libres, transparentes y confiables, lo que permite a la ciudadanía ejercer su derecho al voto con la certeza de que los resultados reflejan su voluntad. Recortar su presupuesto en un año previo a las elecciones presidenciales no solo compromete su capacidad operativa, sino que también envía un mensaje preocupante sobre las prioridades del gobierno.
Si bien es cierto que las necesidades sociales en educación y caminos rurales son legítimas y urgentes, es crucial recordar que el fortalecimiento de la democracia no debe considerarse un lujo ni una alternativa secundaria. Los recursos que se destinan al INE son una inversión en la estabilidad política y social del país. Sin elecciones confiables, el desarrollo social que se busca impulsar puede quedar subordinado a un ambiente de desconfianza y conflictos políticos.
Los argumentos de austeridad, aunque válidos en ciertos contextos, no deben usarse como una herramienta para debilitar instituciones que requieren independencia para desempeñar su labor. Un presupuesto “austero” puede significar que el INE enfrente limitaciones para instalar casillas en zonas rurales, capacitar personal electoral o implementar medidas de seguridad necesarias para garantizar procesos electorales limpios. Esto, irónicamente, afectaría a las mismas comunidades que el gobierno asegura querer beneficiar con la redistribución de recursos.
La democracia mexicana no puede darse el lujo de retroceder. Si bien el debate sobre el uso de los recursos públicos es legítimo, es imprescindible que este se realice con una visión integral que no sacrifique a una de las instituciones más confiables del país. Es en el INE donde la ciudadanía deposita su confianza para elegir a sus representantes; debilitarlo es, en última instancia, debilitar a la propia ciudadanía.
En momentos como este, es imperativo recordar que los avances democráticos de México son fruto de décadas de lucha y no deben ser socavados por decisiones que priorizan lo inmediato sobre lo estructural. Los recursos para educación y desarrollo rural son esenciales, pero no deben obtenerse a costa de la estabilidad democrática. En este sentido, el recorte al INE no solo es un error técnico, sino un golpe simbólico a los valores democráticos que tanto nos ha costado construir.