Es bien conocida la animadversión de AMLO y de sus correligionarios hacia el Instituto Nacional Electoral. Desde su ascenso a la Presidencia de México, el tabasqueño no ha cejado en su empeño de deslegitimar al INE y de pintarlo como un organismo de élite lejano a los intereses de la mayoría de los mexicanos.
Su desdén hacia las autoridades electorales le condujo a su intentona de buscar desmantelarlo con los cantados planes A y B. Para fortuna de la democracia mexicana, la sociedad civil y los partidos de oposición hicieron oportunamente lo que les correspondía y obstaculizaron en las calles y en el Congreso la destrucción del instituto.
Como es bien sabido, el INE es una de las instituciones del Estado mexicano mejor reputadas, con mayor credibilidad, y que ha sido siempre bien valorada por los mexicanos. Gracias a su rigor técnico, a la ciudadanización de los procesos y al eficaz entramado operativo, el INE ha permitido, desde su origen, la transición entre partidos en todos los niveles de gobierno.
A pesar de sus éxitos, y no obstante las batallas ganadas por la democracia, el INE se enfrenta a retos gigantescos rumbo a 2024. En opinión de Ciro Murayama, una de las peores embestidas contra el instituto ha sido la abierta violación de la ley electoral por parte de los partidos políticos, especialmente Morena.
Si bien buscaron “darle la vuelta” a la ley con el eufemismo de “Coordinador de los comités de defensa de la 4T” los morenistas han impulsado campañas abiertas en favor de sus candidatos. Sin embargo, eso no resulta lo más alarmante, sino el hecho de haber financiado las precampañas de Claudia Sheinbaum, Adán Augusto y Marcelo Ebrard en la más completa opacidad, sin haber reportado al INE el origen de los recursos.
Lo anterior, sumado al hecho –escribe Murayama- de que la Unidad de Fiscalización del INE permanece acéfala, merma gravemente las capacidades operativas de la autoridad electoral rumbo a las elecciones de 2024.
El ex consejero del INE también ha puesto el acento en la ausencia de colaboración entre la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República con el INE. Por tanto, parece que la autoridad electoral opera en solitario y a ciegas.
Por otra parte -anticipan preocupados los analistas- así como el presidente AMLO y el partido gobernante han despreciado al INE y han desobedecido (y también, burlado) las medidas cautelares del instituto en relación con las mañaneras y otras disposiciones que en la ley corresponden a la autoridad, tampoco respetarán la decisión que el INE y el Tribunal Electoral tomen tras las elecciones de 2024; si aquella, desde luego, no favorece al partido oficial, dando lugar a especulaciones en torno a un posible conflicto post electoral.
En suma, el INE tendrá la obligación de regular, organizar y calificar las elecciones más extensas de la historia de México (en términos del número de cargos públicos en juego y casillas instaladas) en medio de una crisis institucional promovida desde el gobierno; una crisis representada por los recortes presupuestales, la ausencia de funcionarios de mando en sus unidades de fiscalización, y aun más, ante un embate contra su legitimidad por parte del presidente y del partido oficial.