La retrógrada derecha mexicana está diseminando una propaganda cínica que defiende la impunidad del antiguo régimen. Repiten en coro: ¿cómo es posible que el gobierno actual “persiga” a quienes capturaron a los asesinos de los estudiantes? Son y se hacen, porque el conocimiento alternativo posterior a los hechos, indicó la complicidad activa de funcionarios estatales, federales y mandos de cuerpos armados con todos los hechos ocurridos. La investigación oficial se centró en criminales y funcionarios de bajo rango para proteger a los más altos responsables. Eso fue “la verdad histórica” no la conclusión del asesinato de los estudiantes por el crimen organizado. Falso.
La ONU clasificó en 2019 a América Latina y el Caribe como la región más violenta del mundo. Países en específico como Colombia y México aparecen en algunos informes internacionales como más violentos que Siria, en guerra civil y de intervención extranjera desde hace 15 años. En columnas anteriores hice una reflexión sobre la violencia con derivaciones hacia México.
El tema central es que el Estado latinoamericano a pesar de estar inmerso en procesos de construcción de casi un siglo o más en algunos casos, no ha sido capaz en sus decenas de administraciones gubernamentales de muy distintos signos ideológicos y políticos, de armar un complejo de instituciones públicas bajo la estructura de Repúblicas con un Orden Constitucional capaz de establecer ni la paz, ni la justicia, ni el orden jurídico como tres pivotes estratégicos de la estructura y dinámica social y política para el progreso nacional. A pesar de ello se ha avanzado mucho. De allí los lastimosos lugares mencionados, para la región y para ciertos países.
Adicionalmente, en razón de ello, el funcionamiento atrofiado, anómalo y perverso en diversas etapas de la historia latinoamericana se caracteriza por todo lo contrario: han predominado como políticas deliberadas y por tiempos prolongados la criminalidad auspiciada y ejercida desde y por el propio régimen en turno, el desorden extra constitucional, la arbitrariedad y el pillaje masivo contra la ciudadanía y la consecuencia lógica: la impunidad consustancial a los métodos de gobierno.
Diríamos hoy dentro de la conceptualización moderna que los grupos de poder agrupados como crimen organizado dentro del Estado, datan de muchas décadas atrás. Se han sofisticado considerablemente. Eso sí.
En México lo principal es que dijera lo que dijera la Constitución de 1917 el nuevo régimen ha sido atrabiliario, criminal y despótico pero con base de masas por el desarrollo nacional logrado. Y así duró décadas, refinando cada vez más su autoritarismo desbordado, pero no abandonándolo nunca. En tanto, la narrativa oficial ofreció una historia distinta: de democracia y justicia social que llegó a cuentagotas. El vínculo orgánico entre control político antidemocrático e ilegal, criminalidad desde el poder y corrupción en la institucionalidad pública, no abandonó nunca al régimen surgido del movimiento armado de 1910-17. La derecha clerical también truene su nefasta y criminal historia.
Episodios de criminalidad desbordada desde el poder público con amplias complicidades privadas (de distinto tipo) han existido muchos, uno de los más recientes y dramáticos fue el de la ciudad de Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, en contra de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y otras personas con el resultado conocido 43 desaparecidos y 6 asesinados.
Hannah Arendt sostenía que la desaparición forzada como nuevo fenómeno constataba la ineficacia del asesinato político como forma clásica de castigo; por extensión, podríamos decir que la recurrencia actual a desaparecer personas también desborda la relación vida-muerte y trata no sólo de destruir a una persona asesinándola, sino borrar la existencia misma de ella y su cuerpo, desapareciéndolos. Por ello es tal vez el más bestial ataque que puede sufrir un ser humano. No se dan por satisfechos asesinándolo, hay que borrar su existencia, su paso por la vida.
Con extrema frivolidad y deshumanización ante ello se suele decir en algunos casos: “Esa película ya la vimos” y “Es necesario dar vuelta a la página”. No podemos llegar a eso. Lo más dramático e inaceptable es que en el contexto de avances democráticos y de provisión de justicia innegables, se reproducen los eventos brutales. Pero es porque “la bestia acecha”, nunca se ha ido y regresa, para decirlo de esa forma metafórica.
He sostenido incluso en una obra completa presentada en el INAP que se produjo esa noche en Iguala un operativo de contrainsurgencia que solo podía estar a cargo de militares entrenados basándose en información procesada de inteligencia, no de policías municipales, y en su caso, de la policía estatal. Siempre, y lo dice toda la experiencia continental de más de 50 años: cuando se aplican estos esquemas de represión institucionalizada por grupos militares o grupos de elite, el resultado es la desaparición, la tortura y la muerte. No es el caso en este punto abundar en esta teoría.
Ello conllevaba la presencia y acción “concertada” de “agentes del Estado de distintos niveles de gobierno” hasta consumar un “crimen de Estado”. Mentira que el Informe presentado por el subsecretario Alejandro Encinas “no dice nada nuevo”. Desplaza el eje de responsabilidad desde “los grupos del crimen organizado”, las " policías municipales” y los propios estudiantes normalistas, que habían sido responsabilizados de los hechos criminales, ya que en eso consistió la “verdad histórica”, hacia los funcionarios públicos del primer círculo del poder (titular de la PGR y de la AIC), de los mandos militares de la XXVII zona militar, de los responsables del mando de las policías municipales y de la Policía Federal en Guerrero, y se construye así una verdad política y jurídica alternativa. Lo principal: se cometió un crimen de Estado.
Pero observemos algo relevante: las formas de violencia e impunidad que el Estado mexicano a través de distintos gobiernos ha implementado contra ciudadanos como es el crimen y la desaparición forzada (antes, durante toda la guerra sucia y después) son reproducidas por el crimen transnacional organizado. Tenemos aquí un origen preclaro de las formas extremas de violencia. Aplicable como hipótesis a México y a América Latina durante el predominio de la contrainsurgencia como doctrina de Estado (doctrina militar y doctrina en las instituciones de seguridad, cuerpos armados y justicia) en más medio siglo. Las etapas de “guerra sucia” en el subcontinente, comprenden “los años de la bala”, los años de los “bloques de poder contrainsurgente”, pero también durante décadas del crimen transnacional.
Las distintas formas de buscar justicia cuando ésta no ha sido proveída por el Poder Judicial constitucional en los países, y durante las etapas de cambio de régimen o transiciones a la democracia, se han denominado “justicia transicional”. Es decir, “Comisiones de la Verdad” y otras que adquieren un mandato legal para constituirse en instancia de investigación alternativa sobre hechos muy penosos para la sociedad, crímenes masivos, desapariciones forzadas, violaciones generalizadas a los Derechos Humanos y otras más. Rechazar esta opción es abogar por el régimen de impunidad.
Estas formas neo institucionales presentan sus informes (participan en ellas decenas de especialistas de todas las disciplinas, incluso del extranjero), y tienen “carácter vinculante”. La autoridad judicial prosigue los trabajos, revisando las pruebas, testimonios, peritajes y demás, contra los imputados o inculpados por los hechos investigados, y emiten sentencias condenatorias contra ellas o ellos. Hay muchos ejemplos latinoamericanos sobre esto.
Estas formas institucionales de investigación y justicia alternativa (incluso se llegan a crear Fiscalías Especiales paralelas al Poder Judicial) que toman decisiones sobre casos en tratamiento. La derecha mexicana se puso a la ofensiva contra el Informe reciente porque vulnera sus “verdades” e impunidad e involucra a sus funcionarios criminales y los saca a la luz.
Continuaremos en próxima entrega.