Breve anotación: En estos momentos ya debe haber sido aprobada la Iniciativa de Ley enviada por el Presidente de la República para incorporar a la Guardia Nacional a la SEDENA. Es una ley con un conjunto de contradicciones como corresponde a su origen que no halla en el texto una solución coherente. Oscila entre tres dualidades: la adscripción a la SSPC- SEDENA, entre el poder militar-poder civil y la seguridad pública-seguridad interior. El gran problema es la forma de origen en que fue concebida: para abocarse y solucionar la crisis en los ámbitos públicos de la última dualidad mencionada: seguridad pública-seguridad interior.
Ello rompe el esquema de competencias jurisdiccionales de los cuerpos armados y las categorías jurídicas previstas en la Constitución de 1917: seguridad pública y seguridad interior como materias diferenciadas. Ésta última no suficientemente clara. Los cuerpos militares lo han desarrollado en términos de doctrina. La ley arrastrará las contradicciones de inicio. No hay voluntad de rectificar y romper el nudo gordiano. La oposición grita pero no aborda el tema propositivamente. Con dos o tres adjetivaciones les alcanza desde hace dos años para confrontar en ello a la presidencia de la República.
Nuestro tema: sería muy importante que el Presidente López Obrador recibiera en Palacio Nacional al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos a propósito del Informe sobre Ayotzinapa. Sería un mensaje muy importante de determinación política interna y de compromiso internacional, cualesquiera que sean los resultados a los que llegue la FGR ulteriormente. Son procesos de Justicia Transicional que requieren acompañamiento internacional para su mayor fortaleza y vigor político.
El Poder Judicial en México efectivamente como dijo el Presidente AMLO no se caracteriza ni por su eficiencia ni por su imagen intachable, al contrario, está muy desprestigiado ante la ciudadanía, aunque hay muchos ministerios públicos, jueces y magistrados con honradez y probada probidad profesional que son la esperanza de los mexicanos de que algún día tendremos un Poder Judicial que coadyuve en forma decisiva a resolver las grandes problemáticas de México. Por lo pronto hoy no es el caso. “Los buenos” son minoría y no deciden aparecer en plan estelar. Necesitan una sacudida. El Presidente ya la prepara por vía de un reporte detallada al Consejo de la Judicatura.
Por tanto las formas o modelos de Justicia Transicional como las Comisiones de la Verdad, las Fiscalías y Tribunales Especiales, Informes sobre la Memoria Histórica y Mecanismos de Reparación Integral del Daño a Víctimas, Comisiones de Búsqueda de Desaparecidos, que permiten profundizar, en las causas más hondas de los procesos socio-políticos, económicos y hasta culturales o históricos que por una serie de razones vinculadas con intereses poderosos de todo tipo, no han sido resueltos por la justicia tradicional. Pueden ser masacres, violaciones masivas de derechos humanos en comunidades indígenas, agravios mayores a sectores específicos de una sociedad y otros.
En todos los casos son un macro-factor coadyuvante para impulsar o consolidar procesos de transición hacia la democracia o bien, para orientar los procesos de pacificación pero con justicia y reparación a las víctimas. En ningún caso cabe la impunidad. Colombia es uno de los ejemplos latinoamericanos más completos. Sin tales modelos transicionales muy difícilmente habría habido firma de Acuerdos de Paz con las FARC, Nueva Ley de Reparación a Víctimas y alternancia de izquierda en el gobierno. Su rol es fundamental en la transformación nacional hacia estadios más avanzados de convivencia democrática y pacífica. Pero son largos.
Lo más complejo de abordar o lograr con estos modelos de justicia transicional y ya teniendo encima el gran problema del crimen transnacional organizado, es garantizar la No Repetición y los acuerdos de Desmovilización Armada, de guerrillas de izquierda o de grupos criminales de ultraderecha, o de sicarios del crimen organizados como paramilitares. Lo ideal según expertos de la ONU es la aplicación integral de los distintos modelos, aunque no sean en paralelo sino en forma sucesiva.
Pese a esta gran complejidad América Latina y México están en esa lucha permanente por encontrar nuevas opciones de progreso social y económico y de justicia- Así debemos ver el Informe Ayotzinapa y sus consecuencias.
En México, ya el Presidente Vicente Fox en su mandato creó una Fiscalía Especial para Investigar los crímenes políticos del pasado (2001-2006) que aunque hizo importantes aportes al esclarecimiento de la llamada “Guerra Sucia” (periodo de altísima represión política en México, con cientos de muertos, heridos, desaparecidos y torturados) que comprendió aproximadamente un cuarto de siglo (conforme a nuestras propias investigaciones) en su momento álgido, porque la represión criminal en México siempre ha existido en todas las épocas, pero dicha fiscalía no agotó todas sus tareas abiertas. Habría sido un gran logro.
El que esa Fiscalía Especial no haya concluido su trabajo (pudo haber sido una instancia transexenal) y que se haya disuelto sin castigar a todos los responsables menores y mayores de todo aquello, no fue bueno, salvo la acusación hecha por genocidio al ex Presidente Luis Echeverría Álvarez, quien ingresó un amparo para detener la sentencia, y finalmente fue condenado a purgar una “prisión domiciliaria” por su avanzada edad (algo así podría suceder con Murillo Karam, en su caso) pero la Fiscalía no pudo fungir como un gran ejemplo de justicia de transición. No fue algo menor la acusación contra un ex Presidente de la República. Al contrario, prueba que sí es posible someterlos a la justicia constitucional o a la justicia de transición.
El gravísimo problema de la represión criminal masiva se repitió en otras ocasiones, una de las más graves fue la masacre de Ayotzinapa. En la medida en que la Justicia Transicional cumpla plenamente con su cometido y a profundidad, puede convertirse en un factor de liberación política y social para sectores sociales, ciudadanos o ciudadanas y familias, severamente agraviadas por los poderes públicos, por los poderes del Estado.
Por ello, es fundamental la conclusión primera y última del Informe sobre Ayotzinapa: fue un crimen de Estado. Debe ser entregado en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Derechos Humanos (ACNUD) en México -aunque esté públicamente disponible- para su observación, supervisión, consecuente ejecución y seguimiento, conforme a las responsabilidades internacionales contraídas por el Estado mexicano.
Un buen ejemplo de la enorme ayuda que posibilita estos esquemas de justicia transicional es por ejemplo, el acuerdo logrado para desarmar aproximadamente a la mitad de los grupos paramilitares en Colombia agrupados en la AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) financiadas por los carteles de la cocaína, mediante una Ley que permitió la negociación para el desarme y una Ley de Víctimas (efectuaban múltiples ataques directos contra la población) que dieron como resultado desmovilizar a 31,167 paramilitares que entregaron 18,000 armas (noviembre 2001). Otra prueba de que es posible desmovilizar y desarmar grupos criminales muy amplios.
Antes, el gobierno de EUA los había declarado Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE) con la posibilidad que ello implica de una acción directa. Los AUC aceptaron someterse a una Fiscalía Especial y purgar condenas disminuidas, luego, se buscó su reinserción social. La Iglesia Católica activamente apoyó la búsqueda del acuerdo y todo lo demás. El BID aportó recursos financieros. Ello es una muestra de cómo estos modelos de justicia de transición acompañados por instituciones nacionales e internacionales -cuando se juzgue necesario- pueden impulsar los grandes objetivos de transformación nacional.