La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dio a conocer ayer su informe económico sobre México (Economic Survey of Mexico 2022). Proponen una agenda integral de reformas que ayudaría a optimizar la calidad de la recuperación y el crecimiento a mediano plazo.
La OCDE reconoce que las políticas macroeconómicas sólidas ayudaron a México a superar la recesión inducida por la pandemia. Pero aún quedan desafíos para garantizar que la recuperación en curso sea sostenible y beneficie a todos.
¿Qué se necesita? Una agenda integral de reformas para impulsar la inversión y revertir el bajo crecimiento de la productividad. Ojalá que el gobierno de la 4T escuche que no basta con los programas sociales. Los expertos de la OCDE dicen que un crecimiento más fuerte y más empleos, combinados con un mayor gasto social, ayudarían a reducir la pobreza y mejorar la cohesión social.
La OCDE reconoce la gestión innovadora de la deuda, una política monetaria sólida y un tipo de cambio flexible, como los tres elementos que limitaron el impacto económico de la pandemia y aseguraron el acceso a los mercados internacionales de capital. El desempeño de los sectores manufactureros, agrícolas y de servicios son los que han apoyado la reactivación. La OCDE proyecta que el PIB de México aumente un 2.3 % este año y un 2.6 % el próximo año.
México tendría un gran potencial para convertirse en una economía de alto crecimiento, con altos niveles de vida para todos. Pero esto requiere visión, estrategia, políticas públicas inteligentes y su implementación eficaz. La OCDE dice que se requiere una agenda ambiciosa e integral de reformas.
El estudio presenta una serie de recomendaciones para mejorar las perspectivas de crecimiento a mediano plazo. Para reforzar el marco de política macroeconómica, México debe mantener su compromiso con la solidez de las finanzas públicas y la sostenibilidad de la deuda y satisfacer las crecientes necesidades de gasto mediante el aumento de los ingresos fiscales. El estudio identifica propuestas que tienen el potencial de aumentar los ingresos tributarios en un 3.5% del PIB, incluso a través de la eliminación de exenciones ineficientes y regresivas y una reforma del impuesto a la propiedad.
Reactivar la inversión privada y revertir el bajo crecimiento de la productividad deberían ser las prioridades del gobierno de la 4T. Para lograrlo, se deben mejorar las regulaciones comerciales, impulsar la competencia, reducir la informalidad y la corrupción e intensificar los esfuerzos para cumplir con los objetivos de emisión de gases de efecto invernadero.
Hemos dicho que los programas sociales son muy importantes, pero que no son suficientes. El gobierno de la 4T debe continuar impulsando el gasto social en educación y en salud. Pero no debe olvidar la inversión pública para apoyar la recuperación y mejorar las oportunidades de todos los mexicanos. Ampliar el acceso al sistema financiero y fortalecer la digitalización dará más igualdad de oportunidades y ayudará a fomentar el crecimiento.
El gran desafío pendiente es la reactivación de la inversión. La inversión ha estado silenciada desde 2015, y ha estado cayendo desde 2019. Ahí está la gran debilidad de la economía mexicana.
Es cierto que las exportaciones seguirán beneficiándose del fuerte crecimiento de Estados Unidos. Es cierto que una proporción cada vez mayor de la población mexicana está vacunada. Es cierto que el consumo también es un motor del crecimiento. Pero la OCDE sostiene que hay espacio para crear mejores condiciones para la inversión tanto pública como privada.
Los expertos reconocen que México haya sido fiscalmente prudente a lo largo de los años, cumpliendo ampliamente sus objetivos fiscales y asegurando la sostenibilidad fiscal a pesar de tener la relación impuestos/PIB más baja de la OCDE, con solo el 16% del PIB.
Pero no podemos olvidar que lo anterior se ha logrado a través del recorte del gasto y de la inversión pública. La pandemia ha exacerbado las necesidades de inversión pública, ya que los sistemas de salud y educación están bajo presión. Las brechas en la infraestructura también siguen siendo significativas. El estudio de la OCDE estima que el aumento de la inversión pública necesaria para cerrar la brecha de infraestructura en México es de 1.3 puntos porcentuales del PIB al año.
También recomiendan un aumento gradual de los ingresos tributarios. Dicen que esto ayudaría a responder a la necesidad de más recursos para la inversión pública y fortalecer así la recuperación, manteniendo el compromiso con la sostenibilidad fiscal.
Pero cuando hablamos de proyectos de inversión, se requiere un riguroso análisis costo-beneficio. Hace falta transparencia, estudios sociales y ambientales para asegurar una buena selección de proyectos que sean rentables desde todos los ángulos.
¿Qué ha obstaculizado la inversión privada? Sin duda, la principal barrera es la incertidumbre. Los inversionistas nacionales e internacionales no tienen claridad de las reglas del juego ni del diseño ni de la implementación de las políticas públicas. La incertidumbre aumentó especialmente tras la iniciativa de contrarreforma constitucional en materia eléctrica.
Hay un alto potencial para que se inicie un ritmo ascendente de inversiones. No perdamos de vista que estamos en plena etapa de implementación del TMEC y que la economía de Estados Unidos está en plena recuperación.
Afortunadamente, el Secretario de Hacienda ya identificó las tendencias de “nearshoring”, mediante las cuales es probable que las empresas busquen reducir los riesgos de interrupciones en la cadena de suministro al ubicarse más cerca de su mercado final estadounidense. Ésta será una oportunidad histórica para México. Podemos sustituir las exportaciones chinas a Estados Unidos. Hace falta el liderazgo del gobierno de la 4T para generar historias de éxito concretas en los diversos sectores industriales.
Convertir la oportunidad en realidad requiere certeza. Los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, necesitan certeza sobre los contratos existentes y la estabilidad regulatoria. Por otra parte, la mejora regulatoria a nivel estatal y municipal es indispensable para crear y hacer crecer las empresas.
¿Qué otras recomendaciones podemos encontrar en el estudio de la OCDE sobre México?
Acelerar la vacunación. Brindar más apoyo fiscal específico si la recuperación falla o la pandemia resurge. Seguir mejorando las políticas macroeconómicas. Ampliar las bases impositivas mediante la eliminación gradual de exenciones ineficientes y regresivas y mediante la reducción de la informalidad, y fomentar la recaudación de impuestos sobre la propiedad mediante la actualización del catastro, utilizando tecnologías digitales.
Establecer un consejo fiscal independiente y con recursos adecuados. Incrementar gradualmente la tasa de interés si la inflación no regresa a la meta del 3%. Apretar a un ritmo más rápido si las expectativas de inflación a largo plazo empiezan a subir. Fortalecer la gobernanza de PEMEX y otras empresas paraestatales alineándola con las Líneas Directrices de la OCDE sobre Gobierno Corporativo de Empresas de Propiedad Estatal.
Continuar fortaleciendo la lucha contra la corrupción, incluso impulsando la experiencia técnica en las agencias anticorrupción. Establecer una estrategia integral para reducir el costo de la formalización, incluida la reducción de los costos de registro de empresas en los estados y a nivel municipal. Mejorar la igualdad de oportunidades. Establecer un plan federal de seguro de desempleo.
Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de forma rentable. Ampliar la base del impuesto al carbono, aumentar gradualmente la tasa y utilizar parte de los ingresos para compensar los efectos de los precios más altos de la energía. Mantener regulaciones que promuevan la generación renovable de electricidad y la participación del sector privado. Mejorar la red eléctrica implementando tecnologías de red inteligente e integrando dispositivos de almacenamiento en la red.
En fin, vale la pena revisar con cuidado el informe de la OCDE.
Javier Treviño en Twitter: @javier_trevino