Varios diferendos han acontecido entre el presidente de la República y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Estos han sido de forma y fondo, siendo los más recientes de los últimos, los relacionados con la entrega de los libros de texto, la operación del INAI y la falta de cobro del gobierno de millonarias cifras en impuestos adeudados.
Pero el martes de la semana pasada, en la conferencia mañanera de AMLO destinada a “Cero Impunidad”, se inició con una arremetida del subsecretario de Seguridad Federal, el general Rodríguez Bucio, a una docena de jueces, acusando a cada uno de “resolver desfavorablemente a la justicia”, esto, de manera injusta y vaga, para luego entrar a escena el procurador fiscal, Arturo Medina, y señalar que la justicia federal -y en particular la SCJN- están retrasando juicios importantes que suman 80 mil millones de pesos en adeudos al gobierno.
Estos retrasos “injustificados”, dijeron en Palacio Nacional, impiden seguir avanzando con los programas sociales y el desarrollo de obras de infraestructura. Y es que los números apuntan que el Gobierno Federal está teniendo problemas para mantener y ampliar la base de sus programas sociales, así como para liquidar obras a los contratistas, en un año electoral que les es clave.
Pero los ataques siguieron en la mañanera siguiente, la del miércoles, cuando en la ronda de preguntas, Eduardo Esquivel, reportero de este portal, cuestionó al presidente si estaba de acuerdo con una reducción al presupuesto del Poder Judicial de alrededor de 20 mil millones de pesos, como “lo habían sugerido algunos legisladores de Morena” (en realidad, se refería a un post del Coordinador de los Diputados de Morena, Ignacio Mier), lo que significaría una reducción cercana al 25% respecto al presupuesto de este año.
AMLO tomó el micrófono y de manera tajante se volvió a quejar de los 80 mil millones de pesos que no han permitido -jueces y ministros- que su gobierno pueda “cobrar”. Además, se quejó del “guardadito” de 20 mil millones que tienen en el PJF y de sus elevados salarios.
Así que, el mensaje del presidente de la República fue nítido: o el Poder Judicial Federal (PJF) resuelve lo referente a los 80 mil millones que, a su juicio, le debe o… sufrirá recortes.
Estos recortes obligarían al PJF a hacer profundos ajustes y tomar recursos que desde hace años están destinados para pagar gastos de médicos mayores y pensiones a los jueces, algo que en su momento se pensó indispensable para mejorar su calidad de vida y asegurar que se evitaran actos de corrupción.
Es cierto que la Segunda Sala de la SCJN tiene en estudio varios litigios multi-millonarios para saber si las empresas acusadas de morosas deben, o no, al gobierno los montos de los que éstos se quejan. En particular, el gobierno se duele y denunciará al ministro Luis María Aguilar, de quien dice que a través de una “actuación selectiva, controlada y de atracciones excepcionales” tiene detenida la resolución de juicios multimillonarios. El ministro ha señalado al interior de la SCJN “que trae un nuevo y novedoso criterio” en cuanto a grandes contribuyentes, pero hasta ahora nadie lo conoce.
Para ilustrar su molestia, el presidente señala que, en una semana, el mismo ministro Aguilar resuelve en fast track la suspensión del estado de Chihuahua sobre los libros de texto, mientras que, en cambio, ha “guardado” ocho meses la resolución de miles de millones de pesos. Aunque jurídicamente no es correcto el símil, mediáticamente es poderoso.
Hoy, la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, ha convocado a los integrantes más importantes de toda la justicia federal a su sede central de Pino Suárez. Estarán presentes los ministros de la Corte, los consejeros de la Judicatura y los magistrados electorales.
Ahí se espera que dé un mensaje sobre su presupuesto para el 2024. Será una reunión extraordinaria, pues históricamente el proceso presupuestal se resolvía mediante oficios y cabildeos discretos con la SHCP y con las bancadas en la Cámara de Diputados.
Hoy a medio día, desde la SCJN, ¿pedirán y justificarán más recursos que en el 2023? ¿Sorprenderán con reducciones importantes? ¿Qué tan directo le responderán al presidente? ¿Responderán las acusaciones que les han hecho de proteger a grandes deudores?
El sábado pasado, la abogada y columnista Ana Laura Magaloni, en Reforma, señaló que el Presupuesto del PJF para el 2024 “va a ser, para la Suprema Corte, su última batalla del sexenio”.
Hoy inicia esta batalla y será interesante cómo los jueces se posicionan para una lucha en la que están en minoría, pero en la que tienen a su disposición recursos (judiciales) extraordinarios. ¿Se puede evitar el choque de Poderes? Al parecer, solamente hay margen de sentarse a negociar si hay un “guante”: (la entrega) de 25 mil millones de pesos al Ejecutivo. La cantidad que ha trascendido debe Elektra y cuya resolución pendiente está en manos del señalado ministro Aguilar.
Por muchas razones, lo que inicia hoy entre el Ejecutivo y el Poder Judicial Federal es algo que nos debe interesar a todos. El diseño del Estado Mexicano está en juego, así como su capacidad para cobrar impuestos, pero también la capacidad para que los particulares tengamos protección contra actos arbitrarios de la autoridad. Y todo esto, enmarcado en un pleito, no por ideas, sino por dinero.
En todo esto aplica lo señalado por el poeta británico Spike Milligan: “el dinero no puede comprar amigos, pero puedes conseguir una nueva clase de enemigos”. Habrá que estar al pendiente de lo que suceda hoy.