Con el recurso del parafraseo y con el influjo de la denominación que hiciera Octavio Paz sobre el Estado postrevolucionario como “Ogro filantrópico”, se tomó esa pauta en otros artículos para denominar aquí al Estado que impulsa el actual gobierno con el título de ogro exabrupto; la intención de hacerlo así pretende exaltar el carácter intempestivo y las pulsiones que manifiesta la administración a la hora de tomar decisiones y decidir sobre las políticas públicas.
En efecto, se trasluce que el gobierno pretende irrumpir a través de sus determinaciones sobre la forma de instrumentar acciones de carácter público mediante hábitos inéditos, inesperados, que buscan escapar a las medidas de control y de regulación que caracterizan a la administración pública; de ahí su proclividad a declarar como información reservada y de seguridad nacional algunos proyectos, realizar asignaciones directas para adjudicar obras y contratos de adquisición, debilitar a los organismos reguladores e instancias autónomas que pueden manifestarse sobre la marcha del gobierno, y, de imponer la lealtad a las determinaciones del jefe de gobierno como rasgo característico en el desempeño de los funcionarios públicos, y hasta de trasladar esa exigencia a integrantes de otros poderes.
Tales rasgos dominan el devenir de la gestión gubernativa en las distintas materias, desde luego que en el rubro de la seguridad pública no tendría por qué ser diferente. La idea del gobierno ha sido la de realizar esa vital tarea mediante la centralidad de una institución clave, la Guardia Nacional, lo que llevó a reformar la Constitución en 2019 a fin de reconocer a dicho organismo, así como para establecer el papel que debía jugar dentro de un esquema que combina su participación con el de las policías locales.
Resulta evidente, el gobierno encaminó su accionar al margen de acreditar un estricto apego a las disposiciones adoptadas tendentes a que la Guardia Nacional se dirigiera a consolidarse como institución de carácter civil; tampoco el Senado de la República realizó el papel que debía cumplir para analizar los informes anuales emitidos por el gobierno sobre el avance que mostraba el órgano de seguridad y, en todo caso, plantear un debate al respecto.
Por ende, la situación que se vive es que frente al término del periodo de transición para que la Guardia Nacional cesara, en marzo de 2024, el uso de la facultad presidencial de solicitar el apoyo suplementario, excepcional, extraordinario y subordinado de las fuerzas armadas, en auxilio a dicha institución, muestra que la capacidad operativa de la misma se prospecta muy lejana a la posibilidad de que cumpla, por sí misma, su trascendente tarea frente a esa frontera de tiempo.
El hecho plantea un gran fracaso en cuanto al propósito de consolidar una verdadera política nacional en materia de seguridad, en donde la Guardia es una pieza relevante, pero no la única, pues también está lo relativo a los mandos locales; sin embargo, el exiguo presupuesto que se ha canalizado para ellos, y también el antecedente de las transferencias que se acostumbraron, en el pasado, para reorientar recursos federales destinados a la capacitación y equipamiento de policías, y que fueran canalizados hacia otros destinos -con muy honrosas excepciones-, reporta una gran debilidad de los servicios locales de seguridad.
Por otra parte, el apremio financiero que viven la gran mayoría de las entidades federativas y las bajas transferencias que la federación les realiza para atender el renglón de la seguridad, hace que la posibilidad de brindar respuestas eficientes al respecto, penda del respaldo que les pueda otorgar la Guardia Nacional; a su vez, ésta se encuentra sujeta al auxilio que le puedan brindar las fuerzas armadas de la mano de la facultad otorgada al presidente de la República de solicitar su colaboración.
Hace rato que está pendiente un auténtico debate que conduzca al diseño de una política eficiente y a una organización que garantice la aspiración de brindar seguridad para todos los habitantes del país, en donde se logre la adecuada colaboración entre órdenes de gobierno, instancias e instituciones. Es evidente que para ello será decisivo, pero no suficiente, el contar con una Guardia Nacional de carácter civil; pero también es evidente que esa vía está descarrilada.
Frente a ese panorama, que arrastra graves déficits en la atención del gobierno y del Senado de la República en su tarea de analizar y aprobar los informes anuales sobre la materia, todo indica que la excepcionalidad de la colaboración de las fuerzas armadas conforme a la solicitud de apoyo que plantee el presidente de la República deberá extenderse hasta el fin de la administración; el nuevo gobierno estará llamado a superar el faltante de una auténtica política de seguridad nacional, en la inteligencia que, en tanto logra instrumentarla, podrá solicitar el apoyo de las fuerzas armadas, o no hacerlo. Se trata, por tanto, de una ampliación casuística.
Así, se ha caído así en una situación que no es la mejor, pues cuelga de una excepcionalidad y de una transitoriedad ampliada que la mayoría no deseamos. ¡El ogro exabrupto hace de las suyas!