Apoyo con firmeza la protesta de los trabajadores del Poder Judicial. Ante una reforma que busca politizar la justicia y someterla a los intereses del Ejecutivo, su paro es una respuesta legítima frente a la creciente intromisión del gobierno en la esfera judicial. Es un gesto que, en principio, busca defender la independencia de jueces y magistrados, y garantizar que la impartición de justicia permanezca libre de interferencias externas.
Sin embargo, el caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es completamente distinto.
Los ministros, como cualquier trabajador al servicio del Estado, no tienen derecho a la huelga. La ley es clara: aquellos que ocupan cargos en el servicio público no pueden suspender sus funciones bajo este pretexto. Y, sin embargo, su reciente cese de actividades se asemeja a una huelga, un paro político sin justificación legal que, en esencia, niega el acceso a la justicia a millones de mexicanos. Es una huelga de facto.
Este paro coloca a los ministros en una posición sumamente peligrosa. Si bien podría interpretarse como una protesta en defensa de la independencia judicial, también abre la puerta a que el Ejecutivo, encabezado por un presidente sediento de control y revancha, aproveche la situación para justificar un atropello sin precedentes: una requisa de facto sobre la Suprema Corte.
Aquí reside la paradoja: al igual que el paro de los ministros carece de sustento legal, una requisa de facto por parte del Ejecutivo tampoco tendría fundamento jurídico. No obstante, la falta de justificación legal en ambos casos es precisamente lo que podría permitir al presidente actuar con total impunidad. Si los ministros deciden cesar sus funciones, el argumento para intervenir y garantizar la continuidad de la impartición de justicia sería utilizado por López Obrador como una justificación para tomar el control del máximo tribunal. El hecho de que el paro no esté contemplado legalmente como un derecho para los ministros facilita esta narrativa.
La requisa, en este contexto, sería más sencilla de aplicar a la SCJN que al resto del Poder Judicial. Su estructura limitada, con solo once ministros y un grupo reducido de secretarios, convierte a la Corte en un objetivo mucho más manejable para el gobierno. Sustituir temporalmente a los ministros con juristas militares o afines al oficialismo no sería una tarea compleja, y el Ejecutivo encontraría aquí una excusa perfecta para intervenir, alegando que lo hace para asegurar el acceso a la justicia que, de facto, los propios ministros han negado.
Este escenario no solo es peligroso, sino profundamente contradictorio. Si bien el paro de los trabajadores del Poder Judicial es legítimo, los ministros de la SCJN no pueden ceder a la tentación de una huelga disfrazada de protesta política. Al hacerlo, están facilitando que el presidente justifique una requisa de facto con el mismo vacío legal que critican. En lugar de fortalecer su autonomía, estarían entregando el control de la Corte al Ejecutivo, en bandeja de plata, bajo el pretexto de garantizar la continuidad del servicio judicial.
La justicia no puede ser politizada, ni por los actos del gobierno ni por la propia Corte. Es un servicio esencial que debe mantenerse por encima de los intereses políticos, y ningún ministro debería utilizar su posición para dar lugar a un acto que, aunque disfrazado de protesta, en realidad vulnera los derechos de los ciudadanos a recibir justicia.
En conclusión, mientras que apoyo con firmeza el paro de los trabajadores del Poder Judicial, considero que los ministros de la SCJN deben ser conscientes del peligro que implica adherirse a este movimiento. Su paro no solo carece de base legal, sino que abre la puerta a una intervención presidencial que, bajo la lógica de una requisa de facto, tendría consecuencias devastadoras para la autonomía judicial en México. El deber de los ministros es mantenerse al margen de este tipo de protestas, pues el verdadero enemigo de la justicia no se encuentra dentro de la Corte, sino en la obsesión de un gobierno que busca someterla.