Cuando la exitosa maniobra de la reacción cavernaria en México se apuntó una victoria pírrica, como son todas las victorias de la derecha retrógrada en México, al lesionar la reputación de la ministra Jasmín Esquivel y bloquear así el acceso del progresismo judicial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, seguida del desplante incivilizado de la actual ministra presidenta de dicho organismo en la ceremonia de conmemoración de la emisión del Constitución de 1917 en Querétaro México al no levantarse de su silla ante la presencia del Jefe de Estado en el recinto de la ceremonia protocolaria, nos preguntamos en una columna en este mismo especio, si ello constituía el “banderazo de salida” de la integración de un “Partido Judicial” formado por una coalición política de facto de jueces, magistrados y ministros que inmediatamente respondieron al desplante incivilizado de la ministra Piña liberando a distintos presuntos responsables de delitos graves de delincuencia organizada en abierto desafío a la FGR como instancia del Poder Ejecutivo.
El “Partido Judicial” es una coalición facciosa de autoridades judiciales (no hablamos del Poder Judicial como instancia constitucional) que están comprometidos con una oposición política e ideológica al actual gobierno, dando cobertura jurídica a sus actividades de grupo. Una serie de resoluciones judiciales cuya ideología jurídica es perfectamente identificable como una del tipo retardatario.
A través del ataque exitoso a la ministra Yasmín Esquivel Mossa para impedir el acceso del progresismo judicial a la presidencia de la Suprema Corte con la patraña de una tesis de licenciatura robada que permitió sacarla de la elección y reponer rápidamente el proceso y elegir a una ministra ideológicamente adversaria declarada de la 4T-4R, impidieron la continuidad del trabajo del ministro presidente Dr. Arturo Zaldívar. Lo lograron y convirtieron al “Partido Judicial”, una coalición de autoridades judiciales facciosas abocada a desestabilizar el actual gobierno y los procesos de elección siguientes, mediante la hoy ocupación de la SCJN en el bastión y retranca contra el proceso de transformación actual.
Es necesario también reconocer que se cometió un grave error de cálculo por no haberse abocado a la tarea de la reforma jurídica al Poder Judicial de la Federación durante la primera etapa del gobierno actual, se fijaron otras prioridades y allí tenemos los resultados. No se estudiaron ni aprovecharon las experiencias latinoamericanas durante los gobiernos del cambio progresista. Es una constante en varios aspectos de las políticas del gobierno actual. No voltea al sur del continente.
Por ejemplo cuando Néstor Kiirschner llegó al poder en Argentina planteó como su prioridad la reforma judicial, y dejó de lado la reforma a la inteligencia, Cuando la SIDE (Secretaría de Inteligencia de Estado que aglutinaba a 13 organismos de inteligencia civil y militar) se involucró en la conspiración para destituir a la presidenta Cristina Fernández, se replantearon las prioridades estratégicas y desapareció la SIDE sustituyéndola por un nuevo organismo, salieron más de 1,500 ex agentes y directivos de inteligencia. La experiencia revalorada fue que ambas instituciones se vuelven un bastión de la reacción en proceso de cambio nacional con sentido del progreso social económico y político.
Se tienen que actuar sobre ellos al inicio de tal proceso. En Brasil “Lula” Da Silva y Dilma Rousseff pagaron también el error estratégico. Chávez actuó simultáneamente y se echó encima a EUA porque sabía que estaba en la ruta correcta. Ya ni hablar de Salvador Allende en Chile. El otro gran bastión que no pueden dejar de ocupar es el ejército, la fuerza armada. Chávez lo vio bajo el consejo de Fidel Castro y aún tienen el poder. No entiendo por qué, los asesores del presidente AMLO no le llaman la atención sobre estos temas cruciales, de los que dependen, buena parte de la suerte de un proceso de transformaciones contra las oligarquías latinoamericanas y la influencia y acción de la fuerza nacional hegemónica sobre el subcontinente.
Recuerdo haber escuchado decir al presidente AMLO que la reforma judicial debía ser obra del propio Poder Judicial. Se equivocó radicalmente. Nunca lo harían, no es su naturaleza político-social, y menos con el status de ultra privilegios otorgados por los gobiernos del PRI y luego los de la alternancia partidista (2000- 2012). No lo harán jamás. El diagnóstico fue equivocado, el Dr. Zaldívar no tenía mayoría en la Corte para impulsarla. Prolongar su mandato fue también una apuesta equivocada que pretendió enmendar el error de origen. No había consenso para tal medida que forzaba el ordenamiento constitucional respectivo.
Nadie que sea un analista o estudioso, no formalista, y serio en el estudio de los procesos de equilibrio de poderes y acción de uno con relación a los otros, puede negar la existencia de una ideología determinada en los integrantes del Poder Judicial en un Estado Nacional, más aún si este se conceptualiza como Estado Constitucional un poder consagrado a dar vigencia permanente al pacto social establecido entre la sociedad y el Estado, lo que hoy llaman una instancia de control constitucional. Pero dicha trascendente función no es neutral:
“El problema se produce cuando dicha ideología se refleja de forma patente en sus sentencias, hasta el punto de que el juez, atenazado por sus prejuicios ideológicos, manipula las interpretaciones de las leyes en beneficio de su propia orientación de pensamiento, o incluso tergiversa los hechos que debe juzgar con el mismo fin. Es más que probable que el juez que obra de ese modo no sea consciente de ello, o bien que siendo consciente crea estar obrando rectamente, para un buen fin colectivo, incluso para la defensa de una “razón de Estado”, que naturalmente se compagina –es difícil que sea de otro modo– con su orientación ideológica”.
Nieva, Fenoil, 2018
Se trata de un problema muy complejo pero susceptible de analizarse y desglosarse. A México le urge remover la estructura judicial que sirvió al partido de Estado y al despotismo presidencial represivo y corrupto. Sin ese Poder Judicial sumiso, abyecto y ultra privilegiado “la dictadura perfecta” nunca se hubiera prolongado 80 años, 100 lleva ya en el Estado de México. Es un gran cambio en México, revolucionario, destruir una estructura anquilosada y reaccionaria que sirve a intereses oligárquicos. La soberanía pertenece al pueblo, no olvidarlo.