Ser periodista ha sido una profesión de alto riesgo en los últimos años, si bien en el sexenio pasado era peligroso, en la presente administración federal ha incrementado el riesgo para ejercer libremente está profesión.
La desaparición de Jaime Barrera es un trágico recordatorio del peligro que enfrentan los periodistas en México, este incidente refleja la creciente vulnerabilidad de aquellos que buscan informar con valentía y transparencia. La libertad de prensa es un pilar fundamental de la democracia, y es fundamental que se proteja y se respete en todo momento. La sociedad mexicana debe exigir justicia y seguridad para todos los periodistas, garantizando que puedan realizar su trabajo sin temor a represalias o violencia.
Está claro que el ejercicio del periodismo en México bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha vuelto cada vez más peligroso, como lo demuestra la desaparición de Jaime Barrera. Si bien en el sexenio anterior de Enrique Peña Nieto ya se observaba un grave riesgo para esta profesión, durante este periodo el peligro ha aumentado considerablemente.
Para frenar esta amenaza a la profesión periodística, es crucial que tanto el gobierno como la sociedad civil trabajen en conjunto para garantizar la seguridad de los periodistas y promover un ambiente propicio para la libertad de expresión. Esto implica implementar medidas de protección efectivas, investigar y sancionar los casos de violencia contra comunicadores, así como fortalecer las instituciones encargadas de velar por la libertad de prensa.
Quienes están involucrados en frenar la verdad son variados y pueden incluir actores políticos, grupos de poder económico y, lamentablemente, en algunos casos, miembros de fuerzas de seguridad o incluso el crimen organizado. La impunidad que rodea muchos de estos casos contribuye a perpetuar el clima de miedo y censura.
El crimen organizado ejerce un control significativo sobre la libertad de expresión en el país, utilizando la violencia y la intimidación para silenciar a periodistas que investigan sus actividades o denuncian su influencia. Esta situación representa un desafío importante para la democracia mexicana y requiere una respuesta integral y coordinada por parte de todas las partes interesadas para proteger el ejercicio del periodismo y garantizar el acceso a la información veraz y relevante para la sociedad.
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