El progreso de la democracia mexicana debe ser evaluado en función de un enunciado clave:
La democracia no debe ser entendida sólo como una estructura jurídica o un régimen político, sino también como un modo de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, según el artículo 3o constitucional.
Así es que conviene preguntarnos:
¿Estamos mejorando o no dentro del marco del régimen político y la estructura jurídica de la democracia pluralista o es justificable limitarla a cambio de justicia social?
¿Mejoramos más en el período del partido y el presidencialismo hegemónico al aplicar la estrategia económica del desarrollo estabilizador entre 1950 y 1970 o cuando entre 1970 y 1982 se giró hacia el llamado populismo que sacrificó la estabilidad macroeconómica heredada pero tensó la estructura social?
¿Mejoramos más o al menos no retrocedimos durante el régimen partidario pluralista con hipo-presidencialismo y redistribución de poderes desde 1977 en adelante, aunado a la estrategia neoliberal globalizante y la economía abierta con énfasis en los derechos individuales y el sector privado?
¿Mejoramos más o no en el reciente periodo del giro hacia el pluralismo moderado y un nuevo presidencialismo mezclado con socialdemocracia popular y comunitaria más reorientación hacia la estrategia económica mixta que intenta reposicionar al sector público?
¿Hemos avanzado al proteger, garantizar y promover los derechos no sólo individuales sino sociales y colectivos en estos últimos tres años o se trata sólo de un paliativo insuficiente?
¿Hemos progresado al ampliar los derechos de participación política de la democracia representativa a la democracia directa o participativa, por ejemplo, mediante las consultas populares o la revocación del mandato?
El futuro de la democracia
¿Somos hoy más conscientes y actuantes las y los ciudadanos que lo que éramos ayer y fueron las generaciones previas con respecto a los derechos, la democracia o el papel y la efectividad de los gobiernos?
¿Bajo qué condiciones será posible reducir los riesgos que la escasez, la inseguridad o la falta de controles, la irresponsabilidad y la impunidad plantean a la participación política libre y auténtica?
¿Qué elementos de las iniciativas y propuestas de reforma electoral nos permitirían preservar y aumentar la integridad en el ejercicio del sufragio y remontar el déficit de legitimidad y eficacia de la representación política y la legislación?
¿Después de la revisión de los patrones institucionales legados por las decisiones, buenas y malas prácticas, aciertos y errores de los decenios previos y el sexenio en curso, en que términos reajustar la operación administrativa y el papel de los poderes judiciales?
¿Cómo reconstituir la unidad en el pluralismo y la diversidad, a la vez que estimular la cultura cívica en el contexto de la sociedad líquida contemporánea?
¿Cuáles son, por ejemplo, los alcances y límites de la tecnología digital para reforzar las garantías de la democracia constitucional?
Reflexión sobre la democracia
Requerimos una reflexión amplia, serena, informada y crítica, bien planeada y desahogada, abierta al pluralismo y a la ética del discurso de todos los dialogantes, antes que cualquier otra reforma constitucional.
Como en todo proceso de cambio profundo, es importante practicar balances periódicos sobre el devenir, de tal suerte que podamos generar insumos para enriquecer el proceso democrático a partir del pensamiento crítico.
Después de las elecciones del mes de junio próximo y antes del inicio del nuevo periodo legislativo federal, ante los hechos de un mundo cambiante y el contexto nacional complejo, nos debemos un amplio ejercicio de reflexión.
Es probable que así podamos encarar, al disponer de mejor conocimiento y saber, los difíciles tiempos por los que seguimos transitando.