Si algo prueban los resultados de las seis elecciones de gobernador pasadas es que el CEN del PRI sirve más para dañar que para fortalecer a sus candidatos. Fue responsabilidad del CEN que el PRI virtualmente perdiera el registro en Quintana Roo, de la misma forma que el desastre de Hidalgo fue debido al contubernio con la dirigencia del PAN para imponer a la candidata afín a Rubén Moreira sobre la poderosa clase política local. Durango fue un buen resultado a pesar de su cúpula en la ciudad de México.
El desprestigio reciente del PRI viene de su dirigencia nacional. Las dificultades con la justicia penal de Moreira en Coahuila y de Moreno en Campeche son consecuencia de una conducta delictiva a lo largo de toda su trayectoria política. Su enriquecimiento ha sido desmesurado, como el de otros gobernadores, muchos de ellos ahora en la cárcel. Ambos invocan persecución a manera de ganar impunidad.
Este mes, Morena adelantará a Delfina Gómez como candidata mediante un cargo de dirigencia local relativa a coordinación de los comités de defensa de la 4T, figura para eludir cargos por actos anticipados de campaña, un evidente fraude a la ley. Si hay congruencia, Ricardo Mejía debe ser seleccionado en Coahuila. En ese entorno el PRI deberá perfilar en breve candidatos para ambas elecciones.
Por su parte, el INE ratificará el criterio absurdo de imponer equidad de género en cargos unipersonales, a contrapelo de la democracia interna de los partidos, determinación sin precedente en el mundo democrático. Pero así son estos tiempos, y eso significa que lo más probable sea que en el Estado de México el tricolor postulará candidata y en Coahuila candidato, seguramente Manolo Salinas, quien hoy encabeza las intenciones de voto priistas y en la contienda constitucional.
Que el PRI tenga que presentar candidata en el Estado de México compromete el acuerdo de coalición con el PAN y con Movimiento Ciudadano porque ambos tienen prospectos competitivos hombres, Enrique Vargas y Juan Zepeda, respectivamente. Alejandra del Moral, la dirigente que llevó al PRI y a la coalición al triunfo en la pasada elección es quien tiene mayor respaldo de la clase política local, aunque Ana Lilia Herrera también tiene lo suyo. Si declinara Vargas, él sería quien escogería candidata.
La idea de una elección primaria es la fórmula idónea para ambos Estados de construir una alianza opositora incluyente. El problema es que el criterio de paridad del INE conspira contra esta solución democrática. Coahuila intentó modificar su Constitución, pero enfrentó el criterio de la mayoría la Corte que pretendió imponer desde ahora que todos los partidos postularan mujeres, incluso los independientes. Si el panismo postulara hombre en el Edomex, no podrá sumarse en coalición con el priismo en Coahuila, ya que seguramente su candidato será hombre.
La Constitución no determinó la equidad de género en cargos unipersonales. El criterio del INE, respaldado en su momento por el Tribunal Electoral y por lo que se sabe, por la mayoría de la Corte, significaría que también la Presidencia habría alternancia de género, por encima del derecho a ser votado, esto es, se despojaría a la mitad de la población de tal posibilidad. El populismo tiene diversas expresiones y ésta es un claro atentado a dicho derecho, mientras que la democracia interna de los partidos, al igual que en el pasado, es ignorada. El desprestigio de los partidos deviene de su autoritarismo y especialmente de su cerrazón para postular candidatos de manera democrática.
La realidad es que, de no acordar género entre los integrantes de la alianza Va por México, difícilmente habrá coalición formal. Es posible que el acuerdo será por la vía de los hechos, para que ante la proximidad de la elección, candidatos o candidatas declinen por quien tenga mayores posibilidades de derrotar al adversario común en el supuesto de que les llevara ventaja. Todo está por verse.