La proliferación de aplicaciones de préstamos y empresas Fintech en México ha desatado una crisis silenciosa que afecta a miles de familias. Como representante de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, he sido testigo directo de cómo estas plataformas digitales, que prometen ser una solución financiera, se han convertido en un problema mayor para muchos mexicanos.
Instituciones financieras tecnológicas o Fintech, como Dineria, Moneyman, Avafin, Vexi, Vivus, entre otras, operan dentro del marco legal actual, con autorización de la CNBV para operar en México, pero en muchos casos, violentando los derechos de las personas de forma grave, esto debido a la falta de una correcta regulación y sanciones por parte de la autoridad.
Y es que siguen un patrón el cual es consistente y alarmante. Las personas, atraídas por la promesa de dinero rápido y sin complicaciones, se encuentran atrapadas en un ciclo vicioso de deuda. Las tasas de interés que manejan estas aplicaciones son exorbitantes, llegando en algunos casos a superar el 1000% anual, una cifra que hace prácticamente imposible saldar la deuda inicial.
Pero el verdadero problema va más allá de los intereses usureros. Las prácticas de cobranza han cruzado líneas éticas inaceptables. Hemos documentado casos de acoso sistemático, amenazas y violación a la privacidad de los deudores. Estas empresas utilizan tácticas intimidatorias que vulneran los derechos fundamentales de las personas.
La falta de transparencia es otro aspecto crítico. Los términos y condiciones suelen estar redactados de manera confusa, ocultando información crucial sobre los costos reales del préstamo. Agregando que ena mayoría de los casos, ni siquiera le dan un contrato previo a la autorización del préstamo al cliente, dejando a este en un escenario de desconocimiento sobre los términos y condiciones del préstamo otorgado. Además, la seguridad de los datos personales está en riesgo constante, con múltiples reportes de donde la persona es contactado por otras aplicaciones de préstamos sin haberles dado sus datos de contacto.
Como organización, exigimos una regulación más estricta y efectiva y estamos trabajando para lograr ese objetivo. Las autoridades financieras deben establecer límites claros a las tasas de interés y implementar mecanismos de supervisión más rigurosos. No podemos permitir que la innovación tecnológica se convierta en una herramienta de explotación financiera.
Como organización, no nos hemos limitado a señalar el problema. Hemos tomado acción concreta presentando una iniciativa de reforma a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, la cual ya ha sido aprobada en la Cámara de Diputados y actualmente espera su ratificación en el Senado de la República.
Nuestra propuesta busca establecer un marco legal más estructurado que proteja efectivamente a los usuarios de servicios financieros digitales. Los puntos centrales de esta reforma incluyen el establecimiento de topes máximos a las tasas de interés, el registro obligatorio de estas empresas ante la Condusef, una vigilancia más estricta sobre sus prácticas de cobranza y la implementación de sanciones más severas para quienes incumplan con la nueva normativa.
Es fundamental que la población comprenda que existen alternativas más seguras. Las instituciones financieras tradicionales y algunas Fintech reguladas ofrecen opciones de crédito más justas y transparentes. La solución no está en prohibir la tecnología financiera, sino en asegurar que opere bajo principios éticos y justos.
La crisis de los préstamos digitales es un llamado de atención. Como sociedad, debemos exigir un sistema financiero que promueva el bienestar de las personas, no que las hunda en la desesperación. La transformación digital del sector financiero debe ser una herramienta de inclusión y desarrollo, no un mecanismo de empobrecimiento sistemático.
La lucha contra estas prácticas abusivas continúa, y desde nuestra organización seguiremos alzando la voz por quienes han sido víctimas de este sistema predatorio. El cambio no solo es posible, está en marcha, y con la aprobación de estas modificaciones a la actual LEY FINTECH en el Senado, daremos un paso significativo hacia un urgente esquema regulatirio hacia las Fintech qué operan actualmente de forma “legal” en el país y así tener un sistema financiero más justo y equitativo para todos los mexicanos.