El panorama económico de México para 2025 y 2026 está marcado por una desaceleración significativa, influenciada por factores externos como las políticas arancelarias de Estados Unidos y desafíos internos relacionados con la regulación energética, las reformas judiciales y las debilidades en la política laboral.
Crecimiento económico y riesgos externos. Las proyecciones de crecimiento para México han sido ajustadas a la baja por organismos internacionales. El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé una contracción del PIB del 0.3% en 2025, mientras que el Banco Mundial estima un crecimiento nulo para el mismo año. Estas revisiones responden en gran parte a la política arancelaria estadounidense, que impacta la inversión y el consumo en México. Lo anterior refleja bajo impacto del Plan México y eso no ha sido del agrado del oficialismo, que en su visión todo lo hace muy bien.
Además, el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos podría afectar las remesas, uno de los principales motores de consumo interno. En 2024, las remesas representaron el 4% del PIB mexicano, y una disminución en este flujo tendría efectos negativos en el comercio, el consumo de bienes durables y la estabilidad de las economías locales. En especial de las más dependientes de esas remesas por el bajo desarrollo económico y el tamaño de su población. Es el caso de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Zacatecas e incluso Puebla.
El sector energético y la confianza inversora. La reforma energética ha generado preocupación entre los inversionistas. Aunque se pretende fortalecer la soberanía energética, la falta de reglas claras y la mayor intervención estatal han inhibido proyectos privados en energías renovables y el mejoramiento de la infraestructura. La inversión privada en energía cayó un 18% en 2024, reflejo de esta desconfianza.
El desempeño de Pemex y CFE. Pemex reportó una pérdida neta de MX$430.1 mil millones en el tercer trimestre de 2024. Por su parte la CFE también enfrenta perdidas y rezagos en modernización y eficiencia. Estos malos resultados comprometen las finanzas públicas y limitan la capacidad de inversión en otros sectores estratégicos.
Las obras emblemáticas del sexenio pasado siguen demandando apoyos y recursos económicos relevantes, pero cuando llegaran a punto de equilibrio es un misterio. Ahora se anuncian trenes por aquí y por allá o fabricación de vehículos eléctricos. La pregunta es si hay recursos para ello o nos enfocamos en salud, infraestructura, educación y seguridad.
Crédito y concentración bancaria. El crecimiento del crédito privado fue del 14.4% interanual en 2024, liderado por el crédito empresarial. Sin embargo, el crédito a pymes sigue limitado, con una participación menor al 8% del total, debido al riesgo percibido y la falta de garantías. El crédito de nómina y de consumo muestran crecimientos moderados pero con alzas en morosidad del 5.6% y 7.2% respectivamente.
En hipotecas, aunque se mantiene un crecimiento del 6% anual, los altos costos de financiamiento y la baja formalidad laboral están limitando la demanda. Las grandes empresas siguen captando la mayor parte del financiamiento bancario, exacerbando las brechas estructurales.
El sistema financiero mexicano mantiene una alta concentración: BBVA, Santander y Banorte, concentran el 70% de los activos. Las SOFOMES y SOFIPOS, aunque activos en el financiamiento a pymes y consumo, enfrentan retos de liquidez y regulación más estricta para 2025.
La próxima convención bancaria tendrá tema a discutir con el asunto de las tasas de interés que la presidenta Sheinbaum busca reducir, pero más allá de que si Banco de México bajó la tasa de referencia está no bajara por decreto, pues las condiciones de riesgo no son las adecuadas.
Para el ciudadano de a pie las tasas de interés en nómina y consumo seguirán arriba del 100% anual. Para las entidades financieras que participan en estos segmentos esta basada ahí su rentabilidad para compensar la alta tasa de morosidad. Esto es lo buenos clientes subsidian a los morosos.
El mercado hipotecario es un segmento concentrado en 5 instituciones y en noviembre más de 10 entidades en el país, que por las características del producto y riesgo se enfocan en segmentos medio alto y alto.
El caso de la banca de desarrollo hace ya 25 años que dejó de ser impulso al sector productivo privado. Sus recursos son etiquetados a los grupos afines al gobierno en turno y a fortalecer la propaganda de que todo va de maravilla. La realidad es otra y sus carteras vencidas son altas y con baja recuperación judicial.
Tema aparte es la sobre regulación y deficiente supervisión de riesgos en CNBV y Condusef, donde se ha mantenido desde hace décadas el continuismo y ahora más de perfiles políticos afines al oficialismo en vez de gente preparada en el sector financiero privado. Las consecuencias de ello son bajos niveles de aprobación de oficiales en certificación de prevención de lavado de dinero, al igual que los fraudes a inversionistas y ahorradores en diversas instituciones no bancarias, el más reciente el caso de la sofipo CAME.
Reforma judicial y estabilidad institucional. La propuesta de elección popular de jueces genera preocupación por el debilitamiento de la independencia judicial. La ignorancia sobre el proceso entre votantes, la politización y los antecedentes cuestionables de varios aspirantes podrían aumentar la inseguridad jurídica, afectando las decisiones de inversión y el costo de financiamiento en el mediano plazo. La reforma judicial no entró al detalle de los tiempos procesales en resolución de los asuntos civiles y mercantiles, como si con cambiar a las personas se resolviera el problema, por el contrario si estamos mal, con esta reforma judicial estaremos peor, pues todo se trata de verborrea de pueblo y de buenos y honestos. Pero de impartir justicia pronta, expedita y gratuita de eso no se habla. En tanto sigan siendo lentos los procesos de resolución judicial y ejecución de garantías reales. El crédito seguirá caro y escaso.
Empleo formal y crecimiento de calidad. México enfrenta una carencia de políticas efectivas para incentivar empleos formales de calidad. Durante 2024, sólo el 38% de los nuevos empleos creados fueron formales y con prestaciones completas, lo que limita la base de trabajadores elegibles para crédito hipotecario, de consumo y de nómina, afectando indirectamente al sector financiero.
El sector financiero mexicano enfrenta un entorno desafiante caracterizado por el bajo crecimiento económico, la incertidumbre regulatoria, los riesgos institucionales y el deterioro de los factores sociales como las remesas y el empleo formal. Para sostener la estabilidad, se requieren políticas públicas que fortalezcan la transparencia institucional, promuevan el empleo formal de calidad y garanticen la certeza jurídica para la inversión nacional e internacional. La inclusión financiera más allá de dientes para afuera. Requiere de mejora en el nivel de ingresos per cápita y eso necesita tiempo y políticas publicas logrables.