La paupérrima educación pública en México es, para desgracia de los niños y jóvenes de este país, una problemática estructural.
A lo largo de las décadas, el Estado mexicano no ha sido ni mínimamente capaz de ofrecer una educación pública de calidad. Por el contrario, los intereses de la niñez y de la juventud han estado sometidos a los vaivenes políticos y gremiales.
La reforma educativa de 2013, cuyo objeto central era que el Estado recuperase la rectoría de la educación en detrimento del poder sindical, si bien parecía estar bien dirigida, fue brutalmente desmantelada por el primer Congreso de mayoría morenista.
Se eliminó en 2019 el Servicio Profesional Docente, el INEE y todos los mecanismos jurídicos para que los maestros pudiesen superarse por su cuenta sin la necesidad de servir de soldados de batallas electorales. Si bien la reforma impulsada aquel año no era perfecta, sí que brindaba luces hacia una eventual verdadera transformación de lo que tiene lugar en las aulas.
Hace unos días Alfonso Cepeda Salas, líder del SNTE, declaró que alrededor de un millón de maestros se afiliarían a Morena. Según dijo el líder sindical, sería por razones de “lealtad”. En realidad no es algo más que una nueva versión de una práctica corporativista propia del PRI de antaño; misma que yace detrás de la tragedia educativa que continúa hipotecando el futuro del país.
Con ello, un gran número de maestros de educación pública serán primero instrumentos de movilización política, dejando a un lado cualquier consideración hacia sus obligaciones en el aula de clase.
Y como corolario, no está de más recordar al lector que Alfonso Cepeda Salas es senador de Morena por el estado de Coahuila.
Lo que ocurre es una pena. Una vez más, como si no hubiese sido suficiente lo que se ha atestiguado en el pasado, la educación pública de los niños y jóvenes mexicanos está sujeta a los intereses gremiales de un poder fáctico cuya prioridad no es lo que se enseña en clase, sino acomodarse a los intereses del régimen. Trágico.