El lunes 28 de agosto, la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reunió a la cúpula del poder judicial federal y habló a nombre de los 55 mil integrantes de este poder, para presentar su presupuesto 2024, que asciende a 85 mil millones de pesos en números redondos, que equivale a un aumento del 4% real y del 10% nominal.
La forma y el fondo del mensaje de la ministra Piña fue elocuente. Fue convocado como una sesión solemne. ¿Qué de solemne tuvo la presentación del presupuesto? Nada. La ley simplemente establece que la Secretaría de Hacienda concentra los proyectos de presupuestos del gobierno federal, los organismos autónomos y los otros poderes.
La discusión de egresos iniciará hasta que ambas cámaras del Congreso de la Unión aprueben la ley de ingresos, simplemente porque debe existir certeza en cuanto serán los recursos disponibles. La ministra se adelantó. Le ganaron las ansias. Quiso mostrar músculo, que no está sola, que la acompañan 55 mil jueces y servidores públicos.
Cualquier administrador sabe que la aprobación del presupuesto depende de su forma de presentarlo. La ministra Piña lo anunció de una manera engañosa, diría perversa, porque condicionó el acceso a la justicia de los pobres, el 47% de la población según el CONEVAL., la justicia electoral del proceso del próximo año y el equilibrio de poderes y la independencia judicial, al 4% de incremento. ¿De verdad, de eso depende el acceso a la justicia?
¿Para qué quiere Norma Piña casi 8 mil millones de pesos más? Para seis cosas: a) la atención de litigios electorales del próximo año; b) al millón 300 mil casos nuevos que se esperan en el ámbito federal; c) a la creación de 45 tribunales laborales; d) a la aplicación del sistema de justicia civil y familiar, e) al fortalecimiento de la defensoría pública y f) a la operación de la Suprema Corte.
La ministra Piña olvidó decir que varios de estos temas, iniciaron desde este año y que se mantendrán. Además, no hay problema, si la justificación de los gastos es adecuada, la Cámara de Diputados otorgará los recursos.
La ministra Piña en su mensaje de casi 15 minutos y más de mil quinientas palabras, no dedicó un sólo segundo y ni una sola palabra a un ejercicio de autocrítica. Desde hace más de 70 días que Ricardo Monreal, antes de pedir licencia para competir por la coordinación nacional de defensa de la 4T, hizo pública una lista de 40 excesos y privilegios de los cuales gozan los ministros de la Suprema Corte. Ninguno de los integrantes de la Corte desmintió lo dicho por Monreal.
Los ministros de la Suprema Corte son los mejores pagados del mundo, mientras que varios tribunales del país carecen de los materiales elementales para cumplir con sus funciones.
El poder legislativo tiene la última palabra. La Cámara de Diputados debe aprobar recursos al poder judicial para cumplir con sus funciones constitucionales y legales; así como los recursos que permitan el acceso a la justicia a quienes menos tienen, pero debe eliminar los excesos y privilegios de los ministros. Eso pienso yo, ¿usted qué opina? La política es de bronce.
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