Todo empezó mal desde el comienzo. El INE, guiado por criterios que distaban de apuntar hacia una más genuina representación de lo que se votó en las urnas, decidió por mayoría otorgarle al oficialismo más de las dos terceras partes del Congreso.
El Tribunal lo ratificó. Con el voto en sentido contrario de la magistrada Janine Otálora, quien hoy merece el mayor respeto de los admiradores de la democracia, la Sala Superior avaló la decisión de la autoridad electoral.
Según esgrimieron los miembros del órgano, las razones que yacieron detrás de su decisión eran que se acataban la ley y la jurisprudencia. Falso. Cada uno de ellos sabía bien que el propio artículo 54 constitucional impone restricciones a que una fuerza política cuente con más de 300 diputados. Y en todo caso, debieron saber, pues es conocimiento básico para cualquier abogado, que la jurisprudencia está sujeta a rectificaciones de criterio a la luz de nuevos contextos.
Sí, como ha sido señalado por un gran número de analistas y abogados constitucionalistas, el Tribunal Electoral le concedió a Morena y a sus aliados una mayoría espuria; misma que sería inmediatamente después utilizada para edificar una reforma dirigida a destruir a uno de los poderes de la República.
La connivencia del Tribunal no se limitó a estos hechos, sino que ha continuado. En días recientes, en medio de la querella en torno a los trabajos del comité de evaluación del Poder Judicial, la Sala Superior, sin competencias, remitió al Senado las listas de postulantes. Según se ha estipulado, serán seleccionados a través de una vergonzosa tómbola.
¿Está previsto en la Carta Magna que el Poder Legislativo se erija en suplente en caso de que otro poder no cumpla con sus labores en materia de evaluación de candidatos? La respuesta es sencilla.
En adición, hace un par de días la magistrada Mónica Soto aseveró, ufana, que un juez de distrito no contaba con competencias en materia electoral, y que por tanto el comité debió continuar sus labores. Quizás tiene razón. Sin embargo ¿quién le ha otorgado a la presidente del Tribunal las facultades constitucionales para resolver sobre las competencias de un juez federal? ¿Pueden ellos decidir autónomamente sobre acatar o desacatar una orden judicial?
Todo está mal. Rumbo a las elecciones del próximo 1 de junio, México será actor y testigo de un fraude disfrazado de ejercicio democrático. La participación será mínima, y la presidenta Sheinbaum y los voceros del régimen cantarán al día siguiente cómo este país habrá dado una lección al mundo. Será una mentira.