El de ayer fue un triunfo del pueblo y de la democracia ante una intentona de golpe técnico, con intentos de trampa y chicanadas incluidas.
Afortunadamente prevaleció la razón o la vergüenza de algunos de los ministros que aún tienen. Cierto instinto de lo que es correcto y que entendieron que no era posible torcer la ley a ese grado.
El hecho es que intentar modificar las reglas del juego a mitad de un partido, era una movida tan extrema, que al final en la votación no se atrevieron, al igual que aprobar la norma de que la mayoría de 2 terceras partes sobre una Suprema Corte integrada por 11 ministros, era de 6 y no de 8, aunque ahora suene a mera lógica aritmética, ayer se nos probó que en la Suprema Corte de Justicia de Norma Lucía Piña, cualquier cosa es posible y 2 más 2 no son 4, si así se necesita.
La interpretación de la norma jurídica es tan flexible como se necesite, de acuerdo con quien lo pida, y en este caso lo que estaba de por medio no era solamente preservar los privilegios de los ministros y demás burocracia dorada en la Corte, se trataba de seguir con la protección a corruptos, a evasores fiscales, a criminales confesos, a intereses políticos y económicos de la más variada índole y al interés extranjero.
El poder judicial como lo conocemos ya no es sostenible y lo de ayer fue la exhibición de sus fallas y sus vicios en extremo.
Alberto Pérez Dayán es el ministro del ala conservadora, que asumió que la Constitución no puede ser violada de esa manera y fue el dio inició a la cadena de hechos que terminaron con la decisión dentro ir al fondo del asunto del otro ministro, en este caso Juan Luis González Alcántara Carrancá.
No es que la Corte decidiera que no se puede enmendar desde ahí la Constitución, por más que se haya pasado de manera correcta el proceso legislativo de la Cámara de Diputados, el Senado, los congresos estatales y su publicación en el Diario Oficial de la Federación, no es que se analizará y al final humildemente se determinará que no es competencia de un ministro cambiar la norma constitucional y así refrenar la voluntad popular.
No, el hecho se resumió a un asunto de votos, 6 ministros consideraron que no se podría votar una mayoría de 6 frente a una Corte de 11, porque era la mitad más uno y que se necesitan 8 votos.
En eso quedó la discusión, es decir, más allá de las ministras Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres Guadarrama y Loretta Ortiz Ahlf y la suma del mencionado Pérez Dayán, los otros 7 ministros, incluida la presidenta de la Corte, Norma Piña, jamás entraron en la reflexión, es decir no entendieron que su voluntad no se puede imponer a la del pueblo, a la del poder legislativo y a la del poder ejecutivo, porque persistieron en esa arrogancia de pretender ellos ser un faro de sabiduría, en medio de la supuesta ignorancia de los demás.
Es decir, persistir en esa teoría de que el pueblo es tonto, que los mexicanos somos menores de edad y que necesitamos la tutela de otros, que nos pueden guiar y conducir.
Eso se acabó. La reforma del poder judicial sigue vigente y ahora se deben dar los siguientes pasos para hacer realidad la votación en junio del 2025 y que proceda la homologación de esa misma norma constitucional en los congresos de los estados.
Para la anécdota queda el intento de chantaje que el enviado de un periódico financiero intento hacer ayer a la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a los efectos que la reforma del poder judicial podría tener sobre las inversiones y los empleos.
La respuesta de la presidenta fue magistral:
“¿Y por qué no le preguntan a la Corte? ¿Por qué le preguntan a la presidenta? ¿Por qué no le preguntan a la Corte, al presidente de Coparmex, sobre su decisión?
Ósea, porque quienes están violando la Constitución es la Corte, quienes se están sobrepasando en sus funciones es la Corte. Entonces, ¿por qué el periódico El Financiero, o Coparmex, no le pregunta a los ocho ministros de la Corte si ya sopesaron bien su decisión? ¿Si ocho ministros pueden ir en contra de un pueblo de millones y millones de votos, por ahí de 36 millones?
Si ya preguntaron a la Corte si, ¿puede ir en contra del constituyente? O sea, ¿por qué el tema es de la presidenta? Cuando es la Corte quien está queriendo legislar cuando no tiene esas funciones en la Constitución; ocho ministros por encima de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de la mayoría de los congresos locales, de la soberanía que está en el pueblo.
Ahora, ¿no les gusta esa Constitución? Pues no es un asunto de los ocho ministros, es un asunto de una decisión que tomó el pueblo de México.
¿A la oposición no le parece bien? Bueno, vean el resultado de la elección. Entonces, hoy por hoy, esta pregunta que haces hay que hacérsela a los ministros de la Corte y a las ministras de la Corte.”
Y el hecho es que la presidenta Sheinbaum tiene razón, es la Suprema Corte la que pretendido violar la norma constitucional, poniendo al país al borde de una crisis.
Pero es la misma Corte que protege a delincuentes, que libera a criminales, que cubre las espaldas de evasores y ayuda a corporaciones nacionales y del exterior, protegiéndoles con fallos que afectan el interés nacional.
Es la misma Corte que cuesta miles de millones de pesos, al país en la espiral de corrupción.
La pregunta ahí sería: ¿han sopesado cuánto le cuesta al país en inversiones y en empleos productivos seguir torciendo las leyes y el Estado de derecho?
Es para una tarea.
Y el tema no deja ser interesante, porque hay medios que creen que van a sorprender a la presidenta, que siguen pensando que es débil o que va titubear en sus posiciones, o que ignora el contexto, y eso forma parte de la profunda misoginia con que se siguen conduciendo.
Correspondencia a demiandu1@me.com | X: @Demiandu
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