El reciente anuncio del secretario de Salud, Jorge Alcocer, ha dejado un amargo sabor de boca para quienes esperaban mejoras en el sistema de salud público de México. La noticia de que se permitirá realizar cirugías estéticas en hospitales públicos es un reflejo inquietante de las prioridades de la administración actual, aunque la cirugía y la medicina estética nada tengan que ver con la salud pública.
El sistema de salud ha sido un punto crítico y una promesa incumplida de la administración actual. Se prometió elevar la salud de México a estándares de primer mundo, pero la realidad es que, a menos de un año del fin del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, los resultados solo beneficiarán a un selecto grupo de médicos especialistas que han sido apodados el “cartel de la salud”.
En la conferencia “mañanera” del pasado 10 de octubre, Alcocer confirmó la noticia, al declarar que las cirugías estéticas se realizarán en los hospitales públicos si se cumplen ciertos lineamientos, comenzando en la capital del país y eventualmente extendiéndose a otros estados. Esto significa que las camas de hospitales que ya enfrentan una saturación preocupante podrían destinarse a procedimientos estéticos, dejando la atención de verdaderas necesidades médicas en segundo plano.
La administración actual ha trabajado arduamente para crear un marco jurídico que beneficie a los cirujanos plásticos y reconstructivos, permitiéndoles obtener el monopolio de la cirugía estética, una industria global que genera más de 70 mil millones de dólares anuales. México, ubicándose como el tercer país a nivel mundial en cirugías estéticas después de los Estados Unidos y Brasil, se ha convertido en un terreno fértil para esta expansión.
El interés del secretario de Salud en favorecer a este selecto grupo ha llegado a tal punto que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha modificado la especialidad en cirugía plástica reconstructiva a “plástica, estética y reconstructiva”, desplazando a especialistas en otras disciplinas médicas como las de otorrinolaringología, dermatología y cirugía facial.
Es importante destacar que en la misma administración se otorgaron permisos para la Universidad Kirei de Monterrey, Nuevo León, para ofrecer una especialidad en estética en línea, así como una maestría en Estética, Obesidad y Longevidad por parte del Instituto Panamericano de Profesionales Científicos en la Ciudad de México. Curiosamente, Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, criticó enérgicamente este tipo de programas desde las conferencias “mañaneras” durante meses.
La administración también fue responsable de la transición del Seguro Popular al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), con la promesa de abordar los problemas crónicos del sistema de salud. No obstante, las carencias en atención médica, falta de medicamentos y otros problemas persisten, y el Insabi ya se considera un ente desahuciado a pesar de su corta existencia.
Las esperanzas ahora recaen en el sistema IMSS-Bienestar, donde los pacientes con enfermedades graves podrían ser desplazados para dar cabida a las cirugías estéticas en hospitales públicos.
Estas reformas, impulsadas por una colaboración de la Secretaría de Salud, la UNAM, la Cofepris, la Cámara de Diputados y el poder Ejecutivo, plantean serias dudas sobre si se prioriza la salud pública por encima de los intereses económicos. México parece estar operando bajo el cartel de la salud, donde la estética prevalece sobre la atención médica de calidad y el bienestar de la población.
Punto Cero
Importante el anuncio del titular del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) mexiquense, Germán Jalil Hernández, que mandó para consolidar una política empresarial con enfoque social. Explicó que, ante los indicadores económicos negativos que aún enfrenta la entidad, impulsará en el Congreso de la entidad reformas para acelerar el crecimiento económico, revertir la corrupción, incrementar la seguridad pública y garantizar la equidad de género en el mercado laboral.
Periodista | X: @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017