Alguien me dijo: “Si Claudia es candidata presidencial, Rosa Icela no puede ser candidata a la jefatura de gobierno capitalina. ¿No te das cuenta de que sería imposible que dos mujeres compitieran, al mismo tiempo, por las candidaturas más importantes? A fuerza debe ser un hombre y una mujer, en el orden que quieras”.
Objeté tal argumentación absolutamente falsa con las únicas palabras sensatas aplicables en una situación así de lamentable: “Ah, chingao, ¿y de dónde sacas tamaña pendejada?”
Rosa Icela Rodríguez tiene méritos de sobra para ser, el próximo año, candidata al gobierno de la Ciudad de México. Ello al margen de quién se quede con la candidatura presidencial de Morena, que solo disputan la mujer que encabeza las encuestas, Claudia Sheinbaum, y el hombre que va en segundo lugar, Marcelo Ebrard, quien se mantiene en la pelea, aunque cada día se rezaga más, por lo que las posibilidades de victoria no le favorecen.
A la secretaria de Seguridad del gobierno federal no le va mal en las encuestas —solo Omar García Harfuch la supera en las mediciones de preferencias electorales, pero este no es militante de Morena—. Lo más relevante en el caso de Rosa Icela, sin embargo, no son sus estadísticas, sino su amplísima trayectoria como funcionaria en la administración pública capitalina.
En los gobiernos locales de Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera y Claudia Sheinbaum, la periodista Rosa Icela Rodríguez ha sido (cito a Wikipedia):
- Directora general de Participación Ciudadana.
- Directora general de Concertación Política y Atención Social y Ciudadana.
- Representante del jefe de gobierno en las Coordinaciones Territoriales de Seguridad Pública y Procuración de Justicia en dos zonas de alto riesgo, Cuauhtémoc III (CUH-3), en el barrio de Tepito, y Cuauhtémoc VIII (CUH-8), en las colonias Buenos Aires, Doctores y Obrera.
- Coordinadora general del gabinete de gobierno y seguridad pública.
- Encargada de las 71 coordinaciones territoriales de seguridad pública y procuración de justicia.
- Directora general del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores.
- Secretaria de Desarrollo Social.
- Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades
- Secretaria de Gobierno.
En la actualidad Rosa Icela es secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien la acaba de nombrar zar de la lucha contra el fentanilo, lo que le llevará a trabajar con Elizabeth Sherwood, asesora de seguridad del presidente de Estados Unidos Joe Biden.
Todos sus cargos Rosa Icela los ha desempeñado con honestidad y eficacia. Entonces, tiene experiencia suficiente como para ser una eficiente jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y, en cuanto a popularidad —fundamental para una candidatura—, ella pasa la prueba: no es líder en el promedio de las encuestas, pero tampoco está en la última posición. De hecho, solo la supera García Harfuch, pero este ha dicho que no le interesa ser candidato —y si le interesara la tendría muy complicada para ser aceptado por la burocracia de un partido, Morena, en el que no milita—.
Tal como están las cosas, lo más probable es que Morena llegará a las elecciones de 2024 con una candidata presidencial (Claudia) y una aspirante a la jefatura de gobierno (Rosa Icela). Es absurdo pensar que dos mujeres no pueden tener, al mismo tiempo, las candidaturas a los cargos de elección más importantes.
Era imposible que solo dos mujeres contendieran para buscar la gubernatura del Estado de México, la entidad con el mayor padrón electoral. Pero eso es lo que está ocurriendo: Casi seguramente será gobernadora Delfina Gómez, de Morena —con mucha ventaja en las encuestas—, pero también conserva alguna posibilidad de triunfo la priista Alejandra del Moral. No hay hombres en ese proceso electoral, y qué bueno que los partidos los marginaran.
Por cierto, en la oposición las mujeres también dominan. Las encuestas de preferencias electorales también las encabezan ellas, tanto para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México como para la presidencia del país: Xóchitl Gálvez, Lilly Téllez, Margarita Zavala y Beatriz Paredes tienen mejores estadísticas que Santiago Creel —el favorito de la dirigencia del PAN—, Enrique de la Madrid, Alfredo del Mazo y Ricardo Anaya.
¿Y las generalas?
Hay mujeres en la corte suprema —una de ellas, Norma Piña, preside el poder judicial—, este año serán 10 las gobernadoras mexicanas, el Banco de México lo dirige una economista, la mitad del gabinete presidencial es femenino. ¿Qué falta?
Faltan generalas para mandar en las fuerzas armadas de México. Según un artículo del Instituto Nacional de las Mueres de julio de 2029:
- El 100% de los generales de división son hombres.
- El 100% de los generales de brigada son hombres
- El 98.8% de los generales brigadier son hombres.
Es decir, solo hay 4 generalas brigadier… ¿Eso es correcto, general secretario Luis Crescencio Sandoval?
Hay en nuestros ejército y fuerza aérea 25,495 mujeres (11.9%) y 188,762 hombres (88.1%). Debería haber por lo menos un 10% de generalas, no solo brigadier, sino de brigada y de división.
Si no fuera mucho pedir a los mandos del ejército mexicano, quizá valdría la pena que no solo sugirieran, sino exigieran a la próxima presidenta del país tener como secretaria de la Defensa a una mujer: sí, una generala.
¿Y la Secretaría de Marina? Faltan almirantas, supongo que el almirante Rafael Ojeda está consciente de que eso debe cambiar, y pronto. ¿Una almiranta secretaria? Ojalá.
El juez que siembra dudas
Se supo ayer que un juez, Gerardo Alarcón López, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, invalidó varias de las pruebas más importantes con las que la Fiscalía General de la República acusa a Emilio Lozoya por el caso Odebrecht.
No parecen razonables los argumentos del juez para echar abajo las pruebas de la FGR: que información financiera entregada por Suiza y Brasil no se demostró que hubiese sido obtenida mediante orden judicial, y que documentación generada en Estados Unidos se obtuvo violando comunicaciones privadas.
Si no se ven razonables los argumentos de ese juez, tampoco se ven decentes. Si la judicatura federal no investiga rápidamente si el juzgador actuó apegado a derecho, expondrá al poder judicial a fuertes críticas que podrían restarle prestigio. La ministra presidenta Norma Piña, cuyo prestigio personal está fuera de toda duda, no puede apelar a la independencia de los jueces en este caso, que no es político: es un asunto de escandalosa corrupción comprobada.