El presidente López Obrador le tomó bien la medida a la sociedad al excluir de su programa una reforma fiscal. Negar el cambio fiscal es uno de tantos temas muy populares, pero que nada tienen que ver con un sentido responsable del gobernar y menos con un programa de izquierda. Un cambio en el régimen fiscal en México despierta la mayor de las desconfianzas de todos, no sólo de los adinerados; sin embargo, es un curso imprescindible al menos por dos razones: lo que existe no funciona y es ineficaz para recaudar con justicia, además de la amplia discrecionalidad ante los contribuyentes.
Uno de los efectos de la impunidad, de las malas políticas públicas y del régimen fiscal es el tamaño de la economía informal, así como de los hoyos en el sistema recaudatorio. Las exenciones se vuelven abuso y la incapacidad para aplicar la ley significa que cada vez más sean los que desde la formalidad migren parcial o totalmente a los privilegios derivados de la informalidad.
La embarazosa baja recaudación como proporción de PIB lleva a la desatención del Estado de muchas de sus responsabilidades ante la sociedad y para una sólida y confiable situación financiera del país. López Obrador ha desmantelado al gobierno por su aviesa política de gasto. Fondear programas sociales bajo un esquema clientelar han acabado con los ahorros, fondos y fideicomisos acumulados por años; también, ha significado el deterioro de muchos programas fundamentales para el país. La inversión pública ha sido la más baja y el sistema educativo y de salud padecen la escasez extrema, que deviene en el deterioro de la red social de bienestar y de las oportunidades de superación. La recurrencia de tragedias por falta de mantenimiento -no solo del Metro- son evidencia del irracional ahorro de este gobierno. Los más pobres sufren la pauperización del aparato público. Las exigencias financieras para dar servicio al crédito y el aumento del costo de las pensiones plantean un escenario catastrófico de no fortalecer el ingreso público.
En sí mismo, plantear una reforma fiscal es en extremo impopular, pero para el próximo gobierno será inaplazable. Si de ser responsable se trata, deberá romperse con el modelo de las últimas décadas; acabar con los hoyos fiscales y mitigar la informalidad, acciones socialmente explosivas. Esto reclama liderazgo, visión de Estado, capacidad para construir consenso y, sobre todo, vincular el incremento de los ingresos a los beneficios derivados de la política de gasto.
Extorsionar a algunos grandes contribuyentes, como hace ahora el gobierno, no es solución por su ilegalidad; porque su eficacia descansa en el abuso y no en la justicia; es discrecional y lo así recaudado no alcanza, además de la colusión que implica, ya que supone la violación reiterada a la ley para seguir recolectando recursos del contribuyente. Delincuentes fiscales son extorsionados y es un expediente que se repite en el tiempo. Impunidad a cambio de recaudación y, de alguna forma, adhesión política, muy a la medida de la actual administración. Bajo este régimen de impunidad de antemano se advierte que los del oficialismo tendrán pocos problemas para financiar sus campañas.
Llama la atención que sean pocas las voces en la oposición que se refieran al tema. Todos están pensando en ganar o mantener el poder, no en gobernar para bien. Sin embargo, la reforma es impostergable. De no plantear desde ahora alternativas y opciones se quedará igual, aumentar las tasas a los contribuyentes cautivos, que paguen más los mismos de siempre y que los beneficiarios de la exclusión prevista o implícita continúen en condiciones de inequidad e impunidad, o sujetos a la extorsión de autoridades y hasta de particulares. De continuar así, el cobro de derecho de piso para negocios medianamente exitosos amenaza volverse política pública.
El sector empresarial tampoco habla al respecto. Es un secreto a voces la extorsión a los grandes contribuyentes. No se trata de dar la cara por ellos, pero sí denunciar el expediente a todas luces ilegal, abusivo y contrario a la certeza de derechos, indispensable para la funcionalidad de la economía y de la inversión. Es momento de abrir el debate al respecto y, de esta forma, poner las cartas en la mesa para que quede claro que un país justo, un gobierno eficaz, una política social responsable demandan de un sistema fiscal moderno, justo y eficiente.