En México, un país donde el 30% de los hogares son encabezados por mujeres y el 41.3% de los padres están ausentes en la vida de sus hijos, el emprendimiento se ha convertido en una imperativa necesidad que no deja espacio para la elección. La estadística del INEGI sobre cuidados resulta esclarecedora: para las madres autónomas, esto se traduce en una de las triples o cuádruples jornadas que enfrentan diariamente.
Resulta notable que México destaque internacionalmente con una de las tasas más elevadas de mujeres emprendedoras en el mundo: por cada 10 hombres que inician un negocio, 19 mujeres crean su propia empresa. Las mujeres mexicanas que arrancan negocios desde ventas por catálogo, belleza, alimentos hasta bienes raíces, recursos humanos y creación de contenido o comercio digital encabezan los rubros. Sin embargo, esta tendencia surge de la necesidad de generar recursos adicionales para sostener a sus hijas e hijos. Esto es especialmente relevante ante la falta de respaldo económico por parte de los padres ausentes y la falta de sanciones efectivas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de alimentos. En teoría, la pensión alimenticia es un derecho garantizado para los menores. En la realidad, la ineficiencia judicial hace que lograr los alimentos pueda demorar de 1 hasta 3 o 5 años cuando no hay reconocimiento de paternidad y el primer paso legal debe ser la demanda para realizar pruebas genéticas que son cargadas económicamente a las madres. Aquella realidad es desalentadora y se expresa en muchas mujeres que recurren al trabajo en vez de recurrir a los juzgados a tramitar lo que, por derecho, corresponde para sus menores.
A pesar de que las mujeres demuestran ser más exitosas que los hombres en el ámbito empresarial, muchas se ven obligadas a emprender simplemente porque, en 6 de cada 10 casos, no hay suficientes recursos para cubrir las necesidades básicas. Esta situación es evidente en los negocios medianamente formales. No obstante, al explorar la economía informal, se revela un panorama lleno de mujeres vendiendo una variedad de productos, desde verduras hasta postres, alimentos, bisutería y más. Estas realidades se reflejan en las cifras legales, donde apenas el 3.38% de las personas acusadas del delito de “abandono e incumplimiento de obligaciones familiares” son mujeres, mientras que el 96.62% restante corresponde a hombres.
Una vez más, se destaca la urgente necesidad de exigir la creación de un Sistema Nacional de Cuidados que involucre la corresponsabilidad del Estado. Esto contrasta con la agenda de aquellos que buscan cargos públicos, ya que, más allá de la Ley 3 de 3, pocos presentan soluciones a esta problemática. Antes de que los defensores de la libertad y los capitalistas celebren los “incentivos productivos” para el emprendimiento femenino, es crucial poner en el centro la idea de que esto es sobreexplotación, que la desigualdad estructural no es un estímulo económico, sino un abuso por parte de aquellos que no cumplen con su parte, quienes no asumen su responsabilidad financiera-emocional de cuidados y además se amparan en un sistema que permite cómodamente que otra persona lo haga.
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