En medio de la vorágine de acontecimientos políticos y la embestida perpetrada por AMLO y sus corifeos en contra de los órganos del Estado mexicano (la Suprema Corte y los organismos autónomos) las instituciones permanecen y plantan cara a un presidente autoritario que se empecina en dañar su legitimidad pública.
En días recientes se han agudizado los ataques contra la ministra Norma Piña, quien es acusada por el régimen de favorecer intereses privados en detrimento del interés de la mayoría, y peor aun, de defender delincuentes, en un reprobable asalto mediático contra la presidente del máximo tribunal jurisdiccional.
Sin embargo, y a pesar de la popularidad de AMLO y del peso de sus palabras sobre sus bases, las instituciones permanecen erguidas, pues no se doblan ante los chantajes y descalificaciones de Palacio Nacional. Y no solamente las instituciones, sino la sociedad civil; un México despierto que está dispuesto a mostrar su apoyo ciudadano en contra de un presidente cuyos instintos autoritarios amenazan el orden constitucional, la división de poderes y la organización de comicios auténticamente democráticos.
El poder de estos contrapesos lo vimos claramente durante la marcha en favor del INE en noviembre. Gracias a esta legítima expresión ciudadana, donde miles de mexicanos tomaron las calles en repudio a la intentona oficialista de hacer desaparecer al INE, los partidos de oposición rechazaron valientemente las propuestas de reforma constitucional dirigidas a desmantelar a las autoridades electorales.
Tras estos hechos, AMLO y Morena se vieron obligados a diseñar nuevas estrategias extralegales para debilitar al INE, tales como los llamados planes B y C. Y de nuevo, gracias a la valentía de los ministros de la Corte y del Poder Judicial, fue rechazada una parte importante de la reforma legislativa, lo que asestó un duro varapalo a los corifeos de AMLO y puso un alto – temporal, quizá – a las pretensiones autoritarias del presidente mexicano.
La autoridad de los contrapesos también se reflejó con la declaración de inconstitucionalidad de los decretos de AMLO en materia de proyectos estratégicos y de la Guardia Nacional.
AMLO es claramente un presidente autoritario, y como han señalado un buen número de analistas, sus ambiciones dictatoriales han sido contenidas por la participación activa de la sociedad civil, los poderes del Estado, y en particular, la Suprema Corte y hombres y mujeres que no han escatimado recursos para denunciar, mediante argumentos y la toma de las calles, las argucias presidenciales para apropiarse ilegítimamente de los destinos del país.
Rumbo al último año de gobierno de AMLO, y en la antesala de un probable triunfo de Delfina Gómez en el Estado de México, el presidente mexicano y su partido caerán posiblemente en la tentación de “sumar dos rayitas” a su embestida populista.
Impulsados por un indeseable triunfo de la ex secretaria de Educación Pública, podrían recrudecer sus ataques contra los contrapesos. Sin embargo, la sociedad civil organizada y las instituciones del Estado mexicano plantarán cara. A diferencia de otros regímenes autoritarios en América Latina, las instituciones se han alzado a la altura del tamaño de nuestro país.