Más allá del modelo de negocio, el debate sobre las suscripciones a periódicos plantea una pregunta clave acerca del acceso a la información y el futuro de la prensa en una era de desigualdad y de un algoritmo que censura.
La lectura de noticias confiables cada vez es más difícil, la mayor parte de los medios exigen al lector el pago de una suscripción o caer en un algoritmo selectivo y controlado por estados que censuran por omisión.
Esta acción deja a millones de personas sin acceso a información verificada en un contexto donde las fake news a modo que proliferan.
Si bien es cierto que producir buen periodismo tiene costos, la pregunta es ¿quién debería asumirlos?
El debate público, uno de los pilares fundamentales de la democracia, ha ido perdiendo sentido y calidad. Entre las múltiples causas está la polarización social y política, el desencanto hacia los procesos e instituciones, la reducción de los espacios de participación ciudadana y la transformación económica y tecnológica de los medios nacionales e internacionales que afecta a una prensa libre y plural.
En Colombia, Facebook censuró al Canal Trece (Tv Andina) por la transmisión en vivo de unos segundos de un partido de futbol de salón. La acción activó el algoritmo y el canal fue sancionado por varios días.
Este no es un caso aislado, en 2023, Canal Capital, también colombiano, sufrió un bloqueo de meses por emitir 28 segundos de un partido de futbol femenino. Esto no es algo menor, se trata de medios públicos silenciados por decisiones privadas y peor aún, automatizadas.
Libertad de expresión en el siglo XXI
Situaciones como las descritas revelan una peligrosa realidad, las plataformas como Facebook, X, YouTube, entre otras, sustituyen en los hechos determinaciones que corresponderían a un juez, con decisiones casi instantáneas que impactan el derecho público a la información.
Es decir, empresas privadas trascienden del ámbito comercial al de la comunicación. La libertad de expresión es un derecho, pero cuando una plataforma decide bloquear a un medio sin mediación judicial, se vulnera un principio básico del Estado de Derecho.
El algoritmo
En el caso del Canal Trece de Colombia, lo paradójico es que poseían derechos sobre el contenido que originó el bloqueo, no infringieron ninguna norma de propiedad intelectual, pero el algoritmo procedió a sancionar sin una verificación previa.
Esta automatización evidencia una grave falla del sistema, que el algoritmo sanciona antes y pregunta después y los afectados deben demostrar su inocencia tras el bloqueo. Una situación que ya algunas instancias internacionales consideran como una «privatización de la justicia», es decir, una delegación implícita de funciones judiciales a empresas que no están sujetas al control democrático. Decisiones que terminan por afectar no solo al medio, sino el acceso de los ciudadanos a información diversa y plural.
Espacio de debate público
No es algo menor, las plataformas digitales se han convertido en foros públicos. El negar el acceso, aunque sea temporalmente, no es una simple decisión comercial, sino un acto político que redefine los límites de la comunicación y la justicia en la era digital.
No es atributo de una empresa particular el sancionar a un medio de comunicación, es un vacío legal que permite a estos gigantes a actuar bajo términos que rozan la arbitrariedad.
Zeynep Tufekci, socióloga y experta en tecnología, advierte que la dependencia de plataformas privadas para la comunicación pública nos coloca en una vulnerabilidad estructural, la censura no solo limita el alcance de un medio; también restringe la capacidad de los ciudadanos para acceder a información crítica en tiempo real.
Porque las plataformas delegan importantes decisiones a algoritmos automatizados sin que medie la intervención de expertos o equipos humanos capaces de evaluar contextos específicos. Un código se convierte en policía y juez ignorando las particularidades del caso. Además, por la falta de transparencia sobre la forma en que operan, el principio democrático fundamental que es el derecho a estar informado queda sujeto a términos y condiciones privados.
En América Latina, la Red de Radiodifusoras Públicas ha denunciado que las reglas impuestas por plataformas como Facebook y YouTube aplican sanciones desproporcionadas que afectan su sostenibilidad y su credibilidad, porque los bloqueos tienen efectos duraderos en la confianza del público y en la percepción de la libertad de prensa.
Lectores premium
Cuando los empresarios de los medios se vieron en la necesidad de replantear su modelo de negocio, encontraron su camino en el cobro de suscripciones y accesos premium que impulsan un consumo selectivo de información.
Los medios pasaron de perseguir noticias a ser máquinas medidoras, la producción de contenidos se evalúa constantemente porque de ello depende en gran parte su supervivencia y en algunos casos su compromiso con la calidad.
Pero, ¿y el compromiso social?
Al dejar toda la carga al consumidor, el acceso a medios considerados confiables se vuelve elitista. Mientras los algoritmos deciden qué voces sí o qué voces no merecen ser escuchadas. Es un asunto no solo legal, sino ético y una tendencia que hace que el panorama se torne gris e incierto.
X: @diaz_manuel