“Lo único que quiero para mi entierro es no ser enterrado vivo.”

CONDE DE CHESTERFIELD

“Existe una tristeza vista, pública, de lágrimas y luto, y otra inmensa y silenciosa que es un millón de veces más poderosa.”

DOLORES REDONDO

Están por enterrar al país y los simbolismos no podían faltar. Con chaqueta y corbata negra, Ricardo Monreal inició las exequias. Fue la inauguración del primero de los diversos foros que se han organizado para “discutir” la reforma al Poder Judicial. Se sabe, van a matar al protagonista. El país fenece y el mencionado legislador es uno de los enterradores, pero no el único.

Las rondas de foros que se tendrán son ensayos del velorio. Se escucha a las víctimas dar sus razonamientos; hay elementos que se desearían salvar, aunque de antemano se sabe es imposible.

Están presentes todos los personajes sedientos de sangre. Golpeadores como María Clemente García Moreno, enterradores como Ricardo Monreal y Lenia Batres, el propio autor intelectual del asesinato (Arturo Zaldívar) y demasiados sinvergüenzas (Olga Sánchez Cordero encabezándoles).

De los que intervienen, pocas son las personas que plantean objetivamente las necesidades reales para arribar a una mejor impartición de justicia. De hecho, ninguno de los impulsores o proponentes de la iniciativa de reforma constitucional responden con verdades a una pregunta fundamental: ¿de qué manera esta reforma estructural disminuirá o erradicará las malas prácticas y los vicios que hay —aunque NO de manera generalizada— de jueces, magistrados y ministros?…

El hoy diputado inició el proceso fúnebre con la inauguración del foro. Su discurso invitó a todo menos a un diálogo (¿modificar o matizar sus posturas? Por supuesto que no). “Advertimos al país: venimos acompañados de una gran legitimidad”, sentenció. Cómo decirle que los votos depositados el pasado 2 dd junio fueron para elegir a determinados gobernantes y legisladores; nunca se votó por una reforma judicial.

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¿El hoy diputado advierte al país? Advertir es aleccionar, sentenciar; sí esto es una sentencia de muerte.

No exagero. Esta reforma al Poder Judicial es sinónimo de la muerte de la autonomía de este poder, de instaurar los tres poderes en uno; de sucumbir al poder omnímodo y a la indefensión de los ciudadanos ante las decisiones de la autoridad y a la parálisis de cualquier asunto relacionado con lo jurídico. Si la autonomía y los contrapesos que ejerce e Poder Judicial desaparecen, se muere el país.

Pero mañosamente, aprovechando el desconocimiento de la población sobre lo que es y lo que implican los procesos de impartición de justicia, López Obrador y la 4t socializaron la idea de que los cerca de 1,600 jueces FEDERALES, magistrados y ministros son corruptos y atentan contra el pueblo. Por ello y por su aplanadora en todos los ámbitos del país (legislativo, administrativo, en medios de comunicación, financieros, etcétera) la reforma judicial es un hecho. Va porque va.

Desconocimiento (o dolo) decir que un juicio de amparo cuesta de 30 mil a 50 mil pesos. Eso, si acaso, es lo que puede cobrar un abogado contratado de forma particular, mas los jueces NO cobran.

Desconocimiento de todo el proceso penal en específico, ya que este ocurre mayormente en las fiscalías a través de los agentes del Ministerio Público, que son las que realizan las averiguaciones previas. Debido al mal desempeño de estos, más del 90% de los casos y de los asuntos nunca llegan a instancias del Poder Judicial. Es en las fiscalías donde se concentra el dolo, el olvido, la ignorancia, la corrupción.

Desconocimiento de las diferencias del Poder Judicial de la FEDERACIÓN y los estatales; el nivel de autonomía entre el primero y los segundos puede llegar a ser trascendental.

Pero para la Cuarta Transformación nunca se trató de informar a la población de lo anterior. Todo lo contrario, entre más desconocimiento por parte de la ciudadanía sobre lo que es y lo que hace el Poder Judicial, mejor. Esa es una batalla perdida, por lo mismo.

Tan es un muerto que camina (y ya se ha enterado de que su sentencia es un hecho) que López Obrador convocó a una reunión en Palacio Nacional con su gabinete y gobernadores morenistas a la misma hora que se desarrollaba el mencionado foro.

Independientemente de lo que diga, el presidente muestra que la reforma al PJ es “cosa juzgada” (¡qué maldita ironía!).

‘Sobre el muerto las coronas’ y por eso López Obrador solicitó al INAI dar a conocer los montos de las pensiones vitalicias de ministros y magistrados, sabiendo de antemano que esa información no la puede solicitar él y no la tiene que proporcionar el INAI.

Lo que es más, esa información ya es pública y aparece en los detalles del presupuesto de egresos de la Federación año con año (las pensiones de retiro de Arturo Zaldívar y de Olga Sánchez Cordero también, por cierto; ella cobra doble, como exministra y como senadora, él recibe casi 200 mil pesos mensuales)…

Extorsionadores son los promotores de la reforma y extorsionadores serán los que finalmente se queden a cargo del Poder Judicial… y del país. La justicia estará —ya sin duda— politizada por Morena, además de ser un botín de quien pueda pagar por ella.

Estamos atestiguando el entierro del país. Muchos los sabemos; el resto de los mexicanos pronto lo padecerán.