You can always come back, but you can’t come back all the way
Only one thing I did wrong
Stayed in Mississippi a day too long…
Bob Dylan, ‘Mississippi’
Plato noted a particular risk for tyrants: that they would be surrounded in the end by yes-men and enablers. Aristotle worried that, in a democracy, a wealthy and talented demagogue could all too easily master the minds of the populace. Aware of these risks and others, the framers of the Constitution instituted a system of checks and balances. The point was not simply to ensure that no one branch of government dominated the others but also to anchor in institutions different points of view.”
Timothy Snyder
‘La ley se ha hecho para cumplirla’ reza el adagio. Mas no es lo común en nuestro país, donde la norma no vale nada. Un día sí y otro también conocemos de ejemplos donde no es tomada en cuenta o es abiertamente violentada, no importa si se trata de la Constitución misma. Por supuesto, duele más cuando quien hace de esto una costumbre es el presidente de la república.
Este fin de semana nuevamente promovió programas sociales pese a la veda existente en razón del ejercicio de revocación de mandato que se llevará a cabo en menos de dos meses. Habló también de los plazos de su mandato: “Dependiendo lo que diga la naturaleza y el creador, pero no considero que haya problema; bueno también sobre todo lo que diga el pueblo, pero pienso que voy a terminar mi mandato hasta septiembre del 24.”
No es así; la Constitución le obliga dejar el cargo en determinada fecha. Por su parte, el ejercicio de revocación de mandato —también establecido constitucionalmente— tiene que registrar un cierto porcentaje de votación (votos a favor, votos en contra, votos nulos) para ser vinculante. En todo caso, no es por el gusto de unos u otros, no es “el pueblo” quien decide al respecto, sino los ciudadanos —esos que tienen derechos y obligaciones—con base en lo que establece la Carta Magna.
Violar la ley no es exclusivo del presidente. Es un mal que corroe al país. Y en ocasiones las transgresiones se sancionan —rara vez, pues los niveles de impunidad son muy altos—. En esos contados casos el Estado perseguirá al ciudadano de a pie. Pero ¿qué pasa cuando el que transgrede la ley es el presidente? ¿Qué instancia le pide cuentas? ¿Quién y cómo se le obliga a cumplirla?
En una verdadera democracia, los pesos y contrapesos de los diferentes órganos del Estado y la división de poderes sirven para que todos, comenzando por el líder de la nación, cumplan con la ley. Desafortunadamente, cuando esa división solo se sabe en el papel, cuando esos contrapesos dejan de funcionar, no hay quien o cómo pida cuentas o quien las pide es ignorado.
La impunidad que existe está aplicando a la persona más visible y de mayor responsabilidad en el país. ¿El presidente rinde cuentas?, ¿paga sus transgresiones a la ley? La respuesta la conocemos. La ilegalidad ha pasado a ser justificada en nombre de la popularidad.
Pero no solo eso, el ejecutivo federal también promueve la dispensa. Llegó a niveles insospechados este fin de semana al proponer se le pague a quienes toman las casetas en Ciudad Obregón, Sonora para disuadir sigan con esta práctica. Esto es, no solo no se les castigará por haber delinquido, se les remunerará por atentar contra las instituciones, pretextando que con ello dejarán de hacerlo.
López Obrador cuenta todos los días con el escenario de la mañanera y allí es donde hace gala de inmunidad; quebranta las mismas normas que juró defender, guardar y hacer guardar cuando tomó protesta como presidente. Ya antes, AMLO admitió que en sus conferencias de prensa se realizan “juicios sumarios sin que haya pruebas”.
Es lamentable la situación del país. Ni siquiera el presidente necesita aparentar el respeto a la norma. Para nadie hay consecuencias. En México, quien la hace no la paga (y muchos de quienes deben estar libres están bajo rejas).
¿Es mucho pedirle al presidente no violar la ley? Por lo visto sí.