En diciembre de 2022 se dio a conocer que el gobierno de España había concedido al expresidente Felipe Calderón permiso de residencia en ese país. Y en noticias recientes que llegaron desde allá se reprodujo un vídeo en el cual el panista aparece alegremente cantando “El martes me fusilan”; lo anterior, unos días antes del inicio del juicio contra Genaro García Luna en Nueva York.
Según trascendió, habría sido el expresidente José María Aznar quien intervino ante el gobierno de Pedro Sánchez para que Calderón fuese recibido en España. La “huida” de Calderón a Europa no fue bien recibida en México, principalmente entre miembros del partido gobernante.
Esto ha resultado especialmente escandaloso ante las eventuales revelaciones que serán sacadas a la luz en el juicio contra su exsecretario de Seguridad Pública. El expresidente habría buscado –y pongo el acento en el “habría” pues queda sujeto a especulación- dejar México para evitar cualquier procedimiento en su contra, tanto en nuestro país como ante una corte federal en Estados Unidos.
Sin embargo, el caso de Felipe Calderón y su refugio en España no es único. Hace unos meses fue dado a conocer que el Estado español había concedido a Carlos Salinas de Gortari la nacionalidad española, lo que le exentaría, en la práctica, de cualquier proceso de extradición iniciado por el gobierno de México o por una corte mexicana. En este contexto, el lector recordará que primero fue Irlanda años atrás mientras se encausaba a Raúl Salinas.
Lo mismo ha ocurrido con Enrique Peña Nieto. Según ha sido reportado, el expresidente mexiquense reside en un lujoso barrio en las cercanías de Madrid. Goza igualmente de un permiso de residencia. ¿Dónde quedarían entonces un hipotético procedimiento en su contra derivado del caso de Emilio Lozoya, la supuesta complicidad de Ayotzinapa, los escándalos de corrupción suscitados durante su gobierno o la estafa maestra? En nada.
España se ha convertido, pues, en refugio de expresidentes mexicanos. Ello debilita cualquier posibilidad de que Calderón, Salinas o Peña sean llamados a rendir cuentas ante cortes mexicanas. Si bien existen los procedimientos de extradición, se antoja poco probable que el Estado español, principalmente ahora bajo la presidencia de Pedro Sánchez, aceptase repatriar a alguno de sus conspicuos residentes.
Esto no hará más que recrudecer las tensiones entre los gobiernos español y mexicano. Mientras AMLO insiste en intensificar sus diferencias con Madrid por motivos como la carta enviada al rey Felipe VI para exigir el perdón por la Conquista, el gobierno español hace lo propio convirtiéndose de facto en el destino de expresidentes que buscan evadir la justicia.