La presidenta Claudia Sheinbaum y su gobierno lucen bastante alarmados frente al nuevo paradigma arancelario presentado por Donald Trump. A pesar de que algunos correligionarios del régimen han buscado presentar la amenaza estadounidense como algo menor -gracias a la labor del gobierno, aducen- el documento sobre las 18 acciones plantea un panorama distinto.
Me refiero en este texto a aquellos puntos relacionados con el fortalecimiento de la fabricación nacional de ciertos productos y a la aceleración de los proyectos de obra pública.
La intención del gobierno es, a todas luces, ofrecer al país la posibilidad de re calibrar el proceso de industrialización, derivado esencialmente de una realidad marcada por los aranceles estadounidenses impuestos fuera del T-MEC, y sobre todo, frente a un presidente que no parece dispuesto a respetar el contenido del tratado.
En otras palabras, si bien Trump se marchará en cuatro años y un presidente entrante podría reencauzar la política comercial a su estado normal, la presente administración en Washington podría suponer una grave crisis para México, lo que no hará más que exacerbar la ansiedad de los mercados y así ahuyentar la inversión.
Así lo ha comprendido Sheinbaum y su gabinete. Sin embargo, la realidad del país no parece estar del lado de sus propias intenciones.
En primer lugar, la reforma al poder judicial ha sido un balazo en el pie; pues si bien nada más no ofrecerá salida a los problemas estructurales en materia de impartición de justicia, ha dado espacio para la especulación y el escepticismo de los inversionistas nacionales y extranjeros.
Y en segundo lugar, el paupérrimo estado de los cofres estatales indican que el Estado no contará, en el mediano plazo, con los recursos fiscales para impulsar un proceso de “reindustralización” que ofrezca alternativas frente a los desafíos de Trump.
Los programas sociales y el pago de la deuda consumirán los ingresos fiscales, lo que dará al gobierno un flaco margen de maniobra para la inversión en obras públicas. La solución a corto plazo empleada por el obradorismo, entiéndase, la deuda, no será una solución sino una mera estrategia para no perder la voluntad política de los votantes del régimen.
En suma, el plan propuesto por la presidenta Sheinbaum está bien diseñado y parece buscar atender las problemáticas del nuevo contexto internacional. No suena nada mal en una lectura simplista y superficial. Sin embargo, la realidad nacional podría imponerse.