El liberalismo económico, como se sabe, se postula por el dominio de las fuerzas del mercado y por el acotamiento de la intervención del Estado, hasta una contracción extrema que lo limita al papel de hacer valer las leyes mediante su debida aplicación y observancia, de modo de garantizar la vida de las personas, sus libertades, actividad económica, bienes y propiedades y la vigencia del orden jurídico en general.

El tipo de Estado que deriva de una visión de tal tipo se conoce como Estado policía; en él se considera como excesivo o contradictorio que se pretenda que este desarrolle otro tipo de actividades o tareas, aún cuando se ampare en los propósitos más encomiables, toda vez que de ser así se propicia la distorsión del mercado, lo que acaba generando -supone esa visión- más perjuicios que beneficios.

El Estado policía deriva de la visión económico-liberal

Así, el concepto de Estado policía derivó de la visión económico-liberal que, en el pensamiento clásico, postuló que los desajustes del mercado respecto de los precios de los productos y de la interacción de la oferta y la demanda, tendrían a corregirse por esa metáfora que diera lugar a la idea de la mano invisible; es decir que los ajustes se producirían con la inercia del propio mercado; por tanto, debería de esperarse que de forma natural y sin la intervención estatal, se lograra solucionarlos. Algo que sí se aceptó regular fue la existencia de monopolios, debido a constituirse en mecanismos para eludir la competencia económica y para manipular los precios de los productos o bienes y servicios.

Pero después de la gran depresión de 1929, y en el contexto de otras grandes crisis económicas, así como de las necesidades de impulsar el crecimiento, especialmente en la economía de post -guerra, se ha tenido que recurrir a la intervención del Estado, a las necesidades de su regulación, al impulso de las políticas sociales y a distintos mecanismos para combatir las desigualdades excluyentes. El Estado policía fue descontinuado, pero la tarea o condición en cuanto institución que detenta el uso de la violencia legítima, a la manera de Max Weber, se ha mantenido como esencial.

En efecto, un rasgo que distingue al Estado es su capacidad de coerción que, se supone, se aplica para garantizar el orden jurídico y en un marco de equilibrios y contrapesos republicanos; pero cuando emergen los autoritarismos y los populismos, la fuerza del Estado tiende a ser indómita, impositiva discrecional, ideológica y con tendencia a ser usada como instrumento de dominación, de alineamiento hacia la sociedad y frente a las fuerzas políticas que se oponen.

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El desprestigio del Estado policía a veces se usa como vía para esconder la intención de transitar al Estado policiaco

Así, el paso de un tipo de Estado al otro tiende a ser mucho más que una fórmula retórica. El repudio y el desprestigio del Estado policía, a veces se usa como vía para esconder la propensión de ir hacia el Estado policiaco. Algo así ocurre en el actual gobierno; se descalifica reiteradamente al neoliberalismo que buscó el imperio de las libres fuerzas del mercado, concentrando en él todos los males; pero de esa crítica surge un instinto autoritario, la nostalgia por un Estado fuerte, rígido, ordenador, que se establece para dominar y ampliar sus capacidades; emana de él un gobierno persecutor que fustiga a la prensa crítica, que busca hacer sucumbir a quienes disienten, que debilita los equilibrios republicanos y domestica a las autonomías institucionales.

Llama la atención que, cuando se trata de combatir a la delincuencia organizada el Estado policíaco se convierta al liberalismo del Estado policía; entonces el gobierno de López Obrador asume que, a la manera de la mano invisible que corrige las distorsiones del mercado por el libre juego de la oferta y la demanda, sea la inercia de las políticas sociales la que corrija la incidencia delictiva. Entonces los abrazos y no balazos, que supone evitar la confrontación y la persecución a los criminales, en espera que sus actividades e incidencia delictiva decline por la capacidad de atender las necesidades sociales de la población.

De forma eufemística los balazos se reservan para los auténticos enemigos del gobierno, no para los que intimidan a las comunidades con el uso de la violencia. A quienes sí se combate, con gran tenacidad, es a los adversarios y a los críticos; a ellos se les denuncia, se les intimida y fustiga, mientras a los criminales que asesinan se les tolera y considera, al grado de tenderles la mano del Estado ya no policía, ni policíaco, sino uno benevolente, apacible, comprensivo, paternal, amistoso, dispuesto a obsequiar la libertad cuando el indiciado es detenido; que corresponde a un gobierno que galantea con la impunidad, con la negligencia persecutoria, que tiende puentes con quienes sitian la seguridad pública, que los empodera no sólo política y económicamente, sino también para que sean fuerza electoral.