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El presidente Andrés Manuel López Obrador informó en su conferencia mañanera de este jueves 4 de abril que existía en anteriores administraciones una gran corrupción en la compra de medicinas para el sector público y que este negocio era controlado y monopolizado por solo 10 grandes empresas privadas, además de que el segundo gran negocio de estos corporativos era la distribución de los medicamentos.
El gobierno de la Cuarta Transformación (4T) se ha propuesto desde el inició de esta administración, romper la alta concentración en las compras y distribución de medicamentos que existe en el sector público por parte de algunas empresas privadas y así frenar los elevados costos en estos productos, que afectan de forma importante el presupuesto público nacional.
La forma en que la actual administración federal pretende acabar con los oligopolios del sector salud es a través de la empresa estatal Birmex que es ahora la encargada de comprar y distribuir los medicamentos, además de administrar la mega farmacia, “que son 90 mil metros cuadrados de almacén en Huehuetoca e integren los servicios de salud pública para que las medicinas sean utilizadas e intercambiadas por las diferentes instituciones que atienden la salud pública de los mexicanos”.
La concentración que existía en la compra de medicamentos en el sector público en las anteriores administraciones federales era a todas luces injusta y significaba un gran gasto para el gobierno. Según datos proporcionados por el secretario de salud, Jorge Alcocer Varela, “De 2012 a 2018 sólo 10 empresas concentraron el 79.6% del gasto en medicamentos, un total de 241 mil millones de pesos. Esto es el equivalente al presupuesto de la UNAM de cinco años o al presupuesto de un año de los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco juntos”.
La excesiva concentración de empresas privadas en la adquisición y oferta de medicamentos que hay en México es un factor que influye en el elevado costo de estos productos, no sólo para el gobierno sino también para la población en general, por lo que habitantes del país que tienen ingresos bajos tienen muchas veces que prescindir de medicamentos indispensables para ellos, con el consiguiente deterioro en su salud.
La venta de medicamentos en México alcanzó un valor de 184.5 mil millones de pesos en el 2014, representando el 70% de este el consumo privado y el 30% el institucional (IMSS, ISSSTE, Pemex etcétera).
El gobierno de Enrique Peña Nieto estableció desde el 2013 la compra consolidada de medicamentos del sector salud, lo que supuestamente traería ahorros para las instituciones como el IMSS, ISSSTE, etcétera, pero esta acción del priista no fue suficiente para cambiar el control del mercado de los medicamentos por un puñado de grandes empresas privadas ni tampoco representó ahorros para el sector público.
Hasta enero del 2016 el gobierno federal había licitado 37 mil 513 millones de pesos para la compra consolidada de medicamentos, material quirúrgico, vacunas y material de curación; del total de estas licitaciones, el 59% de los montos asignados fue para tres compañías, según datos del Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica, A.C. (IIIFAC), sin embargo en el proceso participaron 407 proveedores.
El Grupo Fármacos Especializados, propiedad de José Antonio Pérez, se quedó con 31%, equivalente a 11 mil 730 millones de pesos, que ganó a través de licitaciones y adjudicaciones directas. La Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa), una filial de Laboratorios Pisa, propiedad de Carlos Álvarez Bermejillo, obtuvo el 17% de la licitación, que representa 6 mil 486 millones de pesos. Finalmente la compañía de Carlos Arenas, Farmacéuticos Maypo, obtuvo el 11% de la bolsa licitada, lo que corresponde a 4 mil 130 millones de pesos para ese corporativo.
Carlos Arenas no solo es el principal accionista de Maypo y yerno de Roberto Madrazo, también es dueño de la empresa de comunicación Latinus en que tiene como sus conductores estrellas a Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo (Brozo)
Las tres empresas que se llevaron la mayor parte de la licitación de las compras consolidadas de los medicamentos en 2014 no eran nuevas en el abastecimiento de productos y desde antes ya concentraban la proveeduría a las instituciones de salud pública.
La distribución y surtido de medicamentos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lo realizaba casi en su totalidad Grupo Farmacéutico Especializado, de acuerdo con información de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Entre el 2004 y 2006, el IMSS pactó con tres empresas el 60% de sus adquisiciones de medicamentos e insumos, cuyo monto fue de poco más de 14 mil millones de pesos. Dos de esas empresas, Fármacos Especializados y Selecciones Médicas, forman parte del corporativo de José Antonio Pérez.
En febrero de 2009 el ISSSTE adjudicó un contrato abierto hasta por 3 mil 220 millones de pesos a la Empresa Fármacos Especializados para hacerse cargo de la administración y operación de la cadena de suministros de medicamentos y materiales de curación para las 794 unidades del organismo durante el periodo 2009 al 2012. En dicha licitación había muchas sospechas de irregularidades y favoritismo a la empresa ganadora por parte de las autoridades encargadas, por lo que fue impugnada por los competidores de la misma, sin modificación alguna de la decisión.
El desabasto de medicamentos que había en el ISSSTE hace algunos años también era un excelente negocio para el consorcio Fármacos Especializados, ya que esta empresa también era beneficiaria del programa Medicamentos Express (Medex), dicho programa permitía a sus derechohabientes abastecerse en farmacias privadas cuando no había el producto en la institución, así la empresa de José Antonio Pérez fue beneficiada con más de 3 millones y medio de cupones del programa de abasto, según reconoció el entonces director del instituto, Jesús Villalobos López, durante su comparecencia en la Cámara de Diputados en julio de 2011.
La distribución de los medicamentos en México también está altamente concentrada, ya que dos empresas acaparan casi el 50% de este negocio, una de ellas es Nadro, que comanda Pablo Escandón Cussi, controlando el 32% del mercado y la otra es Marzan, que preside José Alberto Peña, con una participación del 17%.
La masiva filtración de los archivos internos de la firma de abogados Mossack Fonseca, expertos en la creación de empresas en paraísos fiscales y en resguardar la identidad de los verdaderos propietarios de los capitales para adquirir compañías, que se conoce como Panamá Papers, reveló que la aparente competencia entre Nadro y Marzan por el mercado de la distribución de medicamentos en México no es verdadera, ya que las dos empresas supuestamente competidoras pertenecen a la misma familia.
Según datos revelados por Panamá Papers, publicados por Aristegui Noticias, un supuesto grupo holandés llamado Moench Coöperatief, que encabezaba el banquero en inversiones Karl Frei, compró en junio de 2015 Marzan al grupo Genomma Lab de Rodrigo Herrera, pero en realidad los 83 millones de dólares con lo que los inversionistas europeos habían adquirido la empresa mexicana pertenecían a Marina Matarazzo, la esposa de Pablo Escandón, dueño de Nadro.
El presidente dijo en su conferencia de las mañanas de este jueves 4 de abril que “El segundo negocio de estos corruptos era la distribución, la distribución. Y ahora hace una semana se toma el acuerdo de que se integren los servicios de salud pública para que las medicinas sean utilizadas por el seguro, por el ISSSTE, por el IMSS-Bienestar: si el ISSSTE tiene una medicina y no la tiene el seguro ordinario, que se pueda utilizar esa medicina; que haya intercambio, que se integren”.
Con esta propuesta el gobierno de la 4T piensa remediar el alto costo de distribución de los medicamentos y desabasto que todavía existe en el sector de la salud pública.
La administración federal actual está luchando por otorgar los medicamentos en tiempo y forma y que ya no sean los grandes corporativos los que hagan un gran negocio a costa de la salud de la población.