Sin lugar a dudas, el crimen organizado permanece como una de las principales amenazas a la seguridad en México. Los estudios más recientes apuntan a que la fragmentación de grupos criminales en bandas más pequeñas, sumada a su supervivencia en un mercado cada vez más competido, puede desestabilizar el balance de poder y el equilibrio entre las organizaciones criminales de mayor tamaño.
Uno de los elementos más relevantes que nos deja la teoría de la acción gubernamental como catalizador de violencia, es que un mal diagnóstico puede resultar en efectos negativos potencialmente mayores a los que se pretendían atender. Por esta razón, si en México se busca implementar una estrategia de seguridad pública desde un enfoque de “construcción de paz”, independientemente del modelo, es preciso evaluar si, los diagnósticos con los que se cuentan, asumen los fundamentos del análisis de conflictos.
Por tanto, los Estados deben pensar en la justicia transicional más allá del espectro legal. Desde el punto estratégico, esta medida puede resultar una herramienta de comunicación dirigida a un fin, como la construcción de confianza en la población en lugares recuperados del control del narcotráfico por el Estado mexicano.
Existen suficientes datos que permiten ilustrar, si hay avances o ha fracasado, la estrategia nacional de seguridad pública para disminuir la violencia. De 2006, cuando inició la guerra contra el narcotráfico en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, a octubre de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador fue electo como presidente de México, el número de homicidios a nivel nacional se había triplicado.
Lo cierto es que, diseñar políticas públicas que cumplan los estándares de integralidad, multisectorialidad, rigurosidad, sostenibilidad y escalabilidad necesarios para atender la dinámica multidimensional de la violencia ha sido uno de los retos más grandes para los gobiernos de los países de América Latina y del Caribe en los últimos años.
México no escapa de esta situación, lo que ha impulsado una amplia discusión para tratar de arrojar luz sobre las posibles causas de la debacle. La mayoría de los diagnósticos aluden a la fragilidad de las instituciones del Estado como principal causa de la violencia.
La influencia se gana por dos vías, la primera a través de la cooptación de las autoridades por medio de la formula “plata o plomo”, lo que da la base para establecer una relación simbiótica entre crimen organizado, violencia y corrupción. El mal funcionamiento de la estrategia contra el narcotráfico en México, que consistió en la persecución de los líderes de alto perfil de las organizaciones criminales, ha sido una de las teorías con mayor aceptación en México y los Estados Unidos.
Sobre la base de este diagnóstico y el tipo de herramientas mencionadas en el PNPS 2018-2024, el modelo de “construcción de paz” es tendiente a la visión de las Naciones Unidas, cuyo foco se encuentra en construir soluciones viables en el corto y mediano plazo.
Sin embargo, para el caso de México, habrá que recordar algunos casos. Hace apenas unos días diversos pueblos de Chiapas fueron sometidos por grupos delincuenciales, provocando un desplazo forzado de la población a Guatemala. Las acciones bélicas en contra de la sociedad civil registradas en agosto de 2021 en el municipio de Zapopan, Jalisco, por grupos delictivos, que concluyó con un largo fin de semana de balaceras.
El ataque contra un grupo de civiles registrado en un balneario de Guanajuato en abril pasado, donde un grupo criminal asesinó a tres mujeres frente a sus hijos; o, la ejecución de cinco personas civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por un grupo de militares; estos ejemplos quedaron filmados y parte de los hechos exhibidos en redes sociales.
Las instituciones de seguridad, incluidas policía civil, militarizada o el ejército, sin duda podrán seguir existiendo, o, en su caso, transitar como instituciones de carácter civil. Pero, para una comunidad que ha sido foco de las acciones bélicas de la delincuencia organizada de manera sistemática, se necesita una acción más eficaz.
De esta forma, se avecina una jornada electoral en nuestro país, que convoca a más de 20 mil puestos de elección popular, y hay que actuar en consecuencia para evitar que estos grupos de la delincuencia decidan, con su poder bélico y económico, la elección de gobernantes a modo.
Punto Cero
De entre las ocho mujeres que el consejo estatal de Morena en la Ciudad de México elegirá para sumarse a buscar la candidatura de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, me llama la atención el nombre de la maestra Jenny Marlene Hernández Rodríguez. Ella, no sólo es profesora en la Facultad de Derecho de la UNAM, sino que participa de manera activa para reivindicar el lugar femenino en la acción pública. Por si fuera poco, es una persona que impulsa el respeto a los derechos humanos. Hay que poner atención especial en una propuesta académica, sin duda.
Periodista | X: @JoseVictor_Rdz
Premio Nacional de Derechos Humanos 2017
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