Para muchos, y me incluyo, quizás la principal batalla legislativa del sexenio de ha venido librando en torno al nuevo marco jurídico de la industria eléctrica mexicana, las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) tienen a un gran maestro de la estrategia política atrás, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y a un asesor inmejorable, el director de CFE, el ya legendario Manuel Bartlett Díaz, último titular de la Segob en durar sus seis años en el cargo y el último en mantener al país en prácticamente total armonía, muy a pesar de tantos pesares vividos en México en el sexenio del presidente De la Madrid.

Bien, dicha estrategia ha rendido ya sus frutos, es imposible ya un triunfo amplio de la derecha sin patria en esa materia, puesto que se ‘descongeló’ la Ley aprobada en 2021 en la SCJN, entrando en vigor, y además se envió otra, mucho más ambiciosa, que es la que se discute, álgidamente, en estos días en el seno del Congreso.

Los posibles escenarios resultantes son dos: que se apruebe la reforma (de alcances constitucionales) ahora mismo en ponderación, que dejaría completamente protegida a la industria eléctrica nacional y su empresa insignia, la CFE, o bien, de no aprobarse esta última, cerrar el Ejecutivo la pinza, al enviar al Congreso una propuesta de ley (esta no constitucional) referente a la nacionalización del litio, y la creación de una empresa estatal, similar a Pemex y la CFE para su explotación, dejando fuera a los buitres, nacionales y sobre todo extranjeros, que ya desde hace tiempo zopilotean nuestros enormes yacimientos de ese mineral, considerado el oro blanco, no ya digamos del futuro, que lo es, sino del presente mismo.

En cualquiera de los dos escenarios, la nación saldría ganando a futuro de una forma en la que pocos caen en cuenta, que habría demandas y amparos por supuesto, pero saldría mucho más caro a la nación dejar las circunstancias como estaban, con ejemplos como las indemnizaciones a las empresas constructoras del fallido proyecto del NAIM en Texcoco y la renegociaron de los contratos leoninos con privados en oleoductos, por sólo citar dos ejemplos. Más en adelante, todos los actores de la industria jugarán con reglas justas, tanto para ellos, pero mucho más para nuestro país en su conjunto.

Otro error garrafal que cometió ya la por definición torpe y cínica oposición de ultra derecha ha sido el dejarse ver en San Lázaro con un cabildero extranjero representante, ejecutivo de una empresa trasnacional energética italiana (ENEL) de nombre Paolo Salerno. Este hecho les va a costar muchísimo más de lo que aún piensan, ya que incluso sobra material fotográfico y fílmico que desnuda su estupidez, lo que no es más que oro molido para el presidente y sus merecidas diatribas contra la oposición mermada, sobre todo durante sus diarios ejercicios de comunicación social (las tan populares mañaneras).

Aquí con este tema me asalta una duda: ¿para qué aún existe el artículo 33 constitucional?, sino se ha aplicado, aún cuando como en este caso, extranjeros vienen y se burlan en nuestra cara, de todos los mexicanos, cómo lo es el citado señor Salerno. Ojalá saliera de catalepsia ese artículo, porque parece ser sólo letra muerta en la Constitución, y por más que se esgrima el tan gastado estribillo de la “inversión extranjera”, para todo hay límites, y es una vergüenza que un representante de una empresa europea se pasee por nuestras cámaras legislativas dictando leyes, corrompiendo legisladores, en abierta y franca mofa al Presidente y al pueblo de México.