El General de División, Manuel Ávila Camacho, fue el último militar que llegó a ser presidente, el máximo rango del país y cabeza de las Fuerzas Armadas. Durante su carrera, fue comandante de la 29/a. Jefatura de Operaciones en Tabasco; oficial mayor Secretaría de la Defensa Nacional. Más tarde, se desempeñó como subsecretario encargado del Despacho; y el 27 de diciembre de 1937, se le designó secretario de Guerra y Marina. Logró ascender a general de División en el mes de enero de 1939 y el 17 de enero del mismo año, renunció a su cargo con el fin de participar como candidato a la Presidencia de la República. En 1940 se convirtió en presidente. Al finalizar su sexenio, inició un profundo esfuerzo por civilizar la vida política del país, comenzando por desmilitarizar el acceso a la presidencia. Fue Ávila Camacho quien cambió la denominación de la Secretaría de Guerra y Marina a la Secretaría de la Defensa Nacional; también fue quien estableció el servicio militar obligatorio.
La Constitución federal de 1857 dispuso que, en tiempos de paz, las autoridades militares solo podrían desempeñar funciones estrictamente relacionadas con la disciplina militar. Se permitiría la existencia de comandancias militares permanentes únicamente en castillos, fortalezas y almacenes bajo la jurisdicción directa del gobierno de la Unión, así como en campamentos, cuarteles o depósitos situados fuera de las áreas pobladas, destinados al acuartelamiento de tropas. Aun así, su preponderancia continuó y a diferencia de los políticos que ostentaban el poder durante un tiempo determinado de años que duran sus encargos, los militares gozaron de supremacía independientemente de la temporalidad, pues su poder era inherente a la institución a la que pertenecían. Aquello les permitió cometer innumerables atrocidades en nombre de la Seguridad Nacional.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es la institución más patriarcal y poderosa de nuestro sistema. Tiene un mecanismo propio de justicia basado en el Código de Justicia Militar, que aplica exclusivamente para las fuerzas armadas del país. Su estructura es mucho más anticuada que el tan criticado Poder Judicial de la Federación, inamovible y transexenal. Desde las Fuerzas Armadas, principalmente desde sus cargos de mayor nivel, se han observado desfilar gobernantes mientras que, dentro de las fuerzas armadas, tan sólo hay un camino de carrera militar, plagado de obstáculos y vicisitudes en el que, durante los tiempos charros del país, emergían presidentes. Generales presidentes.
Hasta antes de ser electo Miguel Alemán Valdés, propio de un país emergido de revueltas, guerras, conflictos armados y en un contexto hostil por la Segunda Guerra Mundial, los militares tenían un derecho fáctico, sobreentendido por encima de las facultades concedidas por la ley, consistente en tomar lo que necesitara “en nombre de la nación” durante su paso: propiedades, mujeres, vidas de los insurrectos u opositores, privilegios, acceso a todo tipo de ventajas y por supuesto, el exclusivo ascenso en el poder cargado de la complicidad para quien se lo entregaba.
El largo camino por arrancar de las fuerzas militares aquellas funciones básicas del Estado pasó por resistencias y ahora, la primera mujer en la historia tomará el mandato supremo de las Fuerzas Armadas. Comandanta Claudia Sheinbaum. Algo impensable para aquella institución y también, profundamente riesgoso para la presidenta en plena militarización.
Los negocios y facultades que se hicieron civiles para equilibrar las fuerzas militares, poco a poco han vuelto a ser tomadas por aquella institución. Aeropuertos, aduanas, construcción de proyectos nacionales estratégicos… vaya, que al paso que vamos, no sería descabellado que la milicia se convierta en juez para terminar con los pleitos con el Poder Judicial.
Sin embargo, la presidenta electa ha anunciado como parte de sus reformas prioritarias, concretar la reforma constitucional que incorpora a la Guardia Nacional a la Sedena. Aquello que se prometió transitorio, ahora será permanente, sin fecha de caducidad habrá militares en funciones de seguridad pública y todo tipo de tareas en las calles. Aunque la “mano dura” para la primera presidenta se le ha prometido como garantía de gobernabilidad, la realidad es que más militares y más cruenta fuerza pública no ha disminuido la criminalidad; por el contrario, ha aumentado todo tipo de violaciones contra los derechos fundamentales de comunidades que ahora son desplazadas, como en Chiapas, Michoacán, Veracruz y muchas más. Comunidades que igual deben protegerse de los militares que de los criminales.
Corolario de esto, vale la pena recordar que hoy logramos tener una mujer presidenta gracias a los esfuerzos para sacar al poder militar del poder político, como consecuencia de priorizar a los civiles para el acceso y desempeño de cargos ejecutivos. Una regresión que les coloque de nuevo a la cabeza, con la acumulación de privilegios, presupuesto, facultades, presencia territorial ¿en tiempos de paz? Podría ser nuestra condena para que Claudia Sheinbaum sea la primera y última mujer comandanta de los tiempos que vivimos, una consecuencia trágica para décadas de lucha civil y meritocrática-popular y democrática.
La historia habla por sí misma y aunque la expectativa implica que en los tiempos de transición, el presidente sigue siendo el presidente y por tanto, el compromiso con su proyecto continúa siendo la regla para Claudia Sheinbaum, una científica debería escuchar en lo profundo de la realidad mexicana que fortalecer a las policías civiles, con una mano extraordinaria como la de su equipo, Omar García Harfuch, siempre será mucho más deseable que perpetuar una Guardia Nacional militar en funciones de seguridad pública.