En una ciudad con más de cinco millones de habitantes, la exigencia de un transporte público eficiente, seguro y digno no solo es válida: es urgente.
Monterrey y su zona metropolitana arrastran desde hace décadas y administraciones un sistema fragmentado, caro y, en muchos casos, controlado por intereses privados ajenos al bienestar colectivo. Por eso, cuando se escuchan voces ciudadanas que reclaman mejoras, el eco es inmediato.
Sin embargo, no todas las protestas nacen del interés público genuino. Algunas, lamentablemente, se disfrazan de “colectivo ciudadano” y terminan respondiendo a agendas partidistas que poco tienen que ver con el usuario que madruga para tomar un camión.
En semanas recientes, diversos grupos que se presentaron como representantes de la ciudadanía convocaron manifestaciones contra las políticas de movilidad del Gobierno del Estado. En principio, parecía un ejercicio saludable de libertad de expresión: ciudadanos exigiendo resultados.
Pero bastó rascar un poco para revelar que varios de los rostros al frente de las protestas están vinculados directa o indirectamente al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Algunos de ellos han sido operadores políticos, funcionarios o asesores de administraciones pasadas. El mismo PRI que, desde el gobierno municipal de Monterrey, ha concesionado el transporte a empresarios históricamente afines al partido, y que ha cerrado filas con grupos que han lucrado durante años con el sistema de movilidad urbana.
Esto no deslegitima la exigencia —porque la necesidad de un mejor transporte es real—, pero sí pone en tela de juicio la autenticidad del discurso. Porque no se puede exigir justicia desde una plataforma que ha sido cómplice del deterioro. No se puede reclamar tarifas y frecuencias cuando se pertenece a un grupo que durante años permitió el abandono del sistema, priorizando contratos y concesiones por encima del usuario.
La protesta se convierte, entonces, en un espectáculo político con poca conexión con la experiencia cotidiana del ciudadano que realmente necesita el transporte.
En contraste, el gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García, ha emprendido una transformación estructural del sistema con la compra de nuevas unidades, la construcción de líneas del Metro, la modernización de rutas, el sistema de recaudo integrado son pasos concretos hacia un nuevo modelo de movilidad. }
¿Falta mucho por hacer? Por supuesto. ¿Los avances han sido perfectos? No. Pero por primera vez en años se observa una ruta trazada, una política pública orientada al largo plazo y una voluntad política real de desmontar los intereses que privatizaron el transporte a costa del usuario.
Desde el enfoque ciudadano, es justo exigir más y mejor, pero también es necesario identificar cuándo una protesta busca sumar y cuándo busca sabotear. El reto del transporte público no se resuelve ni en las redes sociales ni en pancartas con logotipos reciclados.
Se resuelve con inversión, coordinación metropolitana, regulación firme y sobre todo, con un modelo de gobernanza donde el usuario vuelva al centro de la política pública.
Hoy más que nunca, Nuevo León necesita que la exigencia ciudadana se mantenga viva, pero libre de intereses partidistas que han demostrado, una y otra vez, que su prioridad no es el servicio ni la dignidad del usuario.
La transformación del transporte público es una deuda histórica. Pero si de verdad se quiere saldar, habrá que hacerlo desde la coherencia, la participación honesta y la responsabilidad compartida.