Durante mucho tiempo se ha hablado de la “verdad histórica” en el tema de la desaparición forzada, secuestro, tortura, y hasta donde parece ser la realidad, ejecución, que con un enorme cúmulo de situaciones horrendas, bárbaras, agravantes, fueron victimados los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero.
Sin embargo, ocho años después, la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa (CVAJ) en México concluyó el jueves que la desaparición de los 43 estudiantes en 2014 “constituyó un crimen de Estado” y que no hay indicio alguno de que las víctimas se encuentren con vida.
Estas conclusiones preliminares fueron presentadas por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
El asunto es que tampoco hay indicio alguno de que la nueva investigación esté arrojando una conclusión cierta, irrefutable, contundente y comprobable que permita cerrar el caso y dar vuelta a la página, porque simple y sencillamente, es un dicho más del gobierno en turno, como pueden venir otros y tener la “verdad verdadera”, o “la última verdad”, y seguir así.
Lo único nuevo, es que se tiene hoy como indiciado al autor de la “verdad histórica”, el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam y una larga lista de órdenes de aprehensión.
El hecho es que de la información que se vino generando a través de diversas fuentes difundidas por medios, en redes sociales, a la que aportaron supuestos testigos, personas que tuvieron conocimiento parcial de los hechos, los estudios realizados y la investigación de peritajes por aquel famoso grupo interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y los señalamientos que durante el sexenio pasado y este se han hecho por medio de autoridades o ex funcionarios.
Hemos pasado de esa verdad histórica a lo que parece ser la “verdad conveniente” quizá, cuando lo que se requiere es simplemente la verdad, que es lo que hasta ahora desconocemos.
Pasamos de culpar al entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, a inculpar también al en aquella época presidente municipal de Iguala José Luis Abarca y a su esposa María de los Ángeles Pineda, que eran militantes del Partido de la Revolución Democrática, -en aquel entonces a cargo total y absolutamente de Andrés Manuel López Obrador.
A quien también en su momento se le señaló como protector de ellos a quienes de alguna forma se les había señalado como participantes o causantes por acción u omisión, negligencia o complicidad de los hechos por su relación con los grupos de narcotraficantes y del crimen organizado de aquellas zonas tan conflictivas en materia de seguridad.
A los señalamientos de inacción por parte de empleados, agentes del Centro de Investigación para la Seguridad Nacional CISEN, que aunque supuestamente dependía de la Secretaría de Gobernación, en los hechos era público y notorio que tenían autonomía plena y que no sabemos si los agentes encargados de haber monitoreado desde el inicio de la salida de la normal hacia Iguala, al parecer dejaron de monitorearlos de una manera extraña cuando ocurrieron los hechos y ¿Si fue por indicaciones?
Y también se supo de la falta de acción, de la negligencia o complicidad de integrantes de las fuerzas armadas del ejército mexicano encuadradas en el batallón de Iguala que, según se dice, vieron la persecución de que fueron objeto los estudiantes y otras personas que también sufrieron ataques y murieron -no nada más los alumnos normalistas- y que, o bien no actuaron, o dejaron de ayudar, o, también participaron.
A lo largo de los años se ha conocido históricamente de señalamientos y algunas evidencias sobre la participación de la Policía Municipal de Iguala y/o de Cocula como también de la Fuerza Pública de Seguridad Estatal, de elementos de la Procuraduría General del Estado de Guerrero.
Pero también la participación igualmente por acción u omisión, por colisión o complicidad, y por contubernio, de parte de elementos de la entonces llamada Policía Federal cuyo coordinador en dicha región era el aún joven pero ya experimentado policía Omar García Harfuch.
Hoy tan señalado como exitoso en su labor por la seguridad de la Ciudad de México aunque el señalamiento puede ser polémico, y ahora es por ello parte importante del gobierno de la ciudad a cargo de Claudia Sheinbaum que es una de las corcholatas del presidente López Obrador, quizá la favorita para obtener la candidatura de su partido actual Morena por el que cambió al PRD entonces y lo dejó en las manos de quienes lo tienen al suplirlo.
Luego entonces, esto está demasiado enredado y seguimos en la opacidad sea porque se etiqueten como asuntos de seguridad nacional o porque el divulgar asuntos y nombres, entorpezca las investigaciones y manchen y hagan inadecuado el debido proceso.
Pero lo raro y lo cierto es que en el caso del ex procurador de la República hoy detenido Jesús Murillo Karam, y aunque se diga que hay muchas órdenes de aprehensión, no responde lo que nos preguntamos la sociedad, no solamente los sufrientes, dolientes, familiares, padres de familia de los desaparecidos como quizá se lo preguntan los parientes familias y amigos de los miles de desaparecidos que hay en el país desde hace muchos años, algunos ya en fosas descubiertos, descuartizados atrozmente, o incinerados de forma clandestina o simplemente no se sabe nada de ellos;
El hecho es que no hay una verdad, no hay una conclusión, no hay una información clara al respecto específicamente ahora del tema de los 43 alumnos de la normal de Ayotzinapa y no porque se haya aprehendido a quien se le dice como responsable mayor se debe dejar el tema ahí;
Es la obligación del presidente de la República, tanto en el anterior sexenio como en el actual, y como en el que venga, además de autoridades ministeriales investigar a fondo y dar a conocer la verdad, deslindar responsabilidades no importa que sean castrenses como el Comandante de Iguala o elementos del mismo o el coordinador de la policía en Guerrero o subalternos.
O saber si ellos intervinieron y ordenaron o simplemente eran ya elementos coludidos con el hampa y lo hicieron de motu propio, como tampoco sabemos quién dio las órdenes en realidad, de todas las fuerzas que participaron en esta masacre.
Lo que sí es que seguimos lamentando la violencia, las desapariciones, los asesinatos, ejecuciones, extorsiones, el empoderamiento del crimen organizado de prácticamente la mayoría de los territorios importantes en la mayoría de las entidades del país, y que la política presidencial del gobierno federal para abatir, para amainar sus problemas y darnos seguridad, tranquilidad y paz a los mexicanos es obvio que sigue fallando.
Se siguen tolerando retenes ilegales de el hampa, se siguen tolerando gobiernos municipales que están a cargo de estos hampones que no solamente controlan ya la seguridad pública sino también casi todo el aparato gubernamental y con ello la economía de las comunidades.
Y no es porque ya se tenga detenido a alguien a quien se le debe generar un debido proceso como cualquier otro como debe quedarse este asunto ya encarpetado; la sociedad exige explicación, información clara, contundencia en transparencia, nula opacidad, y sobre todo una verdad sin adjetivos.
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