Interesante la definición de otro en el Wikcionario: “Que no es el mismo que ya se había mencionado”.
Otro nunca es el mismo, pero sí alguien muy semejante al anterior o a los anteriores.
Dante Delgado me informó por WhatsApp que había sido baleado otro candidato; el dirigente moral de Movimiento Ciudadano me envió tal noticia anoche, bastante tarde por cierto, al menos para mí: invariablemente cierro los ojos a las 22:30 horas; a diario voy temprano a la cama porque desde hace años despierto antes de las cuatro de la mañana. Es mi costumbre.
El mensaje de Dante no me despertó, pero un fuerte ruido cercano en la calle sí lo hizo. Leí lo que decía el político veracruzano y me preocupé: otro candidato herido de bala siempre es demasiado. Mi preocupación se transformó en angustia cuando llegó un nuevo mensaje, del activista de Morena Renegado Legítimo: no solo habían baleado a otro candidato, sino que lo habían matado.
Tanto Dante como Renegado se referían a René Tovar, candidato a la alcaldía de Cazones de Herrera, Veracruz.
Otro político asesinado en el proceso electoral de 2021. Uno más en la lista ya demasiado larga de candidatos heridos y muertos en distintos ataques. ¿Será el último? Si me pidieran apostar, apostaría que no.
Es difícil mantener el optimismo en un país en guerra. No hemos logrado superar el conflicto provocado por Felipe Calderón con el único propósito de que se olvidara el fraude electoral que lo llevó al poder en 2006.
Sin duda fue electoral la motivación de Calderón para lanzar a las fuerzas armadas a pelear a tontas y a locas, esto es, sin estrategia, contra los cárteles del narco.
Una guerra diseñada a prisa solo para intentar que no se hablara de una votación fraudulenta, desde su origen ha tenido impacto en las campañas electorales.
¿A quién beneficia la violencia contra los políticos? Seguramente a los jefes locales de los distintos grupos del crimen organizado, pero también a delincuentes mayores.
No descartaría en este 2021 la intervención de los cómplices de alguien a quien enriqueció la guerra contra el narco, Genaro García Luna, encarcelado ahora en Estados Unidos: se le acusa de haber trabajado para el Cártel de Sinaloa mientras fue el coordinador de las operaciones contra las mafias en el gobierno de Felipe Calderón.
El incentivo de los secuaces de García Luna no sería la venganza, sino aportar argumentos para la defensa de este delincuente. Seguramente piensan que los ataques a los candidatos dan argumentos para justificar la actuación de quien fuera titular de la Secretaría de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón: se asoció con una sola organización criminal porque era la única forma de más o menos mantener las cosas el orden en México.
Más allá de la suerte de García Luna en Estados Unidos, el grupo político al que este perteneció tiene un aliciente estrictamente electoral para fomentar la violencia contra candidatos: usarla como propaganda contra el gobierno actual, el de López Obrador, y su partido, Morena.
La administración pública federal de izquierda no conviene a la gente de poder, político y económico, que diseñó y ejecutó el fraude de 2006: rechazan pagar mínimamente en forma correcta sus impuestos y les espanta la posibilidad de una reforma judicial que lleve a la pérdida de influencia de litigantes multimillonarios, como Diego Fernández de Cevallos, quien no gana sus casos basado en su conocimiento de las leyes, sino en sus relaciones con jueces y magistrados venales, que desgraciadamente sobran en México.
Ha fallado en algunos temas el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero no en el combate a los privilegios de quienes todo lo han envilecido. Exactamente los mismos —en este caso no son otros— que recurrieron al fraude para llevar a Calderón a la presidencia de México en 2006.
Probablemente la gente les ignorará y perderán las elecciones de este 2021. Pero la crisis de violencia política o contra políticos no va a desaparecer solo por la derrota de sus promotores en las urnas.
Es necesario para pacificar la política mexicana que los violentos pierdan las votaciones, pero no será suficiente. Hará falta algo mucho más difícil: identificarlos, demostrar su culpabilidad y castigarlos.
Quizá para impedir que la FGR haga su trabajo, algún sector de la prensa ha revivido, en la etapa final del proceso electoral 2021, un escándalo personal del fiscal Alejandro Gertz Manero. Evidentemente lo que se pretende con ello es restarle eficacia.
La gente infame siempre sabe cómo impedir que se le persiga.