No sé si legalmente pueda el presidente Andrés Manuel López Obrador quitarle al empresario Carlos Slim la concesión de Telmex en 2023, un año antes de dejar la presidencia.

Tampoco sé si el retiro de esa concesión implique, en automático, que el ingeniero Slim pierda la de Telcel.

Si sé que una medida como la propuesta por la revista Proceso —dejar a Slim sin la concesión de Telmex— sería un escándalo más que perjudicial para la economía mexicana.

También sé que, por lo expresado en el párrafo anterior, no debe el presidente de México quitarle a Carlos Slim ninguna concesión. Ello sería, sin duda, una agresiva invitación a este empresario —y a sus socios y aliados— a dejar de invertir en nuestro país, que solo por eso entraría en una brutal turbulencia financiera de la que sería extremadamente complicado salir bien librados.

Igualmente sé —no es lo que quiero pensar: se trata de mi convicción— que López Obrador no caerá en una locura como la propuesta por la revista Proceso. ¿Para qué un pleito de ese tamaño a un año de dejar la presidencia?

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El empresario

El ingeniero Slim es muy grande, mucho muy grande; lo es porque obtuvo una concesión —como muchos empresarios, por cierto—, pero sobre todo él es un gigante de los negocios porque trabajó e invirtió para hacer crecer el valor de su concesión.

Carlos Slim ha resistido la competencia de enormes compañías nacionales y de verdaderos monstruos extranjeros de las telecomunicaciones, y les ha derrotado por su capacidad, por trabajador, por creativo y por no haber escatimado gastos para estar permanentemente en la vanguardia tecnológica.

Ignoro si verdaderamente la revista Proceso pretende generar un movimiento social que obligue a AMLO a quitarle a Slim la concesión de Telmex.

Tal vez solo sea amarillismo barato la portada de su edición 2344 que ha empezado a circular este sábado 2 de octubre.

La cabeza de su nota principal es un llamado a la destrucción de México: “Anti-neoliberalismo a prueba: concesión de Telmex, en manos de AMLO”.

Puras ganas de amarrar navajas:

  • “De frente a sus declaratorias sobre el fin del neoliberalismo en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene en sus manos el futuro del imperio de telecomunicaciones de Carlos Slim”.
  • “En marzo de 2023 deberá decidir si cancela o renueva hasta el año 2056 la concesión de Telmex, la joya de la corona de la fiebre privatizadora del expresidente Carlos Salinas, en el inicio de lo que para la 4T fue el ‘trágico periodo’ de ese modelo económico”.

Eso sí, el reportero José Martínez M., para ganar simpatías en la izquierda romántica que poco entiende de economía, empieza su nota con una cursilería: la de comparar los dos años que lleva la desconocida Georgina Navarro Nava intentando abrir, sin éxito, “un pequeño negocio de materias primas con un capital de 50 mil pesos”, con lo sencillo que resultó para Carlos Slim renovar en 2016 su concesión, renovación por la que solo realizó un pago simbólico de 5 mil 482 pesos.

El trámite por la concesión puede costar eso o mucho menos —inclusive podría no tener ningún costo—, pero ahí no está el valor del imperio empresarial que ha edificado Slim.

Los negocios del ingeniero Carlos Slim valen muchísimo dinero —están entre los más valiosos del mundo— no por las hojas de papel que le otorgan la concesión, sino por los cientos y hasta miles de millones de dólares que ha invertido desde que se hizo cargo de la telefónica del gobierno, que él tomó en condiciones de atraso tecnológico.

Acabar con la economía

¿Cuál sería la justificación para que el presidente López Obrador le quitara la concesión de Telmex a Slim y, por esa decisión de poder, obligara al más importante empresario de México —y a sus socios y aliados— a abandonar el país?

No veo a Andrés Manuel haciendo algo cuya única consecuencia práctica sería la aniquilación de la economía de México. Porque, al margen de lo que argumente el Consejo Coordinador Empresarial encabezado por Carlos Salazar, una cosa es reformar la ley para que la CFE siga siendo preponderante en la industria eléctrica —medida con la que se puede estar, o no, de acuerdo—, y otra muy distinta golpear tan fuertemente, además sin ninguna razón que lo amerite, al principal hombre de negocios de México.

Tendría, sin duda, numerosas complicaciones prácticas quitarle la concesión de Telmex a Slim:

  • ¿A quién entregaría el gobierno la concesión?
  • ¿La daría la 4T a una empresa extranjera como ATT, lo que arruinaría la imagen nacionalista del movimiento de AMLO?
  • ¿La concesión que se quitara a Slim sería para algún empresario mexicano de las telecomunicaciones, lo que, por legal y correcto que fuera, desataría una campaña dentro y fuera de México para presentar a Andrés Manuel como un promotor del tan dañino capitalismo de cuates?
  • ¿Operaría la concesión el propio gobierno, lo que sería en los hechos una expropiación, por la que, sin duda, la 4T tendría que pagar una fortuna que se necesita para otros proyectos?
  • ¿O nadie le pagaría a Slim por todas sus costosísimas inversiones, lo que sería evidentemente ilegal?
  • ¿Se atrevería AMLO, a un año de dejar el poder, a tomar una decisión que desataría un embrollo jurídico enorme, es decir, juicios y más juicios —y más juicios y más juicios— cuya sentencia final podría dictarse incluso después del segundo sexenio que Morena gobierne a México, si es que su candidato o candidata gana las presidenciales de 2024?

La verdad de las cosas, no estamos para disparates capaces de dinamitar a México. Insisto, guste o no al sector privado, una cosa es fortalecer por ley a la CFE, y otra muy distinta de plano expulsar de México a su mayor inversionista, que quizá hasta podría estar asegurado en Suiza o Londres contra medidas como la pérdida de la concesión o la expropiación.

Me han dicho que tales seguros existen. No es un tema menor, por supuesto. Slim, con ese seguro, tendría en sus cuentas de banco el dinero que vale su infraestructura; de esa manera, sería una poderosa empresa financiera extranjera la que pelearía, en tribunales nacionales y globales, el monto de la indemnización con el gobierno mexicano, con todas las consecuencias negativas que ello tendría para la imagen de nuestro país.

Huele a guerra sucia electoral

Esta portada de Proceso me recuerda otra vulgaridad contra AMLO: la de que él pretendía, en 2006, expropiar Televisa. Hasta un decreto perfectamente redactado llegó a las manos de Emilio Azcárraga y Bernardo Gómez. Sus autores eran colaboradores de Felipe Calderón. ¿Quién está detrás de la nota que enfrente a Slim y López Obrador en la revista fundada por Julio Scherer? Se aceptan apuestas.