Desde la perspectiva de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, el Fobaproa se erige no solo como un monumento a la mala gestión económica, sino también como un símbolo de la injusticia financiera que ha marcado a México desde los años noventa. La creación y aplicación del Fobaproa bajo los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, respectivamente, fueron actos que priorizaron el rescate de instituciones financieras en detrimento del bienestar público.
El Fobaproa, lejos de ser la única solución viable frente a la crisis bancaria de 1994, fue una opción costosa y cuestionable. Ya muchos expertos en economía, reconocen que existían alternativas menos gravosas para el contribuyente mexicano. Una reestructuración ordenada del sector bancario, acompañada de una auditoría exhaustiva y una regulación reforzada, habría permitido una solución más justa y equitativa.
La intervención temporal en bancos estratégicos con capitalización por parte del Estado, seguida de una recuperación de la inversión a través de acciones preferentes, habría asegurado que los beneficios futuros del rescate revirtieran al erario público. Esta estrategia habría protegido los depósitos de los pequeños y medianos ahorristas, sin socializar las pérdidas generadas por la especulación y la mala gestión de las élites financieras.
La falta de transparencia en la gestión del Fobaproa ha alimentado la percepción de un rescate a los poderosos, una medida que perpetuó la desigualdad y minó la confianza en las instituciones. La carga que aún pesa (y pesará aún por varias décadas) sobre los hombros del pueblo mexicano es el resultado de decisiones tomadas sin un análisis riguroso de sus consecuencias a largo plazo y sin garantizar que no sería el pueblo quien pagara por los errores de una minoría privilegiada.
La Organización Nacional de la Defensa del Deudor sostiene que el Fobaproa no solo fue un error económico, sino también un acto de injusticia social. La lección debe ser clara: no se pueden justificar rescates financieros sin un análisis exhaustivo y sin mecanismos que prevengan que el costo recaiga sobre la población. México necesita construir un sistema financiero resiliente, donde los errores y las crisis sean asumidos por quienes toman los riesgos y no por toda la población.
En resumen, el Fobaproa es una herida abierta que sigue drenando recursos nacionales; recursos que podrían destinarse a áreas vitales como salud, educación e infraestructura. Es hora de cerrar este capítulo oscuro con responsabilidad, equidad y transparencia, para que finalmente podamos mirar hacia un futuro económico más prometedor para México.