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El huracán Otis azotó la costa sur del Pacífico mexicano como un catastrófico fenómeno natural de categoría 5 en las primeras horas de este miércoles 25 de octubre, lo que provocó en el puerto turístico de Acapulco inundaciones de edificios, destrozos en hoteles, viviendas, carreteras, hospitales, entre otros, además de cientos de damnificados que quedaron sin los servicios básicos como son agua y electricidad y sin posibilidad de comunicarse para pedir auxilio.
Los opositores del gobierno de la Cuarta Transformación (4T) cada vez que surge un siniestro en territorio nacional como el ocurrido en las costas guerrerenses reclaman la decisión del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de extinguir el fideicomiso conocido como Fondo de Desastres Naturales (Fonden) que funcionaba como un mecanismo presupuestario para apoyar la rehabilitación de la infraestructura federal y estatal por desastres naturales, sin embargo, este programa se prestaba a abusos por parte de gobernadores y funcionarios federales.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó hace unos días que si bien es cierto se extinguió el fideicomiso y la forma de manejar los recursos, “la cobertura de reserva no fue tocada. Actualmente se tienen 18 mil millones en [un] cajón conocido como Fonden, además hay una línea presupuestal de cerca de 10 mil millones de pesos, que usualmente se incluye” y se cuenta con 5 mil millones de pesos en seguros catastróficos, que se contratan cada año.
Los desastres naturales en México constituyen una fuente significativa de riesgo para las finanzas públicas, sobre todo por los recursos fiscales que se tienen que destinar para la atención de los diversos fenómenos naturales que afectan cada año (huracanes, tormentas, inundaciones, sismos y erupciones volcánicas) que causan muertes y daños materiales a la vivienda e infraestructura.
El fideicomiso para la reconstrucción de infraestructura de las entidades federativas y ayuntamientos que eran afectados por fenómenos naturales se convirtió, en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña, en una especie de caja chica de los gobernadores coludidos con altos funcionarios de la Secretaría de Gobernación para usar los recursos del Fonden que, por sus características, estaban sujetos a pocos y muy laxos controles.
Los mandatarios de los estados solían hacer una cuantificación exagerada y un área de la Coordinación Nacional de Protección Civil se encargaba de autorizar la cuantía, y los dineros fluían en adjudicaciones directas sin verificación de lo adquirido en los diferentes rubros a los que suele destinarse el fondo.
Los mayores abusos del Fondo de Desastres Naturales se daban en las declaraciones de desastre extraordinarias y las contrataciones de empresas poco fiables para realizar los trabajos. Solo en los 6 años de gobierno de Felipe Calderón se gastaron en promedio 13 mil 550 millones de pesos anuales de las arcas del fondo, mientras que en el sexenio de Peña Nieto lo que se otorgó del fideicomiso fue un monto de 19 mil 452 millones de pesos.
Según datos proporcionados en octubre del 2020 por la Coordinación Nacional de Protección Civil, en el gobierno de la 4T hace tres años hubo 77 declaratorias de emergencia y desastres naturales, mientras que, en 2018, el último año de la pasada administración federal, se reportaron 157.
Un buen ejemplo del abuso del que fue objeto el Fondo de Desastres Naturales por parte de los mandatarios locales, lo dio el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, cuando en septiembre de 2019 evaluó que los daños para su entidad federativa ocasionados por las lluvias causadas por la depresión tropical “Ferenand” eran de 7 mil 500 millones de pesos, esto a 24 horas de los torrenciales aguaceros; hecho que significaba mucho dinero y era poco probable que se tuviera una evaluación acertada de las necesidades financieras para atender la emergencia.
La Auditoria Superior de la Federación (ASF) reveló que, de los 2,500 millones de pesos destinados por la federación para las entidades afectadas por los sismos de septiembre de 2017, la secretaria de Hacienda reasignó 1,795 millones de pesos y, hasta ahora, no se sabe cuál fue el destino final de ese dinero, ya que no fueron utilizados esos recursos para obras en las entidades federativas que fueron afectadas por los movimientos telúricos.
Además, detalló la ASF que en Oaxaca el 65% de los municipios con declaratoria de emergencia no fueron beneficiados con construcción de vivienda o de infraestructura.
El Fonden fue originalmente establecido a finales de los años noventa del siglo pasado como un instrumento presupuestario a través del cual fondos federales eran anualmente presupuestados para financiar gastos en respuesta a emergencias por desastres. Desde entonces, el fondo evolucionó significativamente.
El fideicomiso para desastres estaba compuesto por dos instrumentos presupuestarios complementarios: el Programa Fonden para la Reconstrucción y el Programa Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fodepren), y una parte mínima del Fideicomiso Preventivo (Fipreden).
El Fondo de Desastres Naturales era financiado a través del Presupuesto de Egresos de la Federación, y se le otorgaba al inició de cada ejercicio fiscal una cantidad no menor al 0.4% del presupuesto federal anual, destinado al Fonden, al Fopreden y al fondo agropecuario para los desastres naturales, y en caso de que esta asignación fuera insuficiente, la ley estipula que recursos adicionales pueden ser transferidos de otros fondos.
Desde la llegada del gobierno de la Cuarta Transformación, se recortó el presupuesto del fondo, pues de los 26 mil millones de pesos en 2018, hubo una disminución del 86.3% en 2019, y quedaron sólo 3 mil 644 millones. Para el 2020 sólo se actualizó dicho presupuesto a 3 mil 800 millones de pesos y para el siguiente año el fideicomiso fue extinguido.
El Fonden, a través del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), que era la institución fiduciaria del fideicomiso, contrató en el mercado mecanismos financieros para transferencia de riesgos del propio fondo, tales como seguros y bonos catastróficos.
En 2006, el Fondo de Desastres Naturales transfirió parte de su riesgo de desastres al mercado internacional de capitales, a través del primer bono catastrófico emitido por un gobierno (Cat Mex), con una vigencia de tres años, el cual brindaba una cobertura por 450 millones de dólares contra la ocurrencia de terremotos de grandes magnitudes en las tres zonas de mayor riesgo del país.
El fideicomiso encargado de atender a la población en caso de desastres naturales adquirió en junio de 2011 una cobertura catastrófica para activos públicos y vivienda de población de bajos recursos a través de un contrato de seguro por un monto de 400 millones de dólares, el cual proveyó protección al Fonden en caso de desviaciones en sus gastos por apoyos a los bienes dañados.
Para el 2017 y 2018 México emitió bonos sustentables usando los programas del Banco Internacional para la Reconstrucción y Fomento (BIRF), que aseguró al país contra pérdidas derivadas de sismos y huracanes.
Y recibió un bono catastrófico por 2,700 millones de pesos tras el terremoto de 8.1 grados que sufrió el sureste del país el 7 de septiembre de 2017.
Pero el bono, que tanto presumieron los gobiernos del PRI y el PAN le costó en realidad más de 77 millones de dólares a México en los 14 años que cotizó, ya que sólo se utilizó para el pago de los sismos del 7 de septiembre de 2017 y cuando el huracán Patricia azotó Colima, en 2015.
En estos dos eventos, México recuperó 214 millones de dólares. Durante el mismo lapso, el país entregó 291 millones de dólares en primas y comisiones del mismo bono.
El bono resultó inútil en 2007, cuando Tabasco sufrió la peor inundación de su historia. No se activó en 2010, mientras las tormentas Alex, Karl y Matthew azotaban los estados del Golfo y de la Península de Yucatán. Tampoco sirvió para resarcir los daños que sufrió Guerrero en 2013, cuando los huracanes Ingrid y Manuel dejaron 157 muertos y pérdidas por 3 mil 41 millones de dólares, según cifras del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).
Durante sus primeros nueve años, el bono no redituó ni un centavo a México, y tanto la Auditoría Superior de la Federación, como el Cenapred, emitieron dudas respecto al instrumento financiero; pese a ello, los sucesivos gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se obstinaron en emitirlo –y perder dinero del Fonden– cada tres años.
El Fondo de Desastres Naturales siempre fue un instrumento sobrevalorado que no atendía como es debido las afectaciones de la población por fenómenos naturales y no es cierto que los recursos caían apenas había un evento, se tardaba más de una semana en que cayeran los recursos, por lo que despensas y ayuda siempre fue y es por parte del ejército y la marina con el Plan DNIIIE.