La figura del fuero constitucional en México ha sido motivo de controversia durante décadas. Originalmente concebido en la Constitución de 1857 como una garantía para que legisladores y funcionarios públicos pudieran ejercer sus funciones sin temor a represalias políticas, en la práctica se ha convertido en un escudo de impunidad. Este privilegio ha permitido que no pocos políticos eludan la justicia a pesar de estar involucrados en graves delitos, desde corrupción y desvío de recursos hasta vínculos con el crimen organizado, según se expone en numerosas publicaciones de diversos medios.
Uno de los casos más recientes que ejemplifica este problema es el de Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista y actual político, quien ha enfrentado acusaciones de corrupción y presuntos nexos con el crimen organizado durante su gestión como gobernador de Morelos. A pesar de las pruebas y denuncias en su contra, el fuero le ha permitido evadir la justicia y así será mientras siga ocupando el cargo.
En teoría, un legislador, por ejemplo, solo puede ser procesado si el Congreso lo desafuera, pero en la práctica, esto rara vez ha ocurrido, ya que los legisladores convenientemente suelen protegerse entre sí, anteponiendo sus intereses partidistas y personales a la justicia.
El caso de Cuauhtémoc Blanco es emblemático: a pesar de múltiples denuncias y fotografías que lo vinculan con presuntos criminales, el sistema político lo ha blindado, postergando cualquier posibilidad de investigación seria. Si no tuviera fuero, habría tenido que enfrentar la justicia como cualquier ciudadano común. Conste que nada en contra tengo con Cuauhtémoc, pues hace años que me cae bien… ¡como futbolista!
La Constitución mexicana establece que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Sin embargo, el fuero contradice este principio fundamental al otorgar a ciertos individuos protección especial contra el sistema judicial. Mientras que cualquier ciudadano puede ser detenido y procesado de inmediato si se le encuentra culpable de un delito, un legislador con fuero puede permanecer en su cargo y seguir ejerciendo poder sin rendir cuentas, lo cual crea una casta privilegiada dentro de la estructura social que erosiona la confianza en las instituciones y en la justicia.
Al respecto, el fuero abona quizás a uno de los mayores problemas de México: la corrupción. El fuero se ha convertido en un mecanismo para garantizar la impunidad de políticos corruptos, quienes se refugian en sus cargos públicos evitando así enfrentar a la justicia.
Cuauhtémoc Blanco es solo un caso más en una larga lista de políticos que han sido acusados de actos ilícitos mientras ocupaban un cargo público. Sin embargo, debido al fuero, los procesos en su contra no avanzan con la correspondencia que deberían. Eliminando el fuero, los legisladores y otros funcionarios públicos tendrían que responder ante la justicia de manera inmediata, lo que desincentivaría la corrupción y reforzaría la rendición de cuentas.
Algo que solo se apunta de manera especulativa, es que la existencia del fuero puede ser un incentivo para que personas con inclinaciones delictivas o vínculos con el crimen organizado, busquen, ¿o compren?, cargos públicos como una forma de protegerse de la ley. Si un político sabe que al ser electo diputado o senador, no podrá ser procesado penalmente con facilidad, el Congreso se convierte en un refugio atractivo para evadir la acción de la justicia.
Muchos países han eliminado o restringido significativamente el fuero para legisladores sin que ello afecte su labor parlamentaria. En democracias consolidadas como Estados Unidos, Reino Unido o Alemania, los políticos pueden ser procesados como cualquier otro ciudadano si cometen un delito.
En esos países, el sistema judicial y las instituciones funcionan de manera independiente, lo que impide que los políticos utilicen su cargo para escapar de la justicia. México debería seguir este ejemplo y reformar su Constitución para eliminar el fuero de diputados y senadores, garantizando que nadie esté por encima de la ley.
El fuero es el vestigio de un sistema político diseñado para proteger a las élites en lugar de servir a la ciudadanía. Casos como el de Cuauhtémoc Blanco exhiben que este privilegio solo ha servido para que políticos señalados por corrupción y otros delitos evadan la justicia. La ley debe aplicarse de manera equitativa sin excepciones, distinciones ni privilegios.
SACACORCHOS
1) En la Cámara de los Elegidos quedó la evidencia de que, “a pesar de su fama de ladinas, por la zorra votaron las gallinas”.
2) ¡Autogol feminista! Desestimar un cargo por ¡violación en grado de tentativa! CERP/Marzo 31/2025.