Quedaron libres dos de los cuatro muchachos apodados como “Los Porkys” que abusaron de Daphne “F” en 2015. Enrique Capitain, hijo del ex alcalde de Nautla y Diego Cruz, el deportado desde Madrid, España, se encuentran fuera de prisión tras cumplir una mínima condena de 5 y 6 años. Supuestamente, abusar sexualmente de una menor de edad en grupo o tumultuariamente, que es una agravante, conlleva penas de 12 a 40 años de prisión según el Código Penal de Veracruz. Pero a ellos los juzgaron como si el acto no hubiese sido efectuado con la complicidad de los 4 presentes, como si no hubiesen intoxicado a Daphne para tocarla al mismo tiempo, como si durante la violación que vivió no hubiese sido cometida en el mismo momento, bajo la mirada o incluso, ayuda de los demás.
Fueron procesados por el delito de pederastia simple, con la pena mínima de 6 años que pudo alcanzar hasta 30 de prisión si no fuesen quienes son: hijos de influyentes y adinerados.
¿Qué juzgan los jueces cuando juzgan?
Supuestamente, el legislador estableció en las penas un margen para sancionar la gravedad de los delitos. Quienes hicieron ese tipo penal estaban pensando -confiando, tal vez- en que los juzgadores tendrían la prudencia de imponer sanciones precisas, alcanzando penas máximas para los delitos que ofenden o lesionan gravemente.
El caso de Daphne se ha plagado de machismo judicial y tráfico de influencias desde el inicio. Como cuando el juez federal Anuar González Hemadi liberó a uno de ellos con una sentencia en la que aseguraba que a pesar de ser tocada y penetrada con dedos sin su consentimiento, el acusado “no tenía intención lasciva” ni tampoco buscaba “copular” con la víctima.
Jueces como él, bastantes. El principal reto del presidente para lograr la pacificación ni siquiera consiste en que ahora, 32 congresos locales aprueben la reforma para la ampliación de la Guardia Militar, perdón, nacional, para que se quede en las calles hasta 2028.
El centro de la impunidad y el nido de la corrupción yace en el Poder Judicial, que maltrata a los más pobres, a las mujeres, a las niñas, niños y adolescentes. Su reto está ante los fiscales absolutistas y los omisos. En que nadie, ni los “mecanismos”, logran proteger a las víctimas.
Después de mirar al padre de Daphne aterrado porque cualquiera de los sujetos, ahora en libertad, pudieran intentar vengarse de su familia o hacerle más daño a su hija, no me cabe la menor duda de que el ineficiente e inservible poder judicial de México no administra justicia, administra la impunidad. Valora el tamaño del “sapo” a partir de los bolsillos y la cantidad de privilegios que puedan comprar. Administran la impunidad y también, profesan la doble moral de colocarse una toga para verse impolutos mientras firman “porquerías”.
La desigualdad del país se acentúa ante la ley: cuando se trata de personas pobres o clase media baja en problemas legales, el empobrecimiento por justicia coloca a las familias hasta en la pérdida de al menos un 30% de su patrimonio, por deuda o venta, para hacer cara a procesos legales que suelen ser largos y costosos. El empobrecimiento por justicia es peor cuando se trata de un señalado como probable responsable, pues demostrar su inocencia será misión imposible a menos que existan recursos para afrontar gastos legales. Pero eso no le pasa a los más privilegiados, de hecho, sucede justamente lo opuesto.
Como el caso de “Los Porkys”, en los que prácticamente, ni la Fiscalía solicitó una pena acorde al daño causado, ni los juzgadores tomaron en cuenta que la violación pederasta fue tumultuaria, que Daphne quiso bajarse de la camioneta donde la subieron a la fuerza y no pudo; que le dieron sustancias a una menor de edad y que hay videos en donde ella misma aparece casi inconsciente. Para ellos, la “justicia” hizo lo que el viento a Juárez: Diego se fue a Madrid y podría mudarse a ese país ante su salida, Gerardo ni siquiera pisó la cárcel, el famoso Enrique podría tomar las riendas de los negocios de su padre y Jorge se mantiene prófugo ante los ojos de todos. ¿Y Daphne? Recibió una compensación por reparación del daño de setenta pesos. Si, $70 pesos.
Esa es la “justicia” mexicana. Al menos, deberían quitarse las máscaras aquellos poderes judiciales y abandonar el eufemismo de “Tribunal Superior de Justicia”. ¿Qué tal Tribunal Superior de Impunidades? ¿O Tribunal para la Administración de los Privilegios legales? Al menos, cumpliría su función descriptiva.
Twitter: @FridaFerminita