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Pablo Gómez Álvarez quien es titular de la Unidad de Investigaciones Financiera (UIF), dio a conocer hace unos días el entramado que involucra al exsecretario de seguridad pública Genaro García Luna y a su familia, así como a instituciones federales, con una red de lavado de dinero internacional, con lo que se comprueba que este oscuro personaje es también un delincuente de cuello blanco.
Durante la conferencia mañanera de este viernes 18 de octubre, Gómez dijo que bajo auspicia de un conglomerado de empresas el exfuncionario y sus familiares obtuvieron 40 contratos con diversos órganos de seguridad que involucran a 30 empresas mediante lo cual obtuvieron estos recursos los cuales se trasladaron a paraísos fiscales del Caribe, especialmente Barbados para triangularlos posteriormente hacia Miami. Entre los coacusados se encuentra también la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereyra; Samuel Weinberg López; Jonatan Alexis Weinberg y Silvia Pinto de Weinberg.
El exsecretario de seguridad en el gobierno de Felipe Calderón “a través del tejido empresarial del Grupo Weinberg encabezado por Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto obtuvo contratos por un total de 727 millones 923 mil 523 dólares, 26 mil 666 pesos de los cuales fueron pagados 625 millones 188 mil 666 dólares y 93 millones 866 pesos”.
El director de la UIF detalló que estos recursos extraídos ilícitamente de erario mexicano fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro vía paraísos fiscales y adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros activos como mecanismo de lavado de dinero para no dejar rastro de estos recursos.
Pablo Gómez señalo que, sobre el proceso penal en México, indicó que la Fiscalía Especial en Investigación de Operación con Recursos de Procedencia Ilícita integró una carpeta de investigación contra Genaro García Luna y sus socios, resultando 61 órdenes de aprehensión, 12 cumplidas y 36 vigentes, así como 8 personas detenidas.
Además que, de 2009 a 2018, el exsecretario de seguridad consiguió contratos con los gobiernos de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por un total de 727 millones de dólares, divididos entre la Policía Federal, Cisen y OADPRS, a través del grupo empresarial Weinberg.
Además, de julio de 2013 a enero de 2020, la empresa Nunva Inc, relacionada con García Luna, envió recursos al extranjero, a países como Estados Unidos, Barbados, Israel, entre otros.
En la conferencia mañanera del pueblo el titular de la UIF dijo que las empresas Nunvanc Inc fueron constituidas en Panamá, no fueron constituidas en México, sin embargo, operaban en el país, y por este hecho estas compañías nunca pagaron impuestos en México.
“Le pagaba el Estado mexicano, sacaban el dinero al extranjero. Y una parte lo regresaban y lo entregaban a empresas que son pantalla, empresas de cartón, muchos han sido considerados como facturados por el SAT. Y algunas otras existen, aunque no tienen un funcionamiento normal”.
Hasta esta fecha los gobiernos de la Cuarta Transformación han recuperado de bienes adquiridos ilegalmente por Genaro García Luna, los siguientes:
2 millones 406 427 dólares por la venta de inmuebles y un acuerdo reparatorio.
Un departamento valuado en 555 mil 800 dólares del cuál fue propietario García Luna, en administración del Estado mexicano para su venta.
Han sido aseguradas 15 propiedades adicionales pertenecientes al delincuente actualmente preso en una cárcel de los Estados Unidos y sus cómplices.
Durante más de 12 años el exsecretario de seguridad pública del gobierno de Felipe Calderón aumentó sus propiedades inmobiliarias y recursos en paraísos fiscales con plena impunidad y es que este personaje no solo recibía dinero por la protección a narcotraficantes, sino que también tejió una red de empresas para lavar dinero y conseguir grandes contratos con el gobierno de México, lo que lo hace también un delincuente de cuello blanco.
El capo que estuvo al frente de la seguridad pública del país de 2006 al 2012 también tiene la ayuda del poder judicial ya que su esposa Linda Cristina Pereyra obtuvo en febrero del 2023 un amparo para descongelar sus cuentas por parte del décimo séptimo tribunal colegiado en materia administrativa de la capital mexicana, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera la incluyera en la lista de personas bloqueadas desde el 9 de diciembre de 2019.
El exfuncionario público que hace unos días fue sentenciado a 38 años de presión en una cárcel de los Estados Unidos por protección a los cárteles de la droga en México, pagaba grandes cantidades del erario a medios de comunicación para que se hablara bien de su gestión al frente de la secretaría de seguridad pública durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
Los periodistas Jesús Esquivel, ex corresponsal de Proceso y Jesús García de La Opinión de Los Ángeles dieron a conocer en febrero del año pasado un documento judicial donde se menciona que García Luna habría pagado a El Universal, cuando Raymundo Riva Palacio era el director, para promover una imagen favorable del exfuncionario.
Genaro García Luna acordó pagar 25 millones de pesos mensuales al dueño del periódico El Universal para contrarrestar “rumores” sobre los vínculos del entonces secretario de seguridad pública con integrantes del Cártel de Sinaloa, declaró un testigo cooperante, quien dijo haber participado en el arreglo, así como en un esquema de corrupción encabezado por el entonces gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdez, que generó 200 millones de dólares en fondos ilícitos.
El criminal hoy preso en los Estados Unidos no solo es alguien que tiene delitos por narcotráfico, también es un delincuente de cuello blanco que lavaba dinero ilícito en paraísos fiscales y hacia triangulaciones para no pagar impuestos en México.
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es seguro que continuara al pendiente la investigación y el proceso jurídico para meter a la cárcel a los socios de Genaro García Luna y recuperar los muchos activos que ilegalmente amaso el exsecretario de seguridad pública.