Ningún Secretario de Seguridad había llegado a una corte norteamericana acusado de 5 delitos, de los que al menos cuatro guardan relación con el narcotráfico en el periodo de una supuesta “guerra contra el narco”.
Sin embargo, a pesar de la presumida cantidad documental que se anunció, fue ínfima la que pudo exponerse y prácticamente, el juicio a García Luna se convirtió en una pasarela de contradicciones y difamaciones. El equipo legal de Genaro García Luna no estuvo al nivel de la Corte, trató de forzar testimonios a modo para involucrar a López Obrador y pareciera que el margen de convencer sobre la culpa fuera de toda duda razonable se logró: Hasta el martes 21 de febrero habrá deliberación entre un jurado que parece no estar convencido al cien por ciento.
Entre las posibles razones que pudieron orillar a que el juicio se acortara en los términos de silencio, posiblemente, está el uso propagandístico de las evidencias del narcosexenio, la corrupción de los medios de comunicación en la nómina de la Secretaría de Seguridad, la expansión del cártel de Sinaloa así como el impacto en la opinión pública que acreditó y confirmó las acusaciones que por años, López Obrador realizó.
Otra posibilidad es que la corrupción y el narco beneficio hubiese alcanzado a elementos de la DEA y sus Fuerzas Armadas, manchando la propia institucionalidad norteamericana. Genaro García Luna trabajaba como encubierto para la inteligencia norteamericana mientras armaba al país y se enriquecía con sangre, pero en la cadena no fue el único. Solo el encubrimiento a instituciones de EU posiblemente responsables de la crisis que hoy se sufre por el tráfico descontrolado de fentanilo puede justificar que se retiraran pruebas documentales, testigos e inclusive, un posible acuerdo para la colaboración como testigo protegido que sería mucho más cómodo y útil para Estados Unidos.
Después de todo, el caso de García Luna no es un asunto terminado. En Tamaulipas, herederos del ex Secretario se alojaron con García Cabeza de Vaca, manteniendo negocios activos y personajes como Roberto Gil Zuarth en la operación del Partido Acción Narcotraficante. El veredicto podrá anticipar las acciones que la Fiscalía General de la República tendrá que tomar: una condena implicará bases suficientes para continuar las investigaciones e instalar un proceso de cortes especiales para la verdad y justicia de las víctimas del calderonato; una absolución tendrá que movilizar al aparato del Estado para que no haya impunidad.
Al tiempo.