La sentencia de Genaro García Luna a 38 años de prisión por recibir sobornos del narcotráfico ha sido un golpe contundente que sacude no solo al exsecretario de Seguridad Pública, sino también a la administración de Felipe Calderón y a la oposición en su conjunto que impulsó a Calderón como su símbolo de “defensa social” contra la 4T.
Este fallo marca un hito en la lucha contra la impunidad, ya que pone de relieve la colusión entre altos funcionarios del gobierno mexicano y el crimen organizado. A inicios de 2023, un jurado en Brooklyn, Nueva York, encontró a García Luna culpable de cinco cargos relacionados con el tráfico de cocaína y por haber mentido a las autoridades estadounidenses, lo que llevó al desenlace judicial de esta semana.
La fiscalía comparó a García Luna con Joaquín “El Chapo” Guzmán, el líder del Cártel de Sinaloa, pero con una distinción preocupante: García Luna, desde su posición de poder, facilitó la existencia de ese imperio criminal. El juez que dictó la sentencia mencionó que, aunque la cadena perpetua era una opción viable, decidió imponer 38 años debido a la conducta de García Luna en prisión, quien ha impartido clases a otros reclusos. No obstante, la imposición de una multa de dos millones de dólares subraya la sospecha de que aún mantiene fondos ocultos, provenientes de sus actividades ilícitas.
El expresidente Felipe Calderón, en una serie de publicaciones en redes sociales, expresó que nunca tuvo evidencia de la colusión de García Luna con el narcotráfico y que, si se cometieron delitos, debían ser castigados. Sin embargo, estas declaraciones no pueden disociarse del hecho de que la sentencia consolida una gran mancha en su administración.
La guerra contra el narcotráfico, que Calderón impulsó desde los primeros días de su mandato, queda expuesta como una estrategia no solo fallida, sino que, al parecer, fue utilizada para beneficiar a ciertos cárteles del narcotráfico en lugar de desmantelar al crimen organizado en su conjunto. La ironía de la situación es que el hombre encargado de combatir a los criminales fue, en realidad, uno de sus mayores aliados.
La estrategia de seguridad de Calderón fue defendida durante años bajo el argumento de que era necesario tomar medidas enérgicas para frenar la creciente violencia en México. Sin embargo, los defensores de esta postura se han quedado sin fundamentos para justificarla tras la condena de García Luna. La guerra que se libró contra los cárteles, lejos de desmantelar a las organizaciones criminales, exacerbó la violencia en el país, y la revelación de la corrupción en el corazón de la estrategia la convierte en un fracaso histórico.
Este episodio abre nuevas preguntas sobre hasta dónde llegaron las complicidades en la administración calderonista y si otros altos funcionarios también estuvieron involucrados en actos de corrupción. Aunque García Luna ha anunciado que impugnará la sentencia, el daño ya está hecho. Su caída representa una advertencia para aquellos que, desde el poder, buscan beneficiarse de la delincuencia organizada bajo el manto de la autoridad.
El caso de García Luna se convierte en un símbolo de lo que está mal en la política de seguridad en México: la lucha contra el narcotráfico no puede ser dirigida por quienes se benefician de él. La condena no solo es un castigo individual, sino un recordatorio de la urgente necesidad de revisar a fondo las estrategias de seguridad y de garantizar que quienes las implementen actúen con integridad y en beneficio de la sociedad, y no de sus intereses personales